Se levanta Estado de Excepción con denuncias internacionales

Más que el EPP, otros fueron los intereses que motivaron la medida legal, dice un informe de observadores.

  • “Utilizar la figura del EPP para desmovilizar, amedrentar, disciplinar, estigmatizar sobre todo a sectores que se organizan».
  • Un niño con discapacidad según los relatos de la comunidad quedó severamente traumatizado por un operativo de allanamiento.
  • En otro operativo, «una adulta mayor, ante la violencia desplegada perdió el control de los esfínteres» y tuvo una descompensación.
  • Policías a los pobladores: “Aniquena pe takyi eterei ore rehe la prensape” (“No hablen tan mal de nosotros frente a la prensa”).

Pobladores denunciaron prepotencia de los policías en los controles. Foto: El País.

Por irónico que parezca, este sábado 10 de diciembre, día mundial de los derechos humanos, también será el día en que se levante el estado de excepción en los departamentos de Concepción y San Pedro en Paraguay. Una misión internacional de observadores de derechos humanos viajó desde el 1 a 6 de diciembre pasados al Norte del país, para inspeccionar el territorio declarado en excepción, y levantar un informe en base a testimonios de policías, militares, autoridades locales y comunidades.

La comisión estuvo compuesta por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,  Perú, Uruguay y Paraguay. Por nuestro país estuvieron las organizaciones Base is, Conamuri, CDIA, Codehupy, Cladem py, Comunica, Fundar, Colectivo 25 de Noviembre, Diakonia, Plataforma contra la criminalización, Sindicato de Periodistas del Paraguay, Serpaj-Paraguay y Sobrevivencia. De los demás países estuvieron presentes de Serpaj América Latina, Serpaj Argentina, Serpaj Colombia, Comisede, Red Social de Justicia y Derechos Humanos Brasil, Inredh Ecuador y el  Equipo Latinoamericano del Observatorio de la Escuelas de las Américas.

El EPP es un chivo expiatorio

Luego de los cinco días de estadía en el Norte paraguayo, la expedición escribió un informe preliminar, que encabeza diciendo: “Más que estado de excepción, es estado de decepción”. Seguidamente el escrito dice que el estado de excepción -aparentemente- tuvo segundas intenciones.

«Utilizar la figura del EPP para desmovilizar, amedrentar, disciplinar, estigmatizar sobre todo a sectores que se organizan para reclamar derechos que afectan a los intereses de grupos privilegiados que operan en la zona». Mencionan entre otros a los grandes ganaderos, agroexportadores, narcotraficantes, funcionarios estatales corruptos, sectores políticos que apoyan y se benefician de la extranjerización de la tierra”, se lee en el mismo documento, como verdadera causa del estado de excepción.

Cualquiera es un blanco

El Pa'i Oliva, integrante del grupo, en una de las visitas.

Luego de entrevistarse con algunos de los 700 policías y 300 militares desplegados en la zona, la Misión señala que los propios militares afirmaron que están liberados a utilizar la fuerza ante la reacción de las personas. Y que en allanamientos, piden que la gente haga “cuerpo a tierra, ya que si se levantan, se convierten en blancos”.

Cuando fueron consultados, los pobladores y pobladoras de comunidades afectadas, dijeron que las fuerzas militares “se desplegaron con aparatosidad bélica” con tanques, armas de guerra, barricada y uniformes de guerra. Las comunidades entienden esto como una demostración de fuerza para amedrentarlos antes que capturar al EPP. Agregaron que durante los allanamientos se registraron múltiples atropellos.

Qué peligrosos son los niños y ancianos

“Los allanamientos fueron realizados en horas de la madrugada y hubo testimonios que revelan que fueron iniciados sin presencia fiscal, que en los casos relevados llegaron horas después. Se tomó conocimiento acerca de un niño con discapacidad que según los relatos de la comunidad quedó severamente traumatizado por el operativo de allanamiento realizado en una casa vecina”, relata el texto.

Y continúa diciendo que “en otro caso, una niña fue obligada a punta de fusil a hacer cuerpo a tierra, una adulta mayor, ante la violencia desplegada perdió el control de los esfínteres y una vez auxiliada por médicos, los intervinientes se negaron a dar información sobre su presión arterial. Siendo diabética y estando descompensada, los hijos demandaron que intervenga otro médico y no se lo permitieron. Al retirarse, los militares advirtieron: “aniquena pe takyi eterei ore rehe la prensape” (“No hablen tan mal de nosotros frente a la prensa”).

La misión también mantuvo reuniones con militares y autoridades.

La misión también mantuvo reuniones con militares y autoridades.

Además de daños materiales en las casas donde se allana, muchas chacras de las comunidades quedan deterioradas, por causa de los operativos. Para nadie hay resarcimiento.

Sobre la policía, los pobladores y pobladoras aseguraron con requisan a la gente, y a aquellas que no tienen lo que piden, les extorsiona, les pide dinero u otras pertenencias. En los controles, los policías son muy prepotentes y retienen durante horas a las personas, según la fuente. Además la propia misión internacional constató la presencia de particulares armados, sin identificación y participando en los controles.

La comitiva de visitantes de los dos departamentos resumieron sus observaciones en 10 puntos:

1. Durante el desarrollo de esta misión hemos observado que el problema que principalmente aqueja a la zona, no es de orden militar o de seguridad, sino social. La ausencia del Estado se manifiesta en: escasísimos puestos de atención de salud, caminos y accesos a las comunidades precarios, pocas y muy distantes instituciones educativas, inexistencia de transporte público en las comunidades rurales, escasas y precarias fuentes laborales, entre otros; no obstante algunas comunidades han obtenido algunas mejoras en servicios de salud, del programa Tekopora y asistencia agrícola.

2. El contexto del estado de excepción se da en un proceso de estigmatización y  criminalización de los movimientos sociales, en particular el campesino, promovido por los medios de comunicación masiva.

3. Resultado del primer estado de excepción de abril de 2010, fueron la Ley del  informante, la Ley antiterrorista y la Ley de reglamentación de la objeción de conciencia, las que no han contribuido al mejoramiento de las condiciones de vida de la población, evidenciando que no son esos los mecanismos para lograr una convivencia democrática y equitativa.

4. Percibimos que el estado de excepción viene a reforzar el proceso de desmovilización  y desarticulación de los movimientos campesinos en su histórica lucha por el acceso a la tierra y contra el avance del agronegocio.

5. Este segundo estado de excepción viene a reforzar los procesos de disciplinamiento de la población de la zona Norte y la represión y criminalización de los colectivos organizados.

Presentación del Informe Preliminar.

6. No se ha demostrado la directa vinculación de las personas investigadas y/o imputadas con el supuesto EPP. Recordamos que la imputación sin base jurídica a líderes sociales está prohibido por tratados y convenios internacionales que protegen el legítimo trabajo de estas personas como es la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, especialmente su artículo 5 que dice “A fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional: a) A reunirse o manifestarse pacíficamente; b) A formar organizaciones, asociaciones o grupos no gubernamentales, y a afiliarse a ellos o a participar en ellos; c) A comunicarse con las organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales”.

7. Hemos recibido testimonios creíbles acerca de la violencia y desproporción del uso de la fuerza en procedimientos conjuntos. Frente a esto, las autoridades reconocen los procedimientos aunque expresan que no han recibido denuncias formales de violación a los derechos humanos, en este marco. Vemos con preocupación que los procedimientos no han tenido los recaudos necesarios frente a sectores específicos, especialmente vulnerables. El Estado debe garantizar dentro de los protocolos de actuación la atención especial a niños/as, adolescentes, mujeres, personas discapacitadas y adultos/as mayores, lo cual no estuvo presente.

8. Enfatizamos a los medios de comunicación, en tanto formadores de opinión, que la libertad de expresión no debe afectar los derechos de las personas y debe usarse con excesivo celo profesional.

9. Consideramos que en este estado de excepción se ha violado los derechos humanos de la población campesina, especialmente, razón por la cual no debe prolongarse ni reeditarse.

10. Finalmente, al tiempo de agradecer a todas las personas, organizaciones y autoridades que han colaborado durante el desarrollo de la Misión Internacional, hacemos un llamado al gobierno para que garantice la integridad física y la seguridad de todas las personas.

“aniquena pe takyi eterei ore rehe la prensape” (“No hablen tan mal de nosotros frente a la prensa”).

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