Seis años de prisión pide fiscal por manifestación

La empresa logró incluso una decisión judicial que prohíbe futuras manifestaciones.

El 12 de noviembre pasado, los trabajadores de la LOMP bloquearon el Río Paraguay a la altura del puerto Caacupemí para protestar por el despido de unos 200 estibadores de la empresa San Francisco S.A, con pequeñas embarcaciones impidiendo la salida de un buque a modo de protesta.

El cierre del río molestó a los empresarios, quienes consiguieron que lanchas cañoneras y helicópteros de la Prefectura Naval hostiguen a los manifestantes, levantando olas de grandes dimensiones que desestabilizaron a las pequeñas canoas de los manifestantes, poniendo en peligro la vida de los obreros.

La represión culminó con el apresamiento de una veintena de trabajadores, 11 de los cuales fueron imputados por el fiscal Víctor Maldonado que pide condenas de hasta 6 años de prisión por, supuestamente, violar el artículo 214 del Código Penal, según el cual la acción sindical habría puesto en peligro el ámbito acuático.

Libertad de los 11 trabajadores presos

estibadoresLos once presos son: Damián Ocampos, 69 años. 4 hijos, 34 años de antigüedad; Isabelino Ramirez, 50 años, 6 hijos, 20 años de antigüedad; Néstor María Jara Núñez, 46 años, 1 hijo, 18 años de antigüedad; Néstor Sosa Sanabria, 45 años, 3 hijos, 18 años de antigüedad; Pablo Britez, 50 años, 4 hijos, 14 años de antigüedad.

Mario Vidal Gonzales, 55 años, 5 hijos, 14 años de antigüedad; Ricardo González, 59 años, 5 hijos, 10 años de antigüedad; Javier Torres, 41 años, 2 hijas, 10 años de antigüedad; Christian David Morel Torres, 28 años, 1 hijo, 9 años de antigüedad; Pedro Manuel Britez Pereira, 23 años, 6 años de antigüedad; Miguel Ángel Sánchez, 32 años, 2 hijos, 1 año de antigüedad.

 

Recurso de amparo

Luego de apresar a los 11 trabajadores, la empresa San Francisco S.A interpuso un recurso de amparo para que un juez ordene la libre navegación del río Paraguay, frente al puerto de Caacupemí, además de la libre circulación de las calles circundantes a la empresa. El juez Gustavo Amarilla concedió este recurso y de un plumazo sacó a los trabajadores el derecho de manifestación.

El abogado de la Liga Obrero Marítima apeló el fallo del juez Amarilla argumentando que la resolución es “aberrante e inconstitucional, ya que existen causas judiciales en trámite, relacionadas a la acción instaurada”, por lo que debe ser declarada nula.

Los once presos domilicialiarios de la LOMP.

Los once presos domilicialiarios de la LOMP.

Según Lobo, el juez Amarilla sabía que su colega, el juez Pedro Mayor Martínez, tenía una causa sobre el caso, por supuestos hechos de intervenciones peligrosas en el tráfico aéreo, naval y ferroviario, que trata de las mismas cuestiones y por la cual, 11 trabajadores están con prisión domiciliaria.

Lobo se basa en el artículo 134 de la Constitución Nacional que ordena que el “amparo no podrá promoverse en la tramitación de causas judiciales”, y en el Código Procesal Civil, que habla de la misma cuestión. Ahora, se correrá traslado de la apelación, y luego se elevará el expediente al Tribunal de Apelación de feria.

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