Responsabilizan al Estado de eventuales daños que pueda sufrir la niña embarazada

Ante el caso de la niña de 10 años embarazada como resultado de la violación y el abuso sexual sistemáticos, la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, Capítulo Paraguay, “expresa su firme posicionamiento a favor de la vida y la salud de la niña de 10 años, puesta en riesgo por una gestación peligrosa para la cual su cuerpo aún no está suficientemente preparado, producto de la violación sistemática de su cuerpo y de sus derechos”.

Demanda que el Estado paraguayo tome sin dilaciones todas las medidas pertinentes para proteger la vida de la niña y su integridad física y psicológica, impidiendo todo sufrimiento evitable y atendiendo debidamente el interés superior de la niña.

Responsabilizan al Estado paraguayo “de los eventuales daños que pudiera sufrir la niña, debido a la falta de respuestas adecuadas y oportunas o por la dilación generada a partir de sus actuaciones”.

Rechazan además la “desproporcionada persecución penal instalada desde la Fiscalía y el Poder Judicial en contra de la madre de la niña, hoy bajo prisión preventiva y sin posibilidades de acompañar a su hija en este trance”. Aseguran que la mujer ha realizado una denuncia por posible abuso sexual –que fue desestimada por la Fiscalía sin mayor investigación– y ha recorrido varios establecimientos de salud buscando una respuesta a la situación de su hija, sin que siquiera le proporcionaran un diagnóstico preciso y oportuno de lo que estaba sucediendo. “No obstante, se culpabiliza a la mujer de los hechos, se la pone bajo arresto y de esa manera se deja a la niña en una situación de desamparo e institucionalizada, sin garantías de que se respeten todos sus derechos”.

Llama a la ciudadanía paraguaya a posicionarse a favor del interés superior de la niña y de la protección de su vida, salud e integridad, exigiendo al Estado paraguayo una actuación ejemplar y acorde a sus compromisos internacionales y nacionales en materia de derechos humanos.

Por otra parte, exigen al Estado paraguayo que ponga a disposición de las niñas que tengan embarazos forzados a causa de una violación, sin restricciones, dilaciones y presiones indebidas, el acceso a la interrupción del embarazo bajo el supuesto no punible que consta en el artículo 109 del Código Penal paraguayo, Ley 3.440.

Señalan que el Paraguay tiene hoy herramientas legales e institucionales para proteger la vida de las niñas, incluso por vía de un aborto terapéutico, y no precisa esperar a un cambio legal para ello. “Impulsamos y apoyamos el debate y las propuestas sobre despenalización del aborto, y creemos firmemente en que el país debe realizar ese gran avance para los derechos humanos de las mujeres y para la democracia. Pero no necesitamos aguardar a que ese debate se realice para salvar a las niñas del embarazo forzado y peligroso para sus vidas”, dicen.

Finalmente, exigen al Congreso Nacional y a la Comisión Nacional de Reforma del Sistema Penal, que despenalicen el aborto cuando la autonomía y la salud de las mujeres están en riesgo, atendiendo particularmente los embarazos forzados a causa de una violación y los casos que afectan a las niñas.

La Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe está integrada en Paraguay por: Articulación Nacional de la Campaña por una Convención Interamericana de Derechos Sexuales y Reproductivos; Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) Paraguay; Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Paraguay; Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP) –Aireana Grupo por los Derechos de las Lesbianas, Asociación Trinidad – Radio Viva, Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (BECA), Centro de Documentación y Estudios (CDE), Colectivo de Mujeres 25 de Noviembre, Organización Feminista Kuña Róga, Mujeres por la Democracia–; el Equipo Feminista de Comunicación (EFC); el Grupo Luna Nueva y Las Ramonas.

Adhieren a este pronunciamiento: Asociación Tesãi Reka Paraguay (TRP) y Asociación Campesina de Desarrollo Integrado (ACADEI).

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