La «Cosa Nostra» estuvo en Paraguay

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Danilo Arbilla, funcionario de la dictadura uruguaya
y «defensor de la libertad»

No han sido elegidos por ninguna elección democrática, pero el poder que ejercen supera a cualquier gobierno, pues sus mandatos no tienen plazo. Poseen el monopolio de la información, y de los medios de comunicación social, son el poder oculto detrás de las palabras impresas, las imágenes de televisión o los espectros radioeléctricos. Su poder roza la omnipotencia, donde las fronteras de los Estados no llegan, en la tierra de nadie, donde solo las mafias dominan.


Aquellos oscuros personajes, llamados empresarios de medios, agrupados en su organización madre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), estuvieron por nuestro país recientemente durante cuatro días de intensas reuniones y talleres tratando los distintos aspectos que afectan a los negocios de las familias. Les presentamos aquí la cara oculta de esta rosca mafiosa y sus baluartes.

Entre las conclusiones de la jornada de la SIP en Paraguay, se definieron las principales preocupaciones actuales de los dueños de medios. Como era de esperarse, se realizó una mención especial al presidente de Venezuela Hugo Chávez Frías, quien«ha seguido con su indesmayable tarea de humillar oficialmente a la prensa». Este osado presidente, como pocos mandatarios, ha tenido el atrevimiento de denunciar públicamente y poner bajo sospecha las manipulaciones, el monopolio de la información y la dictadura mediática. Se convirtió en principal blanco de la Sociedad Interamericana de Prensa, luego del golpe de Estado, organizado y ejecutado, entre otros por los principales dueños de medios de ese país afiliados a la SIP, como Venevisión, RCTV, y Globovisión, quienes se dedicaron a tergiversar los acontecimientos y promover abiertamente el golpe de Estado a través de sus pantallas.

Los mismos colmaron la indignación de los venezolanos, y de la opinión pública internacional, al poner un cerco de censura sobre la vuelta de Chávez al poder, luego que la gente saliera a las calles a manifestarse a favor de su gobierno, y de que la esposa de Hugo Chávez denunciará a través de una cadena internacional el secuestro de su esposo. Cuando eso, para los venezolanos la única manera de informarse de su realidad y de hacer denuncias era a través de los canales internacionales. Desde entonces, el clima de hostilidad entre los medios golpistas y el gobierno de Chávez ha ido en crecimiento. La Sociedad Interamericana de Prensa, supuesta veladora de los derechos humanos, la democracia y de la libertad de expresión, por supuesto no emitió un solo comunicado contra el golpe de Estado, la censura impuesta desde los medios, y la abierta participación de los empresarios afiliados a la misma en dicho quiebre institucional.

La SIP también critica en sus conclusiones a los gobiernos de la región que están creando sus propias oficinas de información, osando disputarle su monopolio de la «libre circulación de la información».

¿Qué es la SIP?

Entre los insólitos reclamos debatidos en estos funestos días, se hablo de la ambigua «necesidad» de penalizar internacionalmente a las autoridades que no tengan cuidado en sus expresiones sobre la prensa, pues se «puede crear un efecto amedrentador», que no facilita el ejercicio de la libertad de expresión. Es decir, el totalitarismo mediático, busca prohibir las críticas y la libertad de expresión de quienes quieran criticarlos. No se habló sin embargo de que la prensa tenga cuidado en sus expresiones para promover golpes de Estado, manipular o censurar informaciones.

La SIP tiene razones para aborrecer las críticas a sus socios, y a su organización, pues tienen un sucio expediente demasiado groso.

Esta organización periodística, o más bien de empleadores de periodistas, fue formada en 1943. Según el periodista Oscar Camero, en la conferencia de 1950 de la SIP los agentes de la CIA Joshua Powers y Jules Dubois lograron expulsar a los periódicos de tendencia «comunista» de entre sus filas, decisión afín a la línea «pluralista» tan mentada por la organización, imponiéndose luego a Washington como sede de la organización.

Dicha organización se habría convertido desde entonces, según el editor del periódico ecuatoriano Opción, Franklin Falconi, en un instrumento de la política estadounidense para la región, cuyo objetivo principal era infundir miedo a la población sobre los «personajes de riesgo» en el continente, como Fidel Castro, Salvador Allende, y otros. Actualmente esa política continua, y entre sus principales personajes peligrosos están Hugo Chávez, Evo Morales, y Rafael Correa.

Actualmente tiene más de setecientos medios agremiados, más de 400 son de EEUU. Por supuesto el equipo directivo de la organización está permanentemente acaparada por propietarios de medios estadounidenses, que marcan las líneas que debe seguir la «prensa libre» de su patio trasero. AEn este periodo, la directiva está encabezada por el norteamericano Earl Maucker, del Sun-Sentinel de Florida, y un vasto imperio mediático.

Algunos organismos de la SIP como su «Instituto Prensa y Sociedad-IPyS» son financiados abiertamente por elementos del gobierno estadounidense como la NED, la National Endowment for Democracy, fondo del departamento de Estado que ayuda a «consolidar la democracia», o más bien, a desestabilizar gobiernos legítimos, como se sabe.

Siguiendo al dedillo la política norteamericana para América Latina, según Falconi, la SIP y sus miembros se pusieron firmes ante la implantación de cruentas dictaduras militares. Guardaron silencio ante el derrocamiento de Jacobo Arbernz en 1954, en Guatemala, guardaron silencio ante el derrocamiento y asesinato de Salvador Allende en 1973, donde el diario el Mercurio de Chile tuvo una protagónica participación y promoción del golpe. No denunciaron a los casi 200 periódicos cerrados en la década de los setenta en Uruguay; en Argentina y Paraguay son conocidas las buenas relaciones de los medios con las dictaduras, las cuales se distanciaron recién cuando la política norteamericana cambiaba el libreto.

Identikit de los «padrinos»

La magia de la manipulación informativa ha conseguido presentar a los miembros de la SIP como supremos sacerdotes de la libertad de expresión. Sin embargo, estos magnates de la prensa que nos han visitado, al igual que su organización, cuentan con frondosos antecedentes. Por citar a algunos:

Enrique Santos Calderón: colombiano, actual vice-presidente de la SIP. Su familia es propietaria del diario El Tiempo, de Bogotá, principal diario colombiano, y único de circulación nacional, a través de la propiedad mayoritaria en el grupo periodístico CEET (Casa Editorial El Tiempo). Entre sus familiares existen importantes personajes del gobierno de Alvaro Uribe: Francisco «Pacho» Santos Calderón, es el vicepresidente, su primo Juan Manuel Santos Calderón, ministro de la Defensa y Juan Lozano Ramírez (tercer copropietario del diario), fue incorporado al gobierno de Uribe como ministro de Ambiente y Vivienda. Los mismos, han sido acusados como organizadores, financistas y encubridores de las fuerzas paramilitares creadas por el gobierno y el ejército para enfrentar a las guerrillas.

El Tiempo había publicado la famosa foto del asesinado comandante de las FARC, Raúl Reyes acompañado del ministro del Interior de Ecuador Gustavo Larrea, la cual fue presentada como prueba ante los cancilleres de la OEA para probar el vínculo del gobierno ecuatoriano con las FARC. Este hecho se convirtió en bochorno, al descubrirse que fue un montaje, teniendo que rectificarse el periódico culpando a la policía de Uribe.

Danilo Arbilla: periodista uruguayo, ex presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Un flamante periodista del diario que tiene fe en la patria, le preguntó a Arbilla en una entrevista reciente: «¿Cuántos como usted, de los guerreros de la libertad de prensa, van quedando de aquellos años duros?». Este «guerrero de la libertad de prensa«, se desempeñó como director de prensa de la dictadura cívico militar uruguaya en los años setentas. Durante esa gestión fue asesinado el director del semanario Marcha, Julio Castro, y fueron secuestrados decenas de periodistas y escritores, así también fueron clausurados 173 medios de comunicación, hubo cientos de allanamientos a redacciones y se intervino la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Quizá para tan guerrerístico trabajo es que Danilo Arbilla «ahuyentaba el estrés de su mente creando recetas con mondongo», como lo afirmaría en otra de las suculentas notas del diario de la calle Yegros.

Marcel Granier: uno de los principales accionistas de las empresas 1BC, cuyo medio más famoso es el canal venezolano RCTV, que hasta la culminación de su concesión monopolizaba junto a Venevisión, el 80 % de la elaboración y producción de informaciones en Venezuela. Granier y RCTV, protagonizaron junto a los demás canales privados el golpe de Estado del empresario Pedro Carmona en el 2002 contra el gobierno de Hugo Chávez. Granier, promovió abiertamente desde su medio el golpe de estado y la guerra civil, donde se produjeron manipulaciones y censuras informativas. Habrían acordado a cambio la administración de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de ese país.

Luego del levantamiento popular que exigió la restitución de Chávez al poder, RCTV y los demás canales iniciaron un cerco de censura que fue denunciado por el gerente de producción del noticiero de RCTV, Andrés Izarra, a quien Granier había ordenado: «no transmitir ninguna información sobre Chávez, sus seguidores, sus ministros o cualquier otra persona que pudiera estar relacionada con él»

Granier asistió al palacio de Miraflores cuando asumió el gobierno golpista, donde aplaudió con vehemencia la decisión de cerrar el canal estatal. Irónicamente, años después la suerte se le revertiría, y por sus implicaciones en dicho golpe no se le renovaría la licencia al canal RCTV, desatando la conocida polémica. Actualmente, RCTV internacional transmite por cable e internet.

Aldo Zuccolillo y Alejandro Dominguez Dibb: son los referentes locales de la SIP. La turbia historia de Aldo Zuccolillo es harto conocida. Director de Abc Color, es un hijo ingrato de la dictadura de Stroessner, a la cual se vinculó política y familiarmente, apoyándola abiertamente desde su periódico hasta que intereses empresariales, y los vientos de cambio, según se afirma, rompieron la alianza (Ver artículos en la Web).

El otro referente paraguayo de la SIP es Alejandro Domínguez Dibb, director del diario La Nación e hijo del empresario tabacalero Osvaldo Domínguez Dibb (ODD), propietario del medio.

Por vínculos familiares y empresariales, la familia Domínguez Dibb se hizo de fortuna durante la dictadura. Osvaldo Domínguez fue acusado en numerosas ocasiones de estar involucrado en el contrabando y falsificación de cigarrillos.

Actualmente, el diario conserva una línea abiertamente favorable a la dictadura stronista. Según periodistas de este libertario medio de la SIP, son comunes la censura a las informaciones en contra de la dictadura stronista y, por supuesto, todo lo concerniente al contrabando de cigarrillos. También según los trabajadores del diario, tiene línea anti-indigenista, como resultado de un conflicto de tierras en el Chaco en que ODD habría sido expropiado a favor de un grupo indígena por resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según testimonios, en cierta ocasión toda una edición de la revista dominical del diario fue sacada de circulación por llevar en tapa un reportaje sobre la comunidad indígena con la que tuvieron conflictos en el Chaco, apenas pudo distribuirse en la capital. En el 2007, uno de sus artículos donde comparaba a los indígenas con el cáncer fue premiado como el artículo más racista del año en el mundo, por la organización internacional Survival.

Alejandro Domínguez presentó el informe sobre Paraguay a la SIP, donde critica el Programa de Comunicación para el desarrollo del actual gobierno, por ser un proyecto supuestamente propagandista, así como advierte sobre la aparición de las radios comunitarias que «representan un claro atentado al funcionamiento legal de las radios comerciales», o más bien, una molesta competencia para el monopolio mediático.

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