Juez sospecha que vínculo entre Gral. Rodríguez y Yamil posibilitó impunidad en caso Santiago

Según José Valiente, el asesinato quedó impune porque los órganos del Estado nada hicieron al respecto.

Fuente: http://periodistaspy.blogspot.com/

El juez José Valiente, de Pedro Juan Caballero, disertó anoche en la Manzana de la Rivera de la Municipalidad de Asunción sobre el caso del asesinato del periodista Santiago Leguizamón, que en la fecha cumple 20 años. El juez conoce el expediente porque, como abogado, había actuado en representación del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Manifestó que el asesinato quedó impune porque los órganos del Estado (Fiscalía General y Policía Nacional) nada hicieron al respecto.

General Andrés Rodríguez. Fuente countrydata.com

El juez sospecha que los vínculos políticos-familiares y comerciales del extinto Gral. Andrés Rodríguez con el clan de Fahd Yamil Georges, poderoso empresario brasileño vinculado supuestamente con el tráfico de drogas, habrían posibilitado la impunidad de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Santiago. Manifestó que una de las hijas de Yamil, cuyo nombre no reveló, era ahijada del ex presidente de la República, según versión que recibió durante su investigación sobre el caso.

Valiente informó que el hijo de Yamil, Daniel Alvarez Georges, y su sobrino, Luis Enrique Georges, habían sido investigados en Brasil como los supuestos autores intelectuales del asesinato de Santiago. Enfatizó que la relación entre el ex presidente y el clan habría sido una de las razones por las cuales la justicia paraguaya y la Policía Nacional no hicieron un trabajo serio para esclarecer del crimen, que fue cometido en el “día del periodista”.

El juez recordó que Santiago, meses antes de su asesinato el 26 de abril de 1991, había publicado varios artículos, en el cerrado Diario Noticias, sobre el tráfico de drogas en la frontera, pero sin dar nombres de los responsables. Posteriormente, en el diario se publicaron otros artículos, sin la firma del finado, que vinculaban al clan Yamil en los hechos. Sin embargo, los delincuentes habrían culpado a Leguizamón, quien había recibido amenazas de muerte debido a su labor periodística.

Policía Nacional nunca informó
Valiente informó que la justicia paraguaya no hizo nada para procesar a los autores morales y materiales, aunque aclaró que el asunto era difícil porque el Brasil no permite la extradición de sus connacionales. Aclaró que dos criminales de la frontera, en el año 1992, confesaron a la policía brasileña haber participado en el asesinato de Santiago. Se trata de José Aparecido de Lima y José Araulho, alias Tiro Certo, quienes fueron identificados por un testigo del crimen.

El juez de la causa de Pedro Juan Caballero procesó a los autores materiales del crimen solo mediante publicaciones de la prensa nacional. Sin embargo, los mismos luego fueron liberados porque el Estado paraguayo no solicitó el procesamiento en el Brasil de los criminales, según Valiente, quien aseguró que la Policía Nacional nunca informó a la justicia sobre el resultado de su investigación.

Extinción de la causa
El magistrado, quien habló del caso Leguizamón a invitación del SPP, dijo que el caso quedó impune porque no existió voluntad política de los órganos del Estado. José Aparecido de Lima y Bras Vaz de Moura, otro sindicado como autor material del crimen, también fueron asesinados tiempo después, posiblemente por orden de sus patrones. Tiro Certo continúa desaparecido aunque estaría con vida, según Valiente, quien informó que, debido a este problema, el proceso penal contra los autores morales del asesinato del periodista había quedado congelado en el Brasil.

Valiente advirtió que, según el Código Procesal Penal del Paraguay, una causa prescribe en 15 años, que se cumplirá en setiembre de 2011. A fin de evitar este hecho, la justicia paraguaya podría enviar los expedientes al Brasil para procesar a los supuestos autores intelectuales. Esto es bastante difícil por la complejidad del caso. Luis Enrique Georges fue el único que prestó declaración en Paraguay luego de la orden de captura emitida por un juez en 1996. La causa fue archivada y prescribirá en setiembre.

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