Soberanía alimentaria y justicia social

Opinión: “Las transnacionales ocupan las tierras y los cursos de agua, controlan la mayor parte de la actividad productiva y alimentaria del país, son dueñas de las patentes de semillas, los agrotóxicos y herbicidas, entre otros rubros, y sólo podrán ser contrarrestadas por una política estatal que responda a las necesidades de la población”.

Imagen: Vidasana.org.

Mientras no existan condiciones políticas y culturales en nuestro país para que el pueblo, en pleno ejercicio de una democracia participativa, pueda decidir sobre un modelo propio de desarrollo social, la tan necesaria soberanía alimentaria apenas será una expresión de buenos deseos, tanto aquí como en otras 40 naciones, donde cada hora 300 niños pierden la vida por desnutrición.

El legítimo objetivo de la franja ciudadana paraguaya que está creciendo en su conciencia sobre sus derechos de poder diseñar y practicar nuevos modelos de producción agropecuaria y alimentación, choca siempre con la situación de dependencia del país, a pesar del bicentenario, los poderes transnacionales que continúan marcando la ruta por las que deben transitar las naciones subdesarrolladas.

Una media docena de las mayores empresas del agronegocio globalizado, aliadas con el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los grandes medios de la  comunicación publicitaria, son las que, en definitiva, deciden la comida diaria de los consumidores y los hábitos alimenticios, en general, de la población planetaria, incluyendo las propias familias campesinas que, por influencia foránea, cada día se olvidan más de sus platos caseros, tradicionales, sanos y nunca caros.

La soberanía alimentaria es un derecho humano y nunca debería ser un negocio, pero la realidad enseña que las tiránicas imposiciones con las que el sistema capitalista mantiene prisionera a la libertad y las aspiraciones más auténticas y nobles de la sociedad, permiten también pisotear ese derecho y los otros que son propiedad de los pueblos sobre los recursos naturales, como la tierra y el agua y todo lo que producen.

El tema de las semillas nativas, como su búsqueda, identificación, investigación y utilización, salvadas de la invasión de los agrotóxicos, conforma otro de los capítulos mayores en la práctica de la soberanía alimentaria, pero para ello es imprescindible que las cosas se hagan bien en este planeta, empezando por devolver la tierra a las comunidades campesinas e indígenas para que las trabajen, rescatando entre otros, los hábitos ancestrales de nutrición natural.

Cuando los sectores que más detentan las riendas del poder del Estado en nuestro país hablan de   soberanía nacional se cuidan muy bien de que sus discursos no superen los enunciados y, en  deliberada perversidad, dejan hueco el concepto, conscientes de que no deben mencionar su médula, que no es nada sin el bienestar del pueblo, y sin justicia y equidad social.

Por ahí se explica que ningún certificado de defunción registre nunca que la desnutrición ha sido la causa de la muerte, que también tiene la responsabilidad de producir los actuales 170 millones de menores con retardo mental y físico que consignan los organismos internacionales vinculados con la infancia, afectada directamente también por los cambios climáticos, los altos precios de los alimentos, la inseguridad económica y la precariedad laboral.

Las transnacionales ocupan las tierras y los cursos de agua, controlan la mayor parte de la actividad productiva y alimentaria del país, son dueñas de las patentes de semillas, los agrotóxicos y herbicidas, entre otros rubros, y sólo podrán ser contrarrestadas por una política estatal que responda a las necesidades de la población e impulse la creación de un nuevo modelo de sociedad agraria y rural, cuyo diseño debe ser obra de la misma gente, convocada en cabildos abiertos.

También es otro absurdo y una ridiculez hablar de soberanía alimentaria en un país con más de dos millones, entre sus seis millones de habitantes, sobreviviendo en situación de miseria, y con 300 mil familias campesinas sin tierra, en medio de 12 millones de hectáreas ocupadas ilegalmente y una afrentosa concentración, por un puñado de familias, de los territorios más fértiles.

Frente a los latifundios, hay una franja de pequeños y medianos labriegos carentes de toda subvención estatal, sin una banca nacional que atienda mínimamente su necesidad de créditos a bajo interés y largos plazos, que posibiliten el desarrollo del sector.

Otro punto estrechamente vinculado con la soberanía alimentaria tiene relación con el sistema energético nacional, pues es muy poco recomendable vivir sin agua potable, tanto como es indispensable que el campo cuente igualmente con el sistema eléctrico, un servicio de singular importancia para alcanzar eficacia productiva y bienestar hogareño.

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