Sindicalistas califican de “juego político perverso” la difusión de supuestos planes de violencia

Acusaron de irresponsable al gobierno. Las centrales que irán a huelga el próximo 26 de marzo presentaron denuncia en el Ministerio Público.

Los sindicalistas con el fiscal general. Foto: Ministerio Público.

Los sindicalistas con el fiscal general. Foto: Ministerio Público.

El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón se reunió este miércoles con miembros de las Centrales Sindicales de Trabajadores del Paraguay (CESITP). Bernardo Rojas, de la CUT-A señaló que solicitan la intervención de oficio del Ministerio Público, respecto a las amenazas sobre presuntos hechos de violencia que se planean durante la huelga. «La movilización será pacífica pero no pasiva», manifestó Rojas. «Creemos que el gobierno, a través de sus personeros, tratará de infiltrar provocadores de violencia, para desestabilizar nuestra manifestación», manifestó.

La policía nacional dijo ayer manejar información sobre tumultos que se estarían organizando para el paro general del 26 de marzo.

Informaron tener el audio de una reunión de supuestos organizadores no reconocidos, donde dicen que el día de la gran manifestación la policía debe reaccionar para justificar la movilización, pues supuestamente sería un fracaso si no hay “al menos una víctima ese día”.

Dirigentes sindicales lamentaron hoy la actitud del gobierno ante la “contundencia de la huelga”.

Bernabe Penayo, de la CUT-A, en comunicación con la 780 am indicó que el gobierno demuestra atisbos  con total irresponsabilidad. “Es un juego político perverso, porque estamos hablando de tumbar a un gobierno, matar gente”, expresó Penayo, agregó que el ministro del Interior debe manejar con prudencia la situación.

En otro momento afirmó que se enviaron colacionados a las autoridades donde exigimos que se identifique y capture a los responsables, de lo contrario el único culpable de una tragedia será el gobierno.

Por su parte, José Pineda de SITRANDE apuntó que dentro de la organización se está estipulado un organismo de seguridad para defender a los huelguistas.

De Vargas niega

El ministro del Interior, Francisco De Vargas, desmintió en la 970 am que el Gobierno esté intentando criminalizar la huelga anunciada para el próximo 26 de marzo, porque es un derecho constitucional. Sin embargo, afirmó que al tener la información de que un sector busca crear conflicto, los organismos de seguridad “están obligados a tomar medidas”.

«Se está trabajando sobre la información que tomó estado público. Contamos con un audio que revela un informe de planes de violencia durante la huelga. La información es genérica y el gobierno tiene el deber de ponerla a disposición de los órganos jurisdiccionales», manifestó el secretario de Estado a la 970 AM.

 

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