Se siguen registrando torturas en Paraguay

El Mecanismo nacional de prevención de tortura indicó ayer en su informe que aun se registran importantes casos de tortura en Paraguay, las mayoría de los cuales quedan impunes. Están pendientes los compromisos del Estado en la prevención de los mismos. También informó que existe violación de derechos en las detenciones.

Se detectaron situaciones infraumanas en las instituciones de reclusión.

La presentación del informe. Foto: MNP.

La presentación del informe. Foto: MNP.

Siguen habiendo prácticas de tortura en Paraguay, según el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura. “Si bien no se dan las mismas violaciones de derechos humanos que durante la dictadura, la tortura y los malos tratos se concentran actualmente en grupos específicos, generalmente invisibilizados por la sociedad y tradicionalmente discriminados: movimientos campesinos y grupos sociales vulnerables y estigmatizados, tales como los recluidos en establecimientos penitenciarios”, indica el informe del MNP, presentado ayer. También son afectados los recluidos por razones de salud mental o por su condición de personas adultas mayores, así como los pobladores de los cinturones de pobreza, niños, niñas y adolescentes en situación de calle, o los llamados adolescentes en conflicto con la ley, personas con adicciones; conjunto al que se suma, la población indígena del país, aseguran. Para estos sectores sociales, habitualmente, “los tratos crueles, inhumanos o degradantes, son el preámbulo y el adendum de las prácticas soterradas de la tortura”.

El MNP concluye que el patrón de impunidad vigente encuentra un método común de consumación en la ineficacia de las investigaciones fiscales, que no concluyen oportunamente porque no se sostienen. Los casos denunciados por el MNP corroboran esta falencia.

El organismo indicó que los compromisos del Paraguay en contra de la tortura y los otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, están aún pendientes. “Las víctimas predilectas son los excluidos socialmente. En muchos casos los tratos se hallan naturalizados, lo que contribuye a una insensibilidad social”, dice el informe. Hicieron hincapié además en la crisis del sistema carcelario, con 1000 personas más cada año en reclusión: “es más que un síntoma, un modelo punitivo muy diferente al establecido constitucionalmente”.

Violaciones en la aprehensión y detención primaria

Existen una serie de derechos que deben ser garantizados entre la aprehensión y la comparecencia ante el juez competente, de acuerdo a la legislación vigente e internacional.

Cuando no se cumplen, las personas detenidas se encuentran en un estado de alta vulnerabilidad, constituyendo esto un riesgo de tortura y malos tratos, aseguran.

El MNP ha constatado el incumplimiento de varias de estos derechos. “Aunque si se hace la comunicación al Ministerio Público en general, el plazo inicial de aviso al juez no se respeta. Los adolescentes son detenidos para ser identificados o por averiguaciones, aunque la ley prohíba expresamente lo que no sea flagrancia ni orden judicial”, relatan.

En muchas ocasiones las aprehensiones son realizadas haciendo un uso desproporcional de la fuerza, alegando resistencia o caídas, relatan. A esto se suman las numerosas dificultades de la realización de los diagnósticos médicos en los centros públicos. No existe un mecanismo preestablecido formalmente para la comunicación de la privación de libertad a un familiar, a un tercero, a los padres o tutores. No hay acceso inmediato a un defensor público por parte de aquellas personas que no cuentan con abogado particular.

Las personas son «demoradas» para averiguaciones, estando este tipo de detención fuera de la ley.

Hogares de abrigo

El MNP relata así mismo que en los hogares de abrigo se encuentra una población de niños y niñas cuyos derechos ya habían sido vulnerados, en custodia del estado, bajo la medida de abrigo (que debe ser provisoria y excepcional) hasta su reinserción en su familia de origen u otros núcleos familiares por adopción. De cinco hogares visitados, se ha encontrado que el abrigo no garantiza el derecho a la identidad, que casi ningún hogar tenía apertura legal, que el ingreso no siempre se da por orden judicial y que la permanencia tiene un promedio, en estos hogares, de más de dos años. Se ha visto que las instituciones no comparten su evaluación con autoridades de los hogares, que el presupuesto no cubre en muchos casos rubros básicos, y que en un 40% de casos no hay vínculos familiares, así como que el abrigo no garantiza la escolarización

Penitenciaría nacional de Tacumbú

En la precaria infraestructura se encuentran privadas de libertad 3859 personas (noviembre 2013), 79% procesadas y solo 762 con condena. La superpoblación llegó a ser de 256%. En diciembre, a raíz de las intervenciones, se realizaron varios traslados a fin de disminuir la población carcelaria. Se encontraron deficiencias y discriminación en la admisión y clasificación de internos, e ineficacia del sistema de registros, y por tanto, sin una identificación adecuada.

Existen problemas de seguridad: 46 guardias diurnos y 26 a la noche para toda la población, y debido a las precarias instalaciones, peligro latente de incendios. La gran mayoría la constituyen personas en situación de pobreza, sin elementos básicos de subsistencia; son grupos especialmente vulnerables los transgéneros, los indígenas y los pasilleros. Este último grupo, un 10%, no tiene cobijo en celdas o pabellones.

El derecho a la defensa es una garantía vulnerada. Además de la violación generalizada de derechos en las condiciones de reclusión, de alimentación y derecho a la salud, se detectó un sistema de sanciones arbitrarias paralelo al legal, y las celdas de aislamiento no son controladas por los jueces. Existe impunidad en el sistema de sanciones administrativas y penales a los funcionarios.

Las condiciones de Tacumbú traen aparejada la degradación de la persona y la afrenta a su dignidad, indica.

Buen Pastor

Las principales demandas fueron el uso del «traslado administrativo» como forma de castigo, sin base legal; la presencia de guardias de sexo masculino en el establecimiento e incluso dentro de los pabellones; limitaciones en el acceso a medios de prensa y reclamos de atención médica, fueron otras denuncias.

MNP

El MNP está integrado actualmente por los señorse Roque Orrego, Stella Maris Cacace, Carlos Portillo,  Jorge Rolón Luna, Diana Vargas y Soledad Villagra de Biedermann.

Para la realización de visitas, el MNP realizó visitas son programadas, con o sin aviso previo. Se hicieron 16 visitas programadas: 5 a hogares de abrigo, 2 a hogares de adultos mayores, 7 a comisarías y 2 a penitenciarías; 15 visitas más de seguimiento y 27 visitas de intervención.

Artículos relacionados:

En Paraguay, primero se encarcela y luego se juzga

Comentarios

Publicá tu comentario

Este mensaje de error solo es visible para los administradores de WordPress

Error: Las solicitudes de API se están retrasando para esta cuenta. No se recuperarán nuevas entradas.

Inicia sesión como administrador y mira la página de configuración de Instagram Feed para obtener más detalles.