El Estado colorado, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), siempre minimizó su intervención cuando se trató de radios comerciales, pero se mostró omnipresente y acosador con las radios comunitarias. Con el nuevo gobierno las comunitarias exigen 1/3 del éter, una prueba de fuego para la actual administración y el comienzo de una disputa por la palabra contra los sectores que lucran con la comunicación.