Sojeros y ganaderos contratan matones y cuentan con el apoyo de las autoridades, denuncian

En audiencia pública sobre derechos humanos alertan sobre creciente patrón represivo y retroceso en derechos humanos.

La hermana Raquel Peralta, de la Conapi.

La hermana Raquel Peralta, de la Conapi. Imagen: Radio TV Nuevo Paraguay.

La hermana Raquel Peralta, de la Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), denunció  que empresarios, sojeros y ganaderos contratan a matones respaldados por las propias autoridades paraguayas. Fue durante la audiencia pública sobre Derechos Humanos en Paraguay realizada el pasado miércoles 9 de julio, en el Salón Comuneros de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, bajo la organización  de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del Parlamento del Mercosur. En la ocasión, más de treinta organizaciones aprovecharon para presentar casos y denunciar las violaciones de los derechos humanos que comete el Estado paraguayo. La religiosa presentó el caso de la comunidad indígena Y´apo, del distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú, donde el pasado 15 de junio de 2014 guardias armados de la firma Laguna S.A. procedieron a ingresar al territorio indígena, y con armas de fuego dispararon contra los miembros de la comunidad, dejando más de una decena de heridos, algunos de ellos en estado delicado, para luego desalojar a los nativos, con total impunidad, de sus tierras ancestrales. Peralta recordó que el Estado paraguayo está obligado a proteger la vida y territorios de los pueblos originarios y no lo hace. “El problema es el modelo económico, y lo digo con toda certeza, aquí vale más la soja y la vaca que la vida de la gente”, puntualizó al tiempo de sostener que en el país los empresarios, sojeros y ganaderos contratan matones respaldados por las propias autoridades. Aumento del patrón represivo

Vista de parte de los participantes de la audiencia pública sobre derechos humanos. Foto: Radio TV Nuevo Paraguay.

Vista de parte de los participantes de la audiencia pública sobre derechos humanos. Foto: Radio TV Nuevo Paraguay.

Entre otras intervenciones, el abogado Dante Leguizamón, de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), señaló que desde la asunción del gobierno de Horacio Cartes se ha incrementado el patrón represivo de las fuerzas de seguridad, tanto militares como policías. Con la militarización en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay, se produjeron allanamientos, detenciones, amenazas y amedrentamientos a la población civil en varias localidades, sin que se hayan realizado investigaciones posteriores, dijo. El abogado igualmente mencionó que en otras zonas del país, la Policía Nacional realizó varios procedimientos de desalojo y represión de gran envergadura, sobre todo contra la población campesina e indígena. Enfatizó que este patrón de represión del Gobierno no es nuevo, pero que actualmente se ha incrementado, sustentado en la impunidad que gozan las fuerzas de seguridad y las personas vinculadas al poder. Leguizamón, entre otras cosas, puntualizó que la situación de los derechos humanos en Paraguay ha experimentado un retroceso importante, donde los administradores del Estado paraguayo no solo desconocen las deudas pendientes, sino que han aumentado el patrón represivo y violento, sustentado en la impunidad garantizada por numerosas actuaciones violatorias del debido proceso por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial. Otro de los casos emblemáticos presentados fue el de Curuguaty, principalmente los atropellos y violaciones del debido proceso que están sufriendo los campesinos procesados por la masacre. Así también se denunció que no se ha investigado la muerte de los labriegos que reclamaban la recuperación de las tierras públicas usurpadas por la empresa Campos Morombí.

Fuente: Demoinfo

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