Siete violaciones constitucionales que los paraguayos vivimos a diario

En el marco de la crisis política desatada por la enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial, te presentamos siete violaciones a la Constitución Nacional que los paraguayos y paraguayas sufren a diario con la negación de sus derechos más básicos.

Por Leticia Morales

La modificación del reglamento interno del Senado, la aprobación de la enmienda en la Cámara Alta y la entrada del documento a la Cámara de Diputados ha generado centenares de titulares de tinte trágico en los medios de comunicación sobre el inminente peligro que asecha a la Constitución Nacional. Sin embargo, de manera diaria los paraguayos y paraguayas sufren violaciones constitucionales en sus derechos más básicos. Los propietarios de medios de comunicación son precisamente algunos de los principales protagonistas que forjan este Estado inconstitucional de cosas.

No podríamos resumir en un artículo todas las violaciones a la Constitución y las leyes. Por ello, escogimos siete que consideramos de especial relevancia, en este caso particular porque varias involucran a quienes hoy pretenden erigirse en guardianes de la Constitución.

Los siete puntos están, a su vez, subagrupados en dos grandes categorías: el derecho a la libertad y los derechos de acceder a condiciones materiales mínimas para el desarrollo de una vida digna, es decir los derechos económicos, sociales y culturales (DESC).

i) Derecho a la libertad

1. Derecho al libre ejercicio del periodismo. Empecemos, pues, por quienes en la actualidad se muestran más alarmados por la violación de la Constitución Nacional: los medios de comunicación. El artículo 29 de la CN, “De la libertad de ejercicio del periodismo”, garantiza al periodista el derecho a publicar sus columnas de opinión firmadas sin ningún tipo de censura en el medio en el cual trabaje. “La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso”, acota el citado artículo de nuestra máxima ley con vistas a prevenir la censura en casos de colisión entre la postura del periodista y la línea editorial del medio. El disenso no debería ser un hecho extraño en una democracia que garantice la pluralidad de voces y no imponga un pensamiento homogéneo.

En el diario ABC Color, de Aldo Zuccolillo, no son pocos los casos de despidos y persecuciones a periodistas por pensar distinto o medidas como la puesta en el “freezer”. Así, el periodista sigue percibiendo su salario, pero no tiene espacio alguno. En un ambiente donde la visibilidad y producción de contenidos son los requisitos para el desarrollo profesional ser puesto en el congelador, principalmente para los periodistas jóvenes, equivale a la muerte profesional prematura y es una eficiente medida para aceptar “retiros voluntarios” e incluso despidos arbitrarios. ABC es un medio que en los últimos años ha emprendido una agresiva barrida contra periodistas sindicalizados como medida disciplinadora para disuadir a los trabajadores de gremializarse.

Uno de los últimos casos que tomó estado público fue el del periodista Eduardo Quintana, quien en setiembre de 2016 fue forzado a renunciar bajo las presiones y amenazas de que ya no tendría ningún espacio en el diario. En efecto, sus columnas de opinión ya habían sido censuradas en ocasiones anteriores y fue amonestado por hacer comentarios irónicos en las redes sociales sobre un exiguo aumento salarial que recibieron luego de meses de solicitar a la patronal la negociación de mejores condiciones de trabajo.

En los medios del Grupo Cartes estas situaciones se han convertido en la regla. En agosto de 2016 los periodistas Desirée Esquivel y Rubén Montiel fueron despedidos por expresar en sus cuentas personales de las redes sociales comentarios críticos al gobierno. Al mes siguiente, ocurrió lo propio con el periodista Enrique Vargas Peña, quien fue desvinculado por no acatar las órdenes de “bajar línea” a favor del gobierno.

En su dimensión de derecho colectivo, la violación de la libertad de expresión no solo afecta al periodista o al emisor, sino a la sociedad en su conjunto, que se ve privada de su derecho a la información plural y ecuánime. En este sentido, el artículo 27 de la CN señala que se “garantiza el pluralismo informativo” y en el artículo 30 se asegura la igualdad de oportunidades, trato no discriminatorio y libre acceso al espectro radioeléctrico.

Al contrario, con leyes de menor rango a la Constitución se imponen trabas insalvables y obstáculos al funcionamiento de las radios comunitarias y las señales comerciales acaparan más del 90% de las licencias. A más de ello, la ley prohíbe la concesión de más de una señal a un mismo licenciatario, lo cual es burlado por las empresas mediante esquemas de testaferros. La inconstitucionalidad reina a tal punto que varios canales de TV operan en la misma planta y con los mismos conductores, por lo que es de conocimiento público que el mismo propietario, como Antonio J. Vierci y el mexicano Ángel González, son propietarios de más de un canal de televisión. Los funcionarios públicos y políticos tampoco pueden ser licenciatarios. Entre los “defensores” de la Constitución que están fuera de regla en este punto cabe mencionar al propio presidente del Congreso, el liberal Roberto Acevedo, propietario de radio Amambay.

2. Derecho a la organización. El artículo 96 de la CN, “De la libertad sindical”, garantiza a los trabajadores públicos y privados el derecho a organizarse en sindicatos sin necesidad de autorización previa. Para su reconocimiento se establece que es suficiente la inscripción en el órgano administrativo competente, es decir el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). Sin embargo, en la cartera de Estado los trámites pueden durar meses y se interponen innumerables trabas burocráticas al reconocimiento de los gremios y renovación de sus comisiones directivas.

Mientras, se da carta blanca a las patronales para despedir a los trabajadores que intentan organizarse. Ante una crucifixión de choferes despedidos de la Línea 49 por intentar formar un sindicato, el propio ministro del Trabajo, Guillermo Sosa, defendió la medida diciendo que las empresas son libres de despedir a los empleados cuando así lo desean. Sin desconocer el derecho de la libertad de empresa, el despido en represalia por el intento de ejercer un derecho como el de la sindicalización constituye una clara violación del derecho a organización.

3. De la detención y el arresto. La Constitución Nacional es clara en cuanto a los presupuestos que deben darse para la detención y el arresto de personas, pues el bien más preciado y protegido en nuestra República es la libertad de los ciudadanos. Estas disposiciones son violadas diariamente por la Policía, que escuda sus actuaciones anticonstitucionales mediante el empleo de eufemismos como el de la “demora”. En cambio, para el ciudadano común el efecto práctico es el mismo que el arresto, pues a pesar de las minucias conceptuales la realidad es que está privado de libertad, pues permanece detenido en contra de su voluntad en alguna sede policial o lugar de “demora”.

“Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendido en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal”,  manda el artículo 12 de la CN. Por el contrario,  la presunción de inocencia y la carga de la prueba son permanentemente invertidos en contra del ciudadano, que debe probar que no está tramando alguna acción delictiva en el caso, por ejemplo, de que –por las razones que fueran– haya salido de su hogar sin portar su cédula de identidad.

Para sus cateos la policía se basa generalmente en criterios clasistas, fenotípicos y etarios (sus objetivos preferidos son las personas pobres, morochas y jóvenes).  Más que la búsqueda de responsables de hechos punibles o con órdenes de captura, los retenes las más de las veces tienen fines extorsivos. Estos procedimientos son habitualmente apoyados por los medios, cuyas crónicas rojas y amarillas escalan en el rating exacerbando la percepción de inseguridad.  (Es preciso notar los giros que se dan en casos como el de la empresaria que fue víctima de la extorsión de agentes policiales, que intentaron plantarte más de 300 gramos de cocaína).

Ahora bien, cuando la policía consuma un arresto el procedimiento tiene cinco requisitos: a) comunicar al detenido el motivo de su arresto (ante la falta de motivo, la policía suele emplear la figura de la “causa a determinar”, es decir, llevando a cabo un arresto desconociendo el motivo por el que lo realiza y sin tener la claridad de qué hecho punible cometió la persona); b) comunicación inmediata a sus familiares (es frecuente el aislamiento de los detenidos, particularmente durante protestas sociales, que son víctimas de un secuestro de hecho; c) a guardar silencio (por lo común la policía realiza interrogatorios de manera violenta intentando arrancar confesiones bajo tortura. En cambio, la fiscalía es reacia a utilizar la calificación de tortura y minimiza los abusos policiales bajo figuras más leves como el de “lesión en el ejercicio de las funciones públicas”); d) disposición de intérprete cuando sea necesario (en el caso Curuguaty se denunció que a Felipe Benítez Balmori, ciudadano guaraniparlante e iletrado, se le estamparon sus huellas digitales en una declaración cuyo contenido no comprendía. La policía habría cometido además ejecuciones arbitrarias de personas heridas y que ya estaban reducidas); e) y la disposición ante un magistrado en el plazo de 24 horas. A más de ello, la policía no puede mantener detenida a una persona por más de seis horas sin comunicar al fiscal de turno (en el caso del “rally de pintatas” frente a la residencia del fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, un menor de edad permaneció detenido e incomunicado por casi 24 horas y fue liberado sin prestar declaración ante la fiscalía).

ii) Derechos económicos, sociales y culturales

De las violaciones diarias que sufren los paraguayos y paraguayas a sus libertades fundamentales pasemos ahora a la negación anticonstitucional de servicios y condiciones básicas necesarias para una vida digna. Teniendo en cuenta que el 70% de los trabajadores y trabajadoras paraguayos tienen un empleo de exclusión, sin seguro social, con jornadas más extensas que las ocho horas reglamentarias, sin llegar al salario mínimo y que nunca accederán a la jubilación, empezamos este segundo apartado por el derecho al trabajo.

4. Derecho al trabajo. El artículo 86, “Del derecho al trabajo”, consagra el derecho al trabajo digno y al seguro social. “Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas”, consigna este articulado y dispone que “la ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables”. El artículo 88 enuncia que “no se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales”.

Como se puede colegir fácilmente de la realidad cotidiana, las cosas marchan exactamente en sentido contrario. En los empleos públicos los criterios de afiliación partidaria no han sido erradicados, aunque se han dado avances con los llamados a concurso. En cambio, se han planteado dudas sobre la efectiva aplicación de evaluaciones neutrales que eviten la discrecionalidad. Las brechas salariales persisten y las mujeres reciben salarios hasta 30% inferiores respecto a los varones que realizan las mismas tareas. Aunque el artículo 89 de la CN reconoce a ambos sexos los mismos derechos, las mujeres enfrentan problemas de despidos y dificultades para conseguir empleo por razones de maternidad (incluso hipotéticas, pues tienen mayores problemas para conseguir un trabajo porque en el futuro pueden llegar a embarazarse). La discriminación incluso está amparada en la ley, pues es legal que las trabajadoras domésticas reciban solo el 60% del salario mínimo bajo el supuesto de que en sus lugares de trabajo reciben techo y comida. Además, el ámbito privado del hogar expone a las mujeres a situaciones de violencia de todo tipo de parte de sus empleadores. Entretanto, en 2016 en el Canal Telefuturo de Vierci se realizaron despidos masivos, sin respetar el derecho a la estabilidad laboral, alegando problemas financieros mientras sigue acaparando medios y expandiendo sus negocios.

5. Derecho a la salud. En directa correlación a los indicadores de empleo, el hecho de que el 70% de la población carezca de seguro social revela que la gran mayoría de los paraguayos y paraguayas tienen problemas o ningún acceso a los servicios sanitarios. El artículo 68, “Del derecho a la salud”, establece que “el Estado protegerá y promoverá la salud como derecho fundamental de la persona y en interés de la comunidad. Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar enfermedades, pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes y de accidentes”.

Por el contrario, la cobertura de salud ni siquiera está garantizada para el 30% que cuenta con seguro médico. A pesar de sus millonarias recaudaciones, el Instituto de Previsión Social (IPS) atraviesa un serio problema de desabastecimiento y es incapaz de atender la demanda de sus asegurados, con personas que permanecen internadas en los pasillos. En el ente existe una grave falta de medicamentos e insumos, desde hilos para cirugías hasta medicamentos oncológicos. Esto ya se ha cobrado la vida de muchos asegurados, que han fallecido ante la falta de los medicamentos necesarios para los tratamientos.

6. Derecho a la educación. El artículo 73, “Del derecho a la educación y sus fines”, señala que “toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad”. Uno de los principales problemas del sistema educativo es la falta de pertinencia, especialmente en el campo, donde las personas escolarizadas no aprenden contenidos útiles. En el caso de las comunidades indígenas, el proceso de alfabetización no se lleva a cabo en la lengua materna o no se realiza de manera adecuada ante la falta de formación del personal docente, en violación del artículo 77 de la CN.

En el artículo 75, “De la responsabilidad educativa”, el Estado asume la responsabilidad de promover programas de complemento nutricional y útiles escolares para alumnos de escasos recursos. En cambio, los problemas en el suministro del almuerzo o merienda escolar así como los útiles son constantes, no llegan a tiempo e, incluso, se llegaron a comprobar casos de alimentos en descomposición. A esto se suma el mal estado de las instalaciones edilicias de las instituciones educativas, que se caen a pedazos sobre los estudiantes, poniendo en riesgo la integridad física y la vida misma de niños y adolescentes.

7. Derecho a la vida. En definitiva, este Estado inconstitucional de cosas atenta contra la vida misma de los paraguayos y paraguayas. “El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concepción. Queda abolida la pena de muerte. Toda persona será protegida por el Estado en su integridad física y psíquica, así como en su honor y en su reputación”, consagra el artículo 4, “Del derecho a la vida”, de nuestra Constitución Nacional.

Foto: moopio.com

Nota actualizada a las 16.07 horas. Se añadió el derecho a la educación ilustrando la nota con la imagen de un aula derrumbada en 2015 en un colegio de Lambaré.

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