Saltó la liebre

Opinión: “La rosca mafiosa, oligárquica y transnacional, que además de chupar el agua y la tierra sin el menor escrúpulo, se viene sirviendo del territorio nacional para el tráfico ilícito de cuanta mercadería arroje ganancias, llenando amplios espacios en los medios comerciales de comunicación, medios que han armado un escandaloso estruendo por la instalación de cinco o seis mil familias ¡en 40 hectáreas!”

Por José Antonio Vera.

Dejémonos de falsedades e hipocresía y comencemos a reconocer que la historia de los títulos de propiedad de la tierra en Paraguay es una historia de amoralidad, angurria, complicidades de alcoba, mezquinos intereses, mucha perfidia, abusos institucionalizados, legalización ilegal porque la mayoría carece de legitimidad, historia de un sistema estatal perverso, vergonzante, que sustentó por décadas el siniestro trípode partido-ejército-empresarios espurios.

El Paraguay de hoy sigue siendo una orgía de abusos e ilegalidades, que recién llegará a su fin cuando el pueblo oficie de sepulturero, tras convencerse de que es imposible vivir con dignidad en medio de tanta trapisonda, falacias y montajes de sociedad de mal gusto, acomplejada ante lo auténtico, incapaz de asumirse como hija de pueblos nativos amantes de la naturaleza, sin adoración por el dios dinero, seres que valían por lo que se eran, sin necesidad de exhibirse importantes.

Después de décadas de luchas de las familias campesinas pobres para conseguir tierra para cultivar, producir alimentos y criar decente y humildemente a su familia, como muchos años atrás ocurría en el Paraguay preconsumista, enterrado por el irracional y degenerado sistema capitalista que ingresó su modelo de coexistencia individualista y de creciente egoísmo, hay signos de que las pequeñas brasas que cubrían las cenizas vuelven a alumbrar.

El conflicto generado por los llamados carperos, por encima y debajo de la discusión que debe hacerse en torno a la personalidad de sus cabezas más mediáticas, constituye un hecho de relevante importancia en la renovación, jerarquización e intensificación de las luchas sociales en nuestro país, cuyo pueblo, en su totalidad, aún no ha saldado la deuda cívica contraída con la causa y los humildes combatientes de las Ligas Agrarias.

Entre los cómplices ideológicos –muchos de hecho–, que más hacen oír sus voces de protesta por el peligro de deforestación que generaría la instalación de los sintierra, en un sitio que podría pertenecer a una reserva boscosa, algunos lloriquean porque puede significar “un holocausto ecológico”, en una triste pretensión de brillo intelectual que nunca antes apareció para denunciar a  los grandes empresarios que, en 50 años, han arrasado con millones de hectáreas de bosque.

Madereros, enriquecidos durante años con el contrabando de rollos hacia Brasil, nada dicen de la tala que efectuaban miembros de su fauna en el Parque antes de la llegada de los carperos, y tienen el tupé de alertar sobre el peligro de deforestación, para lo cual recurren a fiscales venales acostumbrados a victimizar a las víctimas de siempre: los peligrosos indígenas y campesinos que, a machete limpio, han arrasado con millones de hectáreas de selva para que las transnacionales planten soja y los latifundios se llenen de animales sin un mínimo de inversión moderna que revalorice la tierra, profesionales del engorde de paraísos fiscales.

Es difícil ser más hipócrita que los autores y el coro de voceros fieles de esa aberrante campaña. La rosca mafiosa, oligárquica y transnacional, que además de chupar el agua y la tierra sin el menor escrúpulo, se viene sirviendo del territorio nacional para el tráfico ilícito de cuanta mercadería arroje ganancias, llenando amplios espacios en los medios comerciales de comunicación, medios que han armado un escandaloso estruendo por la instalación de cinco o seis mil familias ¡en 40 hectáreas!

Esa mala gente sabe muy bien que gracias al cacareo se vende y consume más huevos de gallina que de pato, como se los enseñó el nazi Goebbels, y por eso escandalizan contra los carperos, mientras han permanecido años en silencio o/y participado de la usurpación de tierras fiscales y hoy nada dicen del cultivo de soja por Tranquilino Favero, en 400 hectáreas del Parque, según Evanhy de Gallegos, o las 180 hectáreas mecanizadas que se aprecian desde cualquier vuelo en helicóptero.

El Parque, cuyo diámetro territorial aún nadie precisa con exactitud, está en disputa porque hasta ahora no ha existido interés en elaborar un catastro nacional, dando oportunidad para que los estafadores de los bienes públicos hayan invadido desde hace muchos años esas y otras tierras fiscales, en abierta complicidad de las más altas autoridades de la tiranía estronista, prolongada en la misma inconducta que prosiguen sus herederos.

La repercusión del enfrentamiento de las familias campesinas, convertidas en un pueblo paria sin terruño, producto del acaparamiento de millones de tierras fiscales y el desprecio por el ser humano, ha comenzado a involucrar a nuevos actores en el problema –en el cual siempre estuvieron inmersos, hábil y cobardemente detrás de los cortinados, mirando a hurtadillas la pelea social– que ahora comienzan a reaccionar porque saltó la liebre.

Los bancos acreedores de los grandes productores, desde años poseedores de documentos que, en una escandalosa complicidad, han servido como títulos de propiedad privada para garantizar el otorgamiento de los créditos, han resuelto iniciar una investigación acerca de la autenticidad de esos viejos y amarillentos papeles. Lo mismo debería hacer con muchos títulos de propiedades urbanas.

Reacción tan elemental como oportunista, natural en el sistema bancario, aporta, sin dudas, una ayuda involuntaria a las reclamaciones de las organizaciones campesinas y los fracasados intentos del gobierno de Fernando Lugo para hacer  luz en el conflicto por la tierra en el país, mal que arrancó desde el momento que el imperio británico diseñó la Guerra de la Triple Alianza, hace siglo y medio, para arrasar con la única República independiente de la época en Suramérica.

El 86% de las tierras en manos del 2.5% de la población

La realidad, la gran maestra, nos indica que sólo se necesita un mínimo de honestidad para reconocer esa anomalía que provoca el más importante enfrentamiento social en el país, porque es sumamente dañina para el pueblo, dado que la actual tenencia de las mejores tierras de los 40 millones de hectáreas, del generoso territorio nacional, representa una lacerante injusticia, con el 86 por ciento de las mismas en manos del 2.5 por ciento de la población.

El hecho de que el poder sea detentado por quienes más tierra ocupan es un signo feudal, que sólo ha servido para mantener a Paraguay entre las naciones con mayor descrédito internacional, galardón explicable dado que, en el último siglo y cuarto, su población ha vivido sometida por una estructura económica y social infame que ha impedido el desarrollo de una cultura suficiente entre la población, sobresaliendo en los puestos de decisión un alto porcentaje de personas analfabetas, cuyo único mérito es poseer grandes fortunas, que ningún mago puede detectar su origen.

La burguesía, la poderosa clase explotadora que junto a su riqueza material se ha distinguido en la historia de la humanidad de los últimos siglos por su ilustración, no ha existido nunca en nuestro país. Ese vacío sociológico lo ocupan desde el fin de la Guerra de la Triple Alianza (1870) los estratos que componen las familias latifundistas, ganaderas y graneleras, cuya descendencia ha seguido sus mismos pasos, en métodos e ideas, como herederos de los fabricantes del infortunio nacional, destacando su amor al dinero y la figuración, y su desprecio por la cultura.

La enseñanza, desde la escuela primaria hasta la universidad, ha estado siempre al servicio del modelo imperante, egocéntrica, encerrada en sí misma, ignorando, desconociendo el mundo exterior y su evolución, conforme y conformista en su mediocridad, sin ningún interés en integrarse a los adelantos y avances del mundo, y sus grandes avances artísticos, tecnológicos y científicos, cerrando filas para mantener su infame modelo de estancamiento y conformismo social.

Si ese atraso cultural no existiera tampoco existiría el alto grado de corrupción en el que se mueve la mayor parte de las instituciones públicas y privadas, la negligencia y prostitución burocrática, la ausencia de calidad en los distintos servicios, en particular los que tienen relación con la elaboración de leyes y la aplicación y el respeto por la Constitución Nacional, hasta la desatención alimentaria, la insensibilización de buena parte del personal de salud, el transporte de pasajeros y el control de la producción  industrial y agropecuaria, desde que ésta sale de la tierra hasta su venta en los supermercados, donde la calidad y el precio están a merced de la angurria.

Tampoco habría tanta insensibilidad y falta de autocrítica en el grueso de las actividades cotidianas de cada uno de nosotros que, consciente o no, invertimos  mucho espacio de nuestra vida para imitar lo malo, con muy poca inclinación por la creatividad individual y para valorar los buenos ejemplos: los actos y comportamientos humanos que se pueden observar entre muchas de las personas que mantiene excluida de un mínimo bienestar la estructura del poder estatal, incluyendo la imaginación de las cumbres más altas del trabajo manual y de investigación científica.

Sin la incultura sembrada por la minoría usurpadora de los bienes nacionales, sin dudas que  Paraguay sería otro país, el país que se insinúa en la voluntad de cambios de muchos de sus hijos, quienes hace cuatro años se pronunciaron por comenzar un proceso de transformación social, dispuestos a persistir en el empeño, con decisión de profundizarlo tras el necesario balance de los errores cometidos y lo mucho que falta por recorrer, abriéndose espacio una conciencia de ciudadanía nueva que ya tiene claridad para no retornar a la oprobiosa situación anterior al año 2008.

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