Repudiaron frente a la Fiscalía la persecución contra víctimas de la masacre de Curuguaty

Activistas realizaron una protesta la mañana de este jueves frente a la Fiscalía General del Estado en repudio a la imputación y orden de captura librada en contra de Martina Paredes, Mariano Castro y Darío Acosta, familiares de las víctimas de la masacre de Curuguaty.

«Marina Cue, pueblo mba’e», fueron algunas de las consignas entonadas por los manifestantes.

Los miembros de la Comisión de Víctimas de la Masacre de Curuguaty fueron imputados por el fiscal José Zarza bajo los cargos de invasión de inmueble ajeno, ya que los labriegos reingresaron a las tierras de Marina Cue para hacer una chacra comunitaria de autosustento y homenajear a los campesinos caídos en la lucha por esas tierras del Estado que están usurpadas por la firma Campos Morombí, del Grupo Riquelme, propiedad del fallecido político colorado Blas N. Riquelme.

Los miembros de la Articulación por Curuguaty denunciaron el amedrentamiento y la persecución del que son objeto los miembros de la Comisión de Víctimas para hacerlos retroceder en su lucha por la recuperación de las tierras de Marina Cue y por la libertad de los campesinos presos, quienes fueron llevados a un juicio viciado, sin garantías y con una condena dictada de antemano.

Un pronunciamiento difundido por la organización señala que las imputaciones forman parte de una estrategia de terror como la empleada contra Vidal Vega, testigo clave del caso que fuera asesinado por sicarios el 1 de diciembre de 2012. Esto con el fin de seguir ocultando la verdad de lo ocurrido el 15 de junio de 2012, cuando en un ilegal desalojo llevado a cabo con una orden de allanamiento fallecieron 11 campesinos y 6 policías.

Los carteles también aludieron a la fiscala Lilian Ruiz, encargada de los desalojos y represiones contra los campesinos en San Pedro.

 

Añade que estas persecuciones buscan eliminar los testigos y otras versiones que contradigan el guión que lleva a cabo el fiscal Jalil Rachid, que no ha investigado la muerte de los campesinos ni la actuación policial  de aquella mañana.

Enfatiza que la labor del Ministerio Público no forma parte del sistema de justicia del país, sino que constituye un instrumento de los poderosos de turno. Además apunta que la masacre no terminó aquel 15 de junio y que se sigue perpetrando todos los días con los asesinatos y represiones a los campesinos.

“El mapa del Paraguay se pinta con la sangre que la represión policial y fiscal siembra sobre el campesinado: Maracaná, Luz Bella, Capiibary, Brítez Cue, General Resquín, Yvyrarovana forman parte de un amplio collar de represión que inunda nuestro país, donde a través de la represión, la criminalización y el asesinato buscan acallar la lucha de los campesinos”, señala un extracto del pronunciamiento.

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