Se cagó en la justicia

En la misma sala del juzgado, Paraguayo Cubas se bajó los pantalones y el anatómico y cagó, como una manifestación concreta de que, para él, la administración de justicia es una «mierda».

Escribe Julio Benegas Vidallet

Es probable que por la cabeza de Paraguayo Cubas, ex diputado, ex candidato a gobernador en Alto Paraná, no haya cruzado, ni por asomo, los episodios que viviría luego de que el 15 de setiembre de 2016, con Jorge Brítez y Celso (Kelembu) Miranda, escrachara a la fiscala Cynthia Leiva Cardozo y al fiscal Alfredo Ramos Manzur.

El encono de mucha gente contra la administración municipal, los fiscales, los jueces, la gobernación, había llegado a su umbral de tolerancia con la muerte de una niña de dos años, Sara Amapola Insfrán Torres. La beba murió, el 2 de enero de 2016, electrocutada  en la plaza Agustín Van Aaken, de Ciudad del Este. Las evidencias de responsabilidad de la administración municipal, a cargo de la señora Sandra McLeod, en la precariedad de los servicios de la plaza eran, para muchos, evidentes. Pero los fiscales Cynthia Leiva Cardozo, titular, y Marcelo Saldívar Bellasai, coadyuvante, no incluían en su proceso a la administración comunal.

Esta historia se sumaba a más de 30 denuncias contra la administración municipal, gobernada durante 15 años por el clan Zacarías Irún, que quedaron archivadas en la Cámara de Diputados. Todos esos puntos se habían sumado para pedir la intervención de la Comuna. Una mayoría del pleno de la Cámara Baja, el pacto “azulgrana”, acabó blindando a los Zacarías.

Fuente: churero.com.py

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La fiscala Analía Rodríguez, esposa del secretario de la intendencia municipal, Oscar Ocampos, ordenó en un santiamén la captura de los tres. Los imputó por“violación de la ley de fueros, coacción, daño de interés común”. Media hora después de retirarse del Ministerio Público ya estaban detenidos en la Jefatura Policial. Ahí estuvieron, en una celda de la comisaría de mujeres.

Dos días después, el sábado, Celso Miranda se abstuvo de declarar. Jorge Britez llegó al juzgado pero no quería declarar sin la presencia de todos los abogados que se ofrecieron a acompañarlos. La jueza Alba Meza le dijo que solo dos podían entrar.

Brítez se negó. La policía lo cercó, montó una estrategia y, a empellones, arrastrándolo, lo llevaron al juzgado.

Como medida de protesta, Paraguayo Cubas se desnudó, se metió debajo de la ducha, en la comisaría de mujeres, y se esposó, diciendo que de ahí no saldría.

La policía, desorientada,  pidió a los periodistas que salieran.

La medida fue efectiva. Esa tarde, el 17 de setiembre, la jueza Alba Meza dispuso la libertad de los tres, con orden de comparecer a más tardar el 20 de setiembre ante el juzgado.

No se presentaron. El lunes fueron hasta la gobernación de Alto Paraná, a cargo de Justo Zacarías Irún, hermano de Javier, a protestar contra las chipitas y galletitas de muy mala calidad que proveían a las criaturas de las escuelas. Estas mercaderías eran proveídas por empresas que ganaron licitación para eso, pero que no tenían ni fábrica de galletitas ni distribuidora, sino que son oficinas que tercerizan los servicios, nos cuenta la periodista Mariana Ladaga. Se sentaron en la recepción, se quedaron hasta las 18.00, la policía los desalojó, Jorge Brítez pateaba, se lo detuvo. Poco después, lo liberaron.

El viernes 23 de setiembre el juez Amílcar Marecos los declaró en rebeldía y ordenó la captura de los tres.  Paraguayo Cubas y Jorge Brítez ya estaban presos en Caaguazú. Camino a Asunción quedaron a apoyar la protesta contra el desalojo de la comunidad de Guahory, ese operativo en que algunos  colonos brasileros agradecieron a Horacio Cartes la dotación de fuerza policial, con helicóptero incluido. Los apresaron, junto a otros manifestantes, por el corte de rutas.

Entonces, la orden de captura vino con la orden de traslado a la cárcel regional de Ciudad del Este.

Rumbo al juzgado de Amílcar, Paraguayo Cubas ya sabía exactamente para qué le serviría, a más de atajar el pantalón, su cinto. “Así le daré al juez”, repetía golpeando con el cinto la pared del pasillo del juzgado. Adentro, Jorge Brítez declaraba.

Las familias de Amílcar y Paraguayo eran amigas. Sus padres, uno jefe militar y otro jefe policial, eran amigos. Ellos también lo eran, según Cubas. Según Amílcar, no pasaban de conocidos.

Paraguayo Cubas, con sus defensores y los policías, ingresaron en la sala del juzgado. Durante la audiencia, con el cinto en la mano, arremetió contra el juez. Amílcar se escudó en los brazos. Hubo un segundo intento de cintarazo, pero la policía intervino.

Aún no terminaba el acto. En la misma sala del juzgado, Paraguayo Cubas se bajó los pantalones, corrió el anatómico y cagó. Amílcar miraba desorientado, los abogados defensores no lo podían creer y los policías no atinaban a decir nada. Uno de los abogados salió de la sala desahuciado. “Este tipo está loco”, bramó. “No se lo puede defender”.

Paraguayo se levantó de nuevo los calzones, el pantalón y, esposado, fue retirado del despacho del juez. Pero salió reclamando que le devolvieran el cinto, porque el pantalón se le caería.Ya en las escaleras, eso pasó y caminó con los pantalones por debajo de las rodillas un buen trecho, lamentando no haberle dado a la cara con el cinto al juez Amílcar. En la audiencia, le había dicho que su padre se estaba revolcando en su tumba. Un policía le levantó el pantalón en los pasillos del tribunal y, ante el reclamo de algunos abogados que lo defendían, mientras otros lo tildaban a los gritos de loco, le devolvieron el cinturón y le dieron tiempo de colocárselo de nuevo.

En Ciudad del Este se seguía el caso entre el pudor herido, la rabia y las complicidades.

Fuente: abc.com.py

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Ciudad del Este abría al mundo una ventana que por mucho tiempo estaba sellada.  El clan Zacarías Irún había llegado a un nivel de monopolio en la junta municipal, en la justicia, en la policía, en la administración, “tan discrecional hasta un punto insoportable”, sentencia la periodista Dolly Galeano.

Esta ventana empezó a abrirse cuando, por primera vez, en quince años, el grupo Zacarías Irún perdió la mayoría de la Junta Municipal, e ingresó, entre otros, un personaje pintoresco: Celso Miranda (Kelembu).

Arreciaron las denuncias contra el manejo de este grupo de poder político. Pidieron la intervención, pero se la paró en la Cámara Diputados, con mayoría del gobierno de Horacio Cartes.

Durante todo este tiempo, las múltiples demandas quedaban encajonadas en todas las instituciones. El Ministerio Público y el Poder Judicial, apéndices del clan, “llegaron a un nivel de complicidad lamentable”, al decir de Jorge Brítez.

La gota que colmó el vaso fue la muerte de Sarita. El abogado Jorge Brítez habla de una sobrefacturación de G. 500 millones en los trabajos en dicha plaza, sin los requisitos mínimos contemplados.

“Un cable no debería estar expuesto en una plaza, y si lo estuviera, debería tener un revestido especial, una súper aislación”, nos dice el electricista Victoriano Benegas.

El clan Zacarías Irún se ha abroquelado en torno de sus tentáculos en todos los organismos del Estado, con el apoyo del presidente Horacio Cartes y en relación muy estrecha con empresarios y sus intereses, señala Brítez.

La colega Mariana Ladaga nos cuenta que amén de que ocultan en qué, quiénes y cómo se gasta el dinero público, la Municipalidad de Ciudad del Este trasfirió un terreno de nueve hectáreas, que debían destinarse a la reubicación de los mesiteros (vendederos de calle), a empresarios, entre ellos Walid Amine Sweid, investigado ahora por una operación de lavado de lavado de dinero de 1.200 millones de dólares.

La primera medida que tomó el clan, en la Municipalidad, fue desarticular, con despidos, el sindicato de trabajadores. Luego de esta “victoria” y con mayoría en la Junta Municipal nunca más se supo qué se hacía con el dinero, cuánto costaban las licitaciones, qué tipo de materiales se usaban. Y se contrató, en régimen precario, a miles trabajadores.De 2.650, solamente 320 son permanentes. El resto, jornalero, con contratos de tres a seis meses,para que se lo recontrate, debe tributar lealtad permanente, entre otras cosas llevando familiares a los encuentros político partidarios, según varias denuncias recogidas en la ciudad.

En la cárcel, Paraguayo Cubas ha cintareado a otros jueces de garantías, acusándolos de dejar en abandono a los presos. Además, al tratar de defender a su esposa, la abogada Yolanda Paredes, cuando le impedían ingresar con una laptop, fue golpeado por los guardia cárceles a tal punto que se lo debió internar.

Cuando ya se pensaba que del hospital saldría en libertad, él, nuevamente, no quiso acceder a medidas sustitutivas. Asegura que no es delito penal alguno haber grafiteado la mampara de la fiscala Cynthia Leiva.

“Estamos en la lucha, Paraguayo no está obligado a aceptar medidas alternativas. Es muy grave, un precedente negro, no solamente con Paraguayo Cubas; el atropello, la extorsión, el robo, la corrupción son impresionantes”, cuestiona Brítez.

Paraguayo Cubas está agazapado. Ha pasado el umbral del pudor. “Cagarse” en la justicia puede tener un costo más alto que haber grafiteado la mampara de la fiscala Cynthia Leiva o haberle cintareado a los jueces.

 

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