Representante de Campos Morombí dice que no importa a quién pertenece Marina Cue

El abogado Víctor Peña Gamba aseguró que Campos Morombí cumple una función social. También dijo que la Biblia detesta la lengua mentirosa y a los que “siembran discordia entre hermanos”.

Abogado Victor Peña Gamba. Foto: Paulo López.

Abogado Victor Peña Gamba. Foto: Paulo López.

El pasado jueves se realizó en la Facultad de Sociología y Política de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) el Segundo Seminario sobre el caso Curuguaty, organizado por estudiantes de la institución.

Durante el debate participaron como expositores Martina Paredes, de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Masacre; el abogado defensor Guillermo Ferreiro, el abogado investigador Hugo Valiente y el representante de Campos Morombí, abogado Víctor Peña Gamba. El fiscal Jalil Rachid fue invitado, pero no asistió.

Peña Gamba inició su intervención remarcando que la Biblia detesta la lengua mentirosa y los que “siembran discordia entre hermanos”. Sostuvo que no importa a quién pertenece Marina Cue y aseguró que la empresa a la que representa no busca apropiarse de las tierras, sino que está esperando el momento adecuado en que el Estado esté en condiciones de asumir el cuidado de la “reserva natural”.

Añadió que Campos Morombí cumple una función social y que se hizo cargo de esas tierras ante la irresponsabilidad de las autoridades, reconociendo que la propiedad fue donada al Estado paraguayo.

“No importa a nombre de quién esté”, afirmó al tiempo que remarcó que “no tenemos interés de quedarnos”. También dijo que las personas que ocuparon el lugar reivindicando las tierras no eran “campesinos normales”, sino encapuchados armados.

La "convicción ambiental" de Campos Morombí, que arrienda Marina Cue para el cultivo de soja.

La «convicción ambiental» de Campos Morombí, que arrienda Marina Cue para el cultivo de soja.

Luego intervino otro empleado de la empresa, Anthony von Humbeek, quien exhibió fotos de jaguarete y mostró las “bondades” de la empresa y su “convicción ambientalista”. Ante la protesta del público por desviar el tema interrumpió su intervención, quedando a cargo nuevamente la exposición a cargo de Peña Gamba. Ante la insistencia de este en que no importa a quién pertenezca las tierras y que Campos Morombí no busca apropiarse de ellas, fue increpado por uno de los participantes.

Ofuscado, el representante de la firma del fallecido político colorado Blas N. Riquelme golpeó la mesa y adujo que su “único patrón es Dios”.

Mensura judicial

La apertura del acto estuvo a cargo de Martina Paredes, quien reclamó la realización de una mensura judicial para aclarar a quién pertenecen las tierras en que murieron 17 personas. Recordó a los cinco campesinos en huelga de hambre y lamentó las penurias que deben atravesar por haber exigido un pedazo de tierra.

Luego intervino el abogado defensor Guillermo Ferreiro, quien llamó la atención sobre la ausencia en la mesa del “representante de la sociedad”, en referencia al fiscal del caso Jalil Rachid.

Ferreiro enumeró algunos de los vicios del proceso como el ocultamiento de pruebas y la adición ilegal de elementos como la escopeta que fue denunciada como robaba días después de la masacre y que no guarda relación con los hechos investigados.

Se preguntó qué pasó con la grabación del helicóptero y los casquillos de armas automáticas que fueron entregados a Rachid por el político colorado Julio Colmán y cuya existencia en principio fue negada por el agente fiscal y posteriormente excluida de la causa.

“Las pruebas se van adaptando a las conclusiones que se tomaron previamente”, acusó Ferreiro.

El abogado Hugo Valiente, Martina Paredes, los abogados Guillermo Ferreiro y Víctor Peña Gamba.

El abogado Hugo Valiente, Martina Paredes, los abogados Guillermo Ferreiro y Víctor Peña Gamba.

Desterritorialización

Por último, el abogado Hugo Valiente presentó un contexto global sobre las ejecuciones en el marco de las disputas por el control del territorio de los campesinos, las riquezas naturales, los bosques y el agua. Sostuvo que existe un patrón de ejecuciones extrajudiciales, que sumaron 115 hasta el periodo estudiado (agosto de 2013) vinculado con un plan sistemático de ataques a comunidades campesinas para desterritorializarlas.

Observó que las ejecuciones de dirigentes campesinos, principalmente en los departamentos del Noreste del país, coinciden con las áreas en que más avanza el agronegocio, principalmente la soja, y la deforestación.

Luego explicó la situación legal de las tierras, desde la donación al Estado en 1967 de parte de la Industrial Paraguaya, hasta el juicio de usucapión, en que Campos Morombí impidió por todos los medios la participación del Estado, y la “rectificación” de sentencia realizada irregularmente al haberse resuelto el juicio con el número de otra finca.

El abogado Peña Gamba no respondió a la consulta del cronista de nuestro medio sobre la irregularidad de la “rectificación” de sentencia con el cambio del número de finca ni tampoco sobre la presunta irregularidad de la usucapión otorgada a Campos Morombí, ya que la Armada ocupó el lugar hasta 1999 y, por lo tanto, no transcurrieron los 20 años que establece la ley para adquirir un inmueble a través de esa figura.

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