Registros públicos y Corte dilataron extrañamente esta semana el caso de las 250 mil hectáreas

Suspendieron reuniones y no acudieron a las mesas para intercambiar información sobre el caso de las tierras presuntamente usurpadas al Estado.

La directora de Registros Públicos, Lourdes González, se mostró desde el inicio del caso en contra de la investigación y a favor de los gremios terratenientes.

Marciano Barreto conversa con la jefa de Gabinete de la Corte, antes de entregarle una nota dirigida al presidente, Luis Benítez Riera. Los observa el secretario general del Instituto, Andrés Arguello.

Fueron frustradas esta semana las reuniones y mesas de trabajo organizados con el fin de que Registros Públicos y el Indert intercambien informaciones sobre las propiedades del Estado que serán mensuradas en busca de esclarecer el destinos de unas 250 mil hectáreas aparentemente usurpadas al Estado en Alto Paraná. Registros e Indert tienen documentaciones contrapuestas. Del acuerdo de ambos entes depende la mensura que esclarecerá el caso. Los gremios terratenientes se oponen a la medida.

Pese a la ausencia, la mesa de trabajo ya mantuvo dos reuniones entre el lunes y el miércoles de esta semana, en el Indert. Fueron invitados a participar la Escribanía Mayor de Gobierno, la Procuraduría General de la República, el Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda, la dirección de Agrimensura y Geodesia del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Registros Públicos. A ninguna de ellas acudió Lourdes González, quien sin embargo fue invitada en ambas ocasiones mediante una nota remitida a la presidencia de la Corte, institución de la cual depende la oficina a su cargo.

También, Marciano Barreto y su equipo fueron el jueves hasta el Palacio de Justicia para enterarse de que se había suspendido una reunión fijada con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, los ministros y la directora de Registros Públicos.

Poco antes de las 9.30, Barreto y su equipo técnico-jurídico ingresaron a la antesala del despacho del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, para enterarse de que la audiencia había sido suspendida, “debido a un viaje imprevisto”, se excusó la jefa de Gabinete de la institución, Lorena Yaluk, quien pidió reiteradas disculpas a Barreto. Explicó también que ante la ausencia de los demás ministros de la Corte, el presidente prefirió posponer la reunión.

Ante esto, Barreto entregó a la funcionaria una nota dirigida al presidente del Poder Judicial, en la cual –entre otros puntos- solicita una reunión de trabajo con la directora general de Registros Públicos, Lourdes González. El objetivo es continuar avanzando en el intercambio de información acerca de los orígenes y situación de las fincas 81 y 39, recuperadas por el Estado paraguayo en virtud de una sentencia del año 1953. Esto se había acordado la semana anterior, durante un encuentro en Mburuvicha Róga con el presidente de la República, Fernando Lugo.

Para esa reunión, el Indert solicita que la responsable de Registros Públicos acerque a la mesa técnica interinstitucional ya instalada el libro índice finquero y los microfilmes de las fincas 81, de San Joaquín; 39, de Domingo Martínez de Irala; 183, de Hernandarias, y 2826, de Jesús y Trinidad.

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