Repudian violencia contra comunidad trans

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) emitió un comunicado en que repudió la violencia contra las personas trans y urgió la atención del Estado para frenar esta ola de violencia, signada por la impunidad y la falta de un marco legal que combata la discriminación.

La organizacón refiere que el pasado 31 de octubre Marilina Brizuela, mujer trans, fue asesinada en Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, y el domingo 1 de noviembre en San Lorenzo, departamento Central, Alejandra Villalva, también mujer trans, fue víctima de violencia, quedando con golpes y heridas.

El documento menciona que con el asesinato de Marilina Brizuela, son al menos 55 los casos de asesinatos de personas trans en Paraguay desde 1989 hasta la actualidad, de acuerdo a datos recabados por la organización Panambí. Además, un elemento predominante en estos casos es la impunidad, añade.

Ante ambos hechos de violencia en contra de mujeres trans, urge que el Estado paraguayo, a través de sus instancias correspondientes, esclarezca tales hechos y sancione a las personas responsables de los mismos.

«Estos hechos demuestran que la violencia y discriminación contra las personas trans sigue vigentes; por lo tanto consideramos que el Estado, además de adoptar medidas de no impunidad frente a estos hechos, también debe implementar una serie de acciones de carácter integral, tendientes a la protección de la vida de las personas trans y a que las mismas accedan a sus derechos, como salud, educación, y trabajo, entre otros», dice un extracto del documento.

Entre estas medidas señala que es urgente que nuestro país cuente con una ley contra toda forma de discriminación, cuya vigencia e implementación adecuada contribuirá a crear mejores condiciones de vida para sectores profundamente discriminados y en situación de vulnerabilidad, entre ellos las personas trans.

«Recordamos que varios comités de Naciones Unidas que vigilan el cumplimiento de tratados internacionales, desde hace varios años vienen recomendando que el Estado paraguayo adopte una ley contra toda forma de discriminación», subraya.

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