Sostienen que existe plan sistemático de ejecuciones y desterritorialización de campesinos

Realizaron seminario sobre el caso Curuguaty. El fiscal Jalil Rachid y el abogado de Campos Morombí, Víctor Peña, fueron invitados como panelistas, pero no asistieron.

Martina Paredes, de la Comisión de Víctimas, y los abogados Vicente Morales, Hugo Valiente, César Rufinelli y Francisco Assereto.

Martina Paredes, de la Comisión de Víctimas, y los abogados Vicente Morales, Hugo Valiente, César Rufinelli y Francisco Assereto.

La actividad fue organizada por docentes y alumnos de la Universidad Católica de Asunción y se desarrolló el pasado martes en el aula magna de esta casa de estudios, con un auditorio repleto de asistentes.

Participaron como expositores Martina Paredes, de la Comisión de Familiares y Víctimas de la masacre de Curuguaty, el abogado defensor Vicente Morales y el abogado Hugo Valiente, quien había coordinado una investigación sobre el caso. El fiscal acusador Jalil Rachid y el abogado de Campos Morombí, Víctor Peña, fueron invitados al panel, pero no asistieron.

Las palabras introductorias estuvieron a cargo del prof. Francisco Assereto. Posteriormente Martina Paredes habló en nombre de los familiares y víctimas de la masacre, observando que los verdaderos responsables de la masacre no están en la cárcel. Recordó a sus dos hermanos fallecidos, Fermín y Luis Paredes, y a los cinco campesinos que se encuentran actualmente presos en la cárcel de Tacumbú y con 47 días de huelga de hambre en reclamo a que la Corte resuelva el litigio de las tierras antes del inicio del juicio. Ellos son Arnaldo Quintana, Néstor Castro, Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori y Rubén Villalba.

Irregularidades

Posteriormente, el abogado Morales dio un panorama sobre las irregularidades del proceso como el ocultamiento de pruebas. Entre estas mencionó los casquillos que habían sido encontrados en el lugar y que fueron entregados al fiscal por el político colorado Julio Colmán, según quedó registrado en publicitadas imágenes de prensa, y la grabación del helicóptero que sobrevoló la zona, que hasta ahora no ha aparecido.

El abogado Vicente Morales se preguntó qué hacía un cuerpo a unos 70 metros del supuesto enfrentamiento.

El abogado Vicente Morales se preguntó qué hacía un cuerpo a unos 70 metros del supuesto enfrentamiento.

Así también se refirió a la implantación de pruebas como las tres cajas que luego resultaron en nueve, con un contenido que no fue identificado y al que la defensa no tuvo acceso. Mencionó también las fotografías que fueron recientemente difundidas y en las que se observa un cuerpo rodeado de policías cerca de la casilla que había en el predio, a unos 70 metros de donde se registró el supuesto enfrentamiento.

“¿Qué hace un muerto a 70 metros del lugar. Llevaron a pasear el muerto”?, se preguntó, señalando la toma como una prueba de que hubo ejecuciones extrajudiciales, que fueron denunciadas en su momento y que no fueron investigadas por el Ministerio Público.

Desterritorialización

Por su parte, el abogado Hugo Valiente presentó un contexto global sobre las ejecuciones en el marco de las disputas por el control del territorio de los campesinos, las riquezas naturales, los bosques y el agua. Sostuvo que existe un patrón de ejecuciones extrajudiciales, que sumaron 115 hasta el periodo estudiado (agosto de 2013) vinculado con un plan sistemático de ataques a comunidades campesinas para desterritorializarlas.

Observó que las ejecuciones de dirigentes campesinos, principalmente en los departamentos del Noreste del país, coinciden con las áreas en que más avanza el agronegocio, principalmente la soja, y la deforestación.

Luego explicó la situación legal de las tierras, desde la donación al Estado en 1967 de parte de la Industrial Paraguaya, hasta el juicio de usucapión, en que Campos Morombí impidió por todos los medios la participación del Estado, y la “rectificación” de sentencia realizada irregularmente al haberse resuelto el juicio con el número de otra finca.

Procedimiento viciado

Ambos abogados enfatizaron que al no tener Campos Morombí un título de propiedad no existe en delito de invasión ni tampoco el de asociación criminal. A la luz de estos hechos, incluso los cargos de homicidio deberían revisarse, pues las muertes derivaron de un procedimiento viciado en que el Estado actuó en contra de sus propios intereses y a favor de una firma privada que se apropió ilegalmente de las tierras.

En la ronda de participación del público las intervenciones fueron unánimes en repudiar que el fiscal Rachid sea docente en derecho agrario en la universidad anfitriona, teniendo en su legajo una actuación manifiestamente parcial a favor de una empresa que se apropió de un bien público. “Fuera Rachid, fuera Rachid”, coreó el auditorio.

Finalmente, el excanciller Jorge Lara Castro  realizó un resumen de las intervenciones observando que en Paraguay el derecho se basa en una paradoja: en la suspensión misma del derecho. Es decir, el Estado reconoce la libertad solo hasta tanto los ciudadanos no busquen ejercer esa libertad.

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