Se consuma a medias la ley de participación público-privada

La ley de participación público-privada fue aprobada ayer por el Senado, pero al quedar la sesión sin quórum la versión de Diputados tendrá sanción automática a no ser que se convoque a una sesión extraordinaria de último momento. Mediante la normativa el Estado asume todos los riesgos relativos a las inversiones en materia de infraestructura, en tanto que el sector privado será beneficiado con indemnizaciones y otros privilegios incluso si registra pérdidas por su propia ineficiencia.

Horacio Cartes, durante el Foro de Líderes Mundiales realizado en Nueva York, instó a los inversionistas a aterrizar a nuestro país ofreciendo grandes ventajas a partir de la ley de participación público-privada. Foto: Facebook.

Con un total de 26 votos a favor y 16 en contra, el Senado aprobó en su sesión de ayer La Ley de Promoción de la Inversión en la Infraestructura Pública con Participación Público-Privada,  con las modificaciones que habían sido introducidas por la Cámara de Diputados en junio pasado.

De esta manera, según denuncian los detractores de la ley, se otorga un “cheque en blanco” al gobierno de Horacio Cartes para realizar privatizaciones sin el acuerdo del Congreso.  De hecho, el mandatario aprovechó su estancia en Nueva York para poner el país a disposición de los capitales internacionales asegurando que esta normativa sería aprobada.

De acuerdo a lo manifestado por el ingeniero Ricardo Canese, la normativa evita hablar de concesiones ya que, según la Constitución, este tipo de emprendimientos solo pueden aprobarse con el acuerdo del Congreso. Pero, por otra parte, al evitar el término concesión no solo se pretende sortear el acuerdo del Congreso,  sino también blindar a las empresas privadas ante posibles fracasos en las inversiones, ya que en las concesiones los privados asumen los riesgos.

“No están comprendidos en este título aquellos contratos regidos por la Ley Nº 1618/00 ‘de Concesiones de Obras y Servicios PÚblicos’, en los cuales la persona contratada asume totalmente los riesgos de explotación del contrato y obtiene integralmente su remuneración de las tarifas cobradas a los usuarios sin aportes o contribuciones del sector público”, reza el párrafo final del artículo 3.

En efecto, en el artículo 11 la ley estipula la creación de un “fondo fiduciario de garantía y liquidez para cumplir con las obligaciones derivadas de los compromisos firmes y contingentes cuantificables a que se podría obligar el Estado y de los costos que le corresponden por la resolución de controversias, por medio de la suscripción de contratos de participación público-privada”.

El artículo 11 prevé, asimismo, que si los fondos resultan insuficientes para enfrentar las pérdidas de las empresas el Ministerio de Hacienda deberá gestionar los recursos faltantes para compensar a los privados.

A costa del Estado

La creación de este fondo correrá íntegramente a cuenta del Estado. En el artículo 46 se establece que este fondo será formado a partir de:

“a. Los bienes del dominio privado del Estado;

b. Los ingresos provenientes de tasas, tarifas, peajes, contribuciones, incluyendo sus flujos presentes y futuros, siempre que los fondos provenientes de estos ingresos sean destinados a los fines para los cuales fueron creados o establecidos;

c. Los impuestos que tengan un destino específico incluyendo sus flujos presentes y futuros, siempre que los fondos provenientes de estos ingresos sean destinados a los fines para los cuales fueron creados o establecidos;

d. Los fondos provenientes de préstamos con financiamiento externo o local, obtenidos por los organismos y entidades del Estado, siempre que dichos fondos sean destinados a los fines establecidos en el contrato de préstamo respectivo;

e. Los recursos provenientes de donaciones;

f. Los recursos generados por los bonos emitidos por el Tesoro Público que formen parte de los activos de los fideicomitentes;

g. Los recursos que provengan de los denominados ‘Royalties’ y de las “Compensaciones en razón del territorio inundado’ de las Represas Hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá, respectivamente, siempre y cuando se destinen a los objetivos establecidos en las Leyes que establecen su distribución; y,

h. Cualquier otro recurso que se estipule en las Leyes Anuales de Presupuesto General de la Nación”.

En el artículo 50, sobre los derechos del proponente, se consigna incluso que se les devolverá lo gastado a las empresas que no resulten adjudicadas en las licitaciones. A ello hay que añadir que todos los documentos referentes a las bases de los llamados serán cubiertos íntegramente por el Estado.

Obtener, una vez realizada la adjudicación definitiva del contrato, el reembolso de los costos aceptados vinculados con la realización de los estudios previos referidos en esta Ley, en caso de que no resultare adjudicatario del proyecto. Dichos costos involucrarán los estudios de la fase de factibilidad previamente aprobados por la institución contratante y serán de cargo de quien resulte adjudicatario, lo cual deberá informarse en el respectivo llamado público”.

Indemnizaciones y otros beneficios

También se incluyen cláusulas relativas al pago de indemnizaciones a las compañías sin explicitar de manera clara los eventos que deben darse para efectuar estos desembolsos, por lo que el Estado podría verse obligado a pagar dichas indemnizaciones incluso en casos en que las empresas registren pérdidas por su propia ineficiencia. En cambio, en el común de la vida diaria cada ciudadano debe vérselas por sí mismo en caso de que realice una mala inversión.

En el artículo 14, de los compromisos fiscales derivados de los contratos de participación público-privada, se blinda aún más a las empresas privadas al tiempo que se compromete al Estado a afrontar gastos adicionales incluso para el cumplimiento del contrato –“los compromisos firmes”– así como para optimizar a favor de las empresas el cálculo de riesgo-retorno –“los compromisos contingentes”–.

“Se consideran ‘compromisos firmes’ a las obligaciones a cargo del Estado que supongan pagar al participante privado una contraprestación por la realización de los actos previstos en el contrato, incluidas sus modificaciones; en tanto que ‘compromisos contingentes’, a las potenciales obligaciones de pago a cargo de la Administración Contratante y a favor del participante privado, correspondientes a las garantías que el primero haya otorgado a fin de mejorar la relación riesgo-retorno del proyecto e incentivar la participación privada”.

Con respecto al plazo de las concesiones, se establece un periodo de 30 años prorrogables por otros 10 en concepto de reparación de los daños por hechos “fortuitos” ajenos a la voluntad del participante. Esta compensación también podrá darse en forma de aumento de la tarifa para los usuarios, subsidios, entre otros mecanismos, según el artículo 34.

Otra alarma lanzada por políticos de la oposición es la pérdida de soberanía jurídica que podría implicar esta ley en caso de diferendos, ya que el artículo 41 solo hace mención a un “arbitraje” sin determinar de quién o de qué se trata. En este sentido se advierte que en ningún momento se habla del Poder Judicial paraguayo, por lo que estas controversias bien podrían ir a parar al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo del Banco Mundial que sistemáticamente falla a favor de las transnacionales y en contra de los Estados. Incluso las leyes nacionales quedan subordinadas a los contratos, puesto que se deja sentado que las disposiciones legales regirán para las iniciativas público-privadas “en cuanto fueran aplicables”.

En definitiva, el autoproclamado “nuevo rumbo” no constituye más que la reproducción de la vieja y conocida fórmula del capitalismo, que consiste ni más ni menos que en privatizar las ganancias y socializar las pérdidas.

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