Senadores del Frente Guasu expresan preocupación a fiscal general por caso Curuguaty

Parlamentarios de la nucleación piden que se investiguen las denuncias de ejecuciones extrajudiciales contra campesinos. 

 

Esperanza Martínez, senadora del Frente Guasu.

Los senadores Fernando Lugo, Hugo Richer, Esperanza Martínez y Sixto Pereira, integrantes de la bancada del Frente Guasu, se entrevistaron hoy en la sede del Ministerio Público con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón. El motivo de la visita de la delegación fue presentar la preocupación e inquietud de la nucleación sobre el avance de la pesquisa de la fiscalía en el caso de la masacre de Curuguaty.

El principal punto objetado fue la unilateralidad con que se desarrolla el proceso, ya que la fiscalía solo investiga la muerte de los policías. Los parlamentarios reiteraron la necesidad de apertura de otras líneas de investigación que indaguen sobre los indicios de ejecuciones extrajudiciales documentados en los informes de la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (PEICC), la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y que fueran denunciados también por las Naciones Unidas.

Sobre la respuesta y el compromiso del fiscal Díaz Verón para esclarecer el asunto, la senadora Esperanza Martínez señaló que el titular del Ministerio Público fue “muy diplomático”, pero no dio mayores detalles sobre los supuestos avances del equipo fiscal conformado para investigar las ejecuciones extrajudiciales.

“Como se acerca el inicio de la audiencia, como fuerza política nos fuimos a expresar nuestras inquietudes. Seguiremos de cerca esta audiencia para evitar que se condenen a chivos expiatorios y para que las imputaciones se basen en hechos reales, que se determine quién mató a quién. El fiscal admitió que sería difícil determinar esto. Por eso se mantienen las acusaciones genéricas”, señaló la senadora.

Asimismo, Martínez relató que otro de los temas abordados fue la situación en Laterza Cue y la imputación contra dos concejales del Frente Guasu. Los integrantes de la bancada solicitaron la expropiación y el catastro del inmueble.

El conflicto de tierras en esta zona se remonta a los tiempos de la dictadura, cuando un influyente terrateniente griego, Euthymios Gregorios Ioannidis, se instaló hacia 1967 en la zona para posteriormente apropiarse de las tierras que pertenecían al empresario Mario Laterza (unas 3000 hectáreas).

A instancias del griego, ingresaron al lugar además 170 familias, y así también a base de engaños trajo colonos brasileños para venderles tierras en situación irregular. Estos últimos, que llegaron con todos sus ahorros, en su gran parte terminaron empobrecidos.

En su época, el griego mantuvo un régimen de terror en la zona, manejando a todas las autoridades distritales.

Unos 20 años después, el griego convenció a los pobladores para realizar un juicio de usucapión para obtener la titulación de las tierras, pero a nombre de una sola persona a fin de supuestamente acelerar los trámites. El elegido para esto, José Díaz Filho, recomendado por el mismo griego, tras ganar el juicio en 1992 le vendió todas las tierras a la empresa Arcadia S.A., vinculada al griego, por 20 millones de guaraníes, con los pobladores adentro. Arcadia posteriormente transferiría los derechos a otra empresa vinculada al mismo.

El reinado del griego terminó en 2001. Cuando fue acusado de ser autor moral del asesinato del intendente de Mariscal López Rubén Acosta (ANR), y se fugó del país. Sin embargo, su sombre siguió siempre presente.

Tras sucesivos trámites, las tierras en conflicto, cuyos pobladores nunca quisieron abandonar, terminaron en manos de las empresas Agrisa, Agrorama y posteriormente Agrícola Entre Ríos, que estarían vinculadas al griego. Entre Ríos está a nombre de José López.

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