Reflexiones sobre el congreso unitario sindical, campesino y social

El congreso que se llevó a cabo el día de ayer, convocado por la CNT, la CUT A, el Frente Social y Sindical y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay, marca un punto de inflexión en la larga lucha por los derechos económicos y sociales en el Paraguay, emprendida por las organizaciones populares.

Foto de Miguel Méndez

El congreso fue un punto de convergencia en las luchas de las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas que hasta el día de ayer venían realizando sus reclamos de manera aislada, contaminadas de un divisionismo enfermizo que no las dejaba articularse en torno a un proyecto en común.

Esta articulación entre los sectores sindicales, campesinos e indígenas resulta una buena noticia en medio de una coyuntura política dominada por la derecha nacional y promete ser una herramienta de lucha más eficaz que las luchas anteriores emprendidas de manera sectorial por estos protagonistas.

Un punto resaltante de este congreso es el documento emergente de él, que tras dos meses de discusión con las bases sociales delinea en él no solo reivindicaciones sectoriales, sino un programa acabado de lucha a llevar cabo en un escenario político adverso, en el cual como ya se dijo es la derecha nacional la fuerza hegemónica en el paisaje político del país.

Pero no todo es lucha y confrontación a la hora de bregar por los derechos económicos y sociales, y las organizaciones sindicales, campesinas e indígenas así lo han entendido, luego de un largo proceso que involucró décadas, hoy las organizaciones que se convocaron en un congreso unitario pretenden inaugurar un camino de diálogo social con los poderes del Estado y así lo han propuesto a sus representantes. Depende de los representantes actuales de los tres poderes del Estado elegir el camino, si la confrontación o la negociación dentro de un amplio diálogo social nacional, que es como lo proponen las organizaciones.

El documento emergente

Resumidamente el documento emergente de este congreso unitario propone cuatro ejes para el diálogo con los poderes del Estado. Estos son:

Modelo de Estado: En cuanto al modelo de Estado propugnado por el congreso unitario se propone Estado Fuerte y no “achicado” que busque el pacto social entre los distintos actores de la sociedad y que deje de inclinar la balanza del bienestar hacia los poseedores de las grandes fortunas. El Estado que proponen las organizaciones es un Estado que garantice el resepeto y la vigencia de los derechos humanos, que vigorice la libertad sindical y respete los derechos de los trabajadores. Asimismo señalan que el Estado debe atender la seguridad social de manera prioritaria, además de implementar medidas que logren la protección del empleo y una ley que garantice el seguro por desempleo. Además requieren del Estado la protección de las empresas públicas que posee, la modificación de la ley del FONACIDE y la democratización de la tenencia de la tierra. Agregan que el Estado debe garantizar salud, educación y vivienda digna a cada integrante de las familias paraguaya. “El Paraguay necesita un Estado donde la democracia no termine con la elección de nuestras autoridades. La democracia es tal cuando la ciudadanía participa en las grandes decisiones” manifiesta el documento. En el mismo se señala que el Poder Legislativo debe legislar para la mayoría de los paraguayos y el Poder Judicial ser cambiado de raíz.

Este apartado del documento finaliza con: “Un presupuesto social y participativo es un imperativo para conseguir el inicio de una mejor utilización de los recursos direccionando haci los programas sociales de contención del hambre y la reforma agraria”

Combate a la Pobreza: En este eje las organizaciones señalan que las políticas sociales no pueden ir desvinculadas del resto de las políticas económicas, de la gestión pública y de las políticas de Estado. Proponen un mayor protagonismo de la ciudadanía en los programas sociales, así como la promoción de políticas sociales que garanticen progresivamente el acceso universal de los derechos de las personas empobrecidas y vulneradas de la sociedad. Como sub eje proponen una política de reactivación productiva y económica con la generación de empleo digno que con seguridad social que apunte a una plena ocupación laboral. También en este eje propone sistemas de producción que permitan pasar del carácter agroexportador ganadero de nuestra economía a un sistema de industralización de nuestras materias primas que garantice la alimentación sana a la mayoría de la población.

Como sub eje también se agregan, el cumplimiento y fortalecimiento de los programas sociales, generación de empleo decente, acceso a la salud, educación y vivienda digna, fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, una nueva política salarial, sistema de seguridad social universal de reparto solidario y Salud Pública y Universal.

Política impositiva: En el documento aprobado señalan que Paraguay tiene una presión tributaria de alrededor del 13%, la más baja de la región, lo cual es uno de los indicadores de la gran desigualdad. Caracterizan al sistema impositivo paraguayo como: carga impositiva insuficiente, con impuestos casi inexistentes a las actividades que generan, siendo los impuestos indirectos los más implementados, lo que hacen pagar más a los pobres que a los ricos. Destacan la alta evasión impositiva existente en el sistema impositivo paraguayo.

Para las organizaciones participantes del congreso los impuestos que deben ser modificados son el IRACIS, el IMAGRO, el IRP, el Impuesto Inmobiliario, Impuesto a la tierra improductiva, Impuesto a la exportación de materias primas, Impuesto a las operaciones Financieras,

Reforma Agraria: El documento emergente destaca que un tercio de la polación vive en las zonas rurales, según la encuesta permanente de hogares del 2011, por lo que urge una reforma agraria integral y un desarrollo rural sustentable que atienda los siguientes puntos: acceso a créditos blandos y a largo plazo, asistencia técnica y diversificación de la producción, apertura de mercados de comercialización, legislación de protección legal de asentamientos, recuperación de tierras mal habidas, tierra asistencia y productividad a indígenas, sistema de control de la tenencia y propiedad de la tierra en forma dinámica y eficiente, y soberanía alimentaria.

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