Nueva ley de Telecomunicaciones puede atentar contra la pluralidad informativa según Rubén Ayala

El dirigente de radios comunitarias afirma que no se contempla en el proyecto de ley impedir oligopolios comunicacionales.

Rubén Ayala coordinador de la organización Voces Paraguay brindó su opinión acerca del nuevo anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones, desde Voces Paraguay exigieron que dicha ley debe garantizar la comunicación como un derecho de todos y todas y no como un producto del mercado.

¿La comisión de ciencia y tecnología de diputados ya elaboró un anteproyecto de nueva Ley de telecomunicaciones…Fueron ustedes informados como gremio de este anteproeycto para participar en el debate?

En verdad el proyecto de reforma total de la Ley de Telecomunicaciones es impulsada por el diputado Héctor Ocampos. Mas que informados por el proyectista al enterarnos nosotros como organización, VOCES Paraguay,  de la existencia de un  proyecto de reforma de la Ley,  solicitamos la participación en el espacio que se abrió en el recinto parlamentario, en donde fueron convocados empresarios de los medios comerciales.

En la primera y única reunión que participamos  instamos al proyectista que esta nueva iniciativa sea producto de un amplio y democrático debate con los diversos sectores de la sociedad civil, las organizaciones sociales, el sector privado y las instituciones estatales que se encargan de las políticas de comunicación.  Hemos reclamado  una nueva ley de telecomunicaciones  que garantice la comunicación como un derecho de todos y todas y no como un producto del mercado. Que asegure la diversidad de voces, acceso de los sectores sociales a los medios y fuentes informativas plurales. Esta petición lastimosamente no tuvo eco favorable y las discusiones continuaron con los sectores empresariales invitados.

Rubén Ayala, coordinador de la organización Voces Paraguay

¿Cuáles serían los motivos de los diputados para impulsar una nueva ley?

Una mirada positiva no hace pensar que un proyecto de reforma total de la Ley de Telecomunicación es indudablemente un acierto y una necesidad  ya que la Ley que tenemos tiene ya más de 15 años y a más de tener serias limitaciones en términos de derecho y democracia ya está desfasada en cuanto a los adelantos tecnológicos y los nuevos paradigmas de la comunicación.

Sin embargo, al mirar el borrador del proyecto nos hace sospechar que lo que se intenta aquí es  consolidar los intereses de sectores hegemónicos de la comunicación. Y se alienta, en contra de la diversidad y la pluralidad,  a la producción de contenidos e información que promueva una sola visión de la sociedad y el mundo. Esto indudablemente es de una alta política sectaria y discriminativa.

Aunque se sabe que es aún un borrador,  ¿se puede dar una primera impresión del contenido de ese anteproeycto?

Consideramos que este borrador tiene limitaciones debido a que, en primer lugar adolece del concepto de derecho y se reduce a un concepto mercantil de la comunicación. Por otra parte, no promueve el acceso igualitario de todos los sectores a los medios de comunicación, en particular a la radiodifusión. Y a partir de esto, y lo más preocupante, la libertad de expresión se reduce a las posibilidades económicas del sector empresarial. Los sectores sociales no pueden ejercer este derecho por falta de acceso canales de expresión. Hay algo también muy importante de señalar, que consideramos que este proyecto del Ley no impide  el monopolio y oligopolio de los medios. Esto es nocivo para la construcción de una cultura democrática y la consolidación de la misma democracia.

En términos concretos, y en lo que se refiere a medios comunitarios, este proyecto repite exactamente los artículos que ya están en la antigua Ley, con artículos que restringen y discriminan a las radios comunitarias y en consecuencia a las comunidades y organizaciones sociales, otorgando sólo entre 50 y 30 vatios de potencia y prohibiendo totalmente cualquier tipo de sostenibilidad a través de anunció tanto del sector privado como público. Para graficar la terrible discriminación y atentado a la libertad de expresión les hago con un humor sarcástico el discurso parlamentario de fundamento posible de esta ley: “Ustedes empresarios, señores del dinero puede hablar,  pueden expresarse, y pueden hacerlo de 1.000 a 50.000 vatios de potencia… y ustedes comunidades, organizaciones, pueblo en general pueden hablar, expresarse decir lo que piensan y sienten despacito nomas entre 50 a 300 vatios” Sarcasmo aparte, esto es un verdadero atentado a la libertad de expresión.

¿Qué consecuencias políticas, jurídicas y comunicacionales puede tener la vigencia de una nueva ley de telecomunicaciones para la liberta de expresión de la ciudadanía del país?

Y en primer lugar el no ejercicio pleno de la libertad de expresión por parte de un amplio y variado sector social. Esto grave porque atenta contra un derecho fundamental de la persona humana y las colectividades. Y aquí es bueno mencionar lo que en el mismo informe de la relatoría de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)  se manifiesta: “Los Estados tienen la obligación de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas.

Nos parece importante trabajar con todos los sectores sociales y presionar para que este proyecto salga del ámbito parlamentario y sea discutido por la sociedad civil. Señaló Rubén Ayala

En el marco de esta obligación, los Estados deben evitar el monopolio público o privado en la propiedad y el control de los medios de comunicación, y promover el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de radio y televisión, cualquiera que sea su modalidad tecnológica”  Esto dice este importante organismo de derechos humanos con sede en Washington, no es una declaración bolivariana hecha desde Venezuela, aclaro esto en homenaje a los sectores políticos y de medios comerciales que hoy día, con esta cantinela, intentan desacreditar o reprimir cualquier expresión contraria a sus ideas, pensamientos o intereses.

¿Qué harán como gremio de radio comunitarios y medios alternativos ante este esta proyectada nueva ley?

Nos parece importante trabajar con todos los sectores sociales y presionar para que este proyecto salga del ámbito parlamentario y sea discutido por la sociedad civil. De hecho cualquier Ley debería primero pasar por un amplio debate de los sectores interesado y afectados por la materia. En este caso particular, el hecho de reducir sólo al sector empresarial la consulta cuando la materia a legislar, en este caso la comunicación, entra en el terreno de los derechos humanos, nos parece que somete a una mirada parcialista e incompleta.

En ese sentido planteamos la presencia, por ejemplo, del Sindicato de Periodistas del Paraguay,  Universidades públicas y privadas con carreras de comunicación, Organizaciones de derechos humanos, Organizaciones sociales campesinas, organizaciones culturales y artísticas, redes temáticas que trabajan el tema de la comunicación como mujer, niñez, adolescencia, pueblos indígenas, Instituciones estatales que trabajan la comunicación, entre otros. Este es un gran desafío para nosotros como VOCES Paraguay, como para toda la sociedad paraguaya.

¿Cuáles son, en tu opinión, los ejes transversales que debe contener una ley de telecomunciaciones para profundizar la democratización de de la comunicación en Py?

Como VOCES Paraguay hemos trabajado colectivamente, incluso con otras organizaciones, en una iniciativa por la democratización de la comunicación, una serie de ejes que creemos fundamentales considerar:

Pretendemos una Ley de comunicación, de servicios de comunicación audiovisual, que  reconozca el derecho a la comunicación y garantice, proteja y promueva la libertad de expresión en condiciones de igualdad y sin discriminación, así como el derecho de la sociedad a conocer todo tipo de informaciones e ideas.

Se debería evitar el monopolio público o privado en la propiedad y el control de los medios de comunicación, y promover el acceso de distintos grupos a las frecuencias y licencias de radio y televisión, cualquiera que sea su modalidad tecnológica. Uno de los requisitos fundamentales del derecho a la libertad de expresión es la necesidad de que exista una amplia pluralidad en la información.

En la actualidad, los medios de información, como la televisión, radio y prensa, tienen un innegable poder en la formación cultural, política, religiosa, etcétera. de todos los habitantes. Si estos medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por solo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de personas, o sólo una, ejercen el control sobre la información, y directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas.

Esta carencia de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia. La democracia necesita del enfrentamiento de ideas, del debate, de la discusión. Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento democrático.

Legislar en materia de radiodifusión comunitaria, de manera que se destine parte del espectro a radios comunitarias, y que en la asignación de estas frecuencias se tomen en cuenta criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a las mismas.

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