Sumarian a abogada por criticar a ministra

La abogada Julia Cabello Alonso. Foto: Facebook.

La abogada Julia Cabello Alonso. Foto: Facebook.

La abogada Julia Cabello Alonso, coordinadora ejecutiva de Tierraviva, está sujeta a un sumario a partir de una denuncia presentada por la ministra de la Corte Gladys Bareiro de Módica. Esta impulsó la medida a raíz de que Cabello cuestionó su actuación como presidenta de la sala constitucional al haber favorecido al terrateniente alemán Heribert Roedel con la admisión de una medida de inconstitucionalidad contra la expropiación de tierras a favor de la comunidad Sawhoyamaxa, violando la prohibición del doble juzgamiento.

“Aunque la Constitución de la República diga que “la crítica de los fallos” es libre (…) para la Ministra Bareiro esto es una falta disciplinaria, interpretación arbitraria e inadmisible que se torna en una grave violación del derecho a la libertad de expresión, así como de la obligación de garantizar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos”, dice un comunicado de Tierraviva.

La organización añade que la decisión de la ministra de reabrir un caso plenamente juzgado no solo es una violación de los derechos indígenas, sino un atentado contra la seguridad jurídica de toda República, puesto que menoscaba el carácter irrecurrible de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia.

La organización exige el cese y anulación del sumario así como el respeto integral del Acuerdo y Sentencia N° 981 del 30 de setiembre de 2014, que ratificó la constitucionalidad de todos los artículos de la ley de expropiación promulgada a favor de la comunidad indígena Sawhoyamaxa.

Rechazo de indemnización

El febrero pasado la ministra Bareiro de Módica admitió una medida de inconstitucionalidad presentada por el terrateniente alemán que se afincó en el territorio ancestral de la comunidad enxet Sawhoyamaxa (Chaco) y que rechaza el monto de la indemnización contemplada en la ley de expropiación aprobada por el Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo.

Roedel se ha negado a recibir la indemnización, unos G. 34.000 millones, que han sido depositados, a nombre de sus empresas, en una cuenta judicial. La evaluación fue realizada por el Ministerio de Obras Públicas en el 2012, con valores de mercado, pero para los demandantes es una especie de “confiscación”.

Roedel es un prófugo de la justicia de su país que lo condenó por haber estafado a 157 inversionistas alemanes, a quienes prometió campos de pastoreo y ganado vacuno de cría de alta calidad en Paraguay. Fue condenado en los ochenta a seis años de prisión por falsificación de documentos y fraude. 

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