¿Bolivia socialista? No, gracias

Desde el domingo 25 de enero, alrededor del 60 por ciento de unos 4 millones de bolivianos y bolivianas con derecho a voto, dijeron sí a una nueva Constitución. Tras escrutar el 69.1 por ciento de los votos emitidos, el 59.5 por ciento dijo «Sí», mientras que el 40.4 por ciento, dijo «No».

Si bien es cierto que el «Sí» tuvo una victoria del 60 por ciento en el conjunto del país, el rechazo en la
Media Luna fascista, gobernada por los «opositores autonomistas», fue mayoritario.

Los recuentos parciales reflejan un apoyo a la nueva Constitución superior al 70 por ciento en La Paz, Oruro y Potosí, mientras que en Cochabamba, el respaldo a la nueva Constitución tuvo el 64 por ciento.

Sin embargo, con el cómputo parcial, el texto es rechazado en Chuquisaca, Pando, Tarija, Santa Cruz y Beni, departamentos en los que el «No» al proyecto suma también alrededor del 70 por ciento.

Varias conclusiones se pueden sacar de estos resultados, como aquello del «empate catastrófico» que había acuñado el vicepresidente García Linera. Esto significa, en realidad, que el país está dividido y la otra mitad la maneja la derecha fascista a su antojo.

Pacto entre el gobierno y la derecha fascista

Pese a la importancia de analizar este aspecto, quiero referirme centralmente a la nueva Constitución que se votó el domingo, que no es el proyecto trabajado por la Asamblea Constituyente, sino una nueva redacción producto de un pacto entre el gobierno y la derecha fascista.

Mientras, en octubre del año pasado, campesinos, indígenas y obreros realizaban la gran marcha a La Paz para exigir al Congreso la aprobación de la fecha del referéndum, una comisión de parlamentarios del oficialista MAS, y de los opositores PODEMOS, UN y MNR, cambiaron más de 150 artículos, de un total de 411, del texto aprobado en Oruro por la Asamblea Constituyente.

Este pacto se realizó después de la ofensiva de la derecha, después del intento de golpe y de la masacre de Pando.

El texto aprobado el domingo incorpora el acuerdo firmado con la derecha y eso significa un gran retroceso. La derecha impuso sus condiciones y reivindicaciones y el texto constitucional sufrió un cambio de contenido, no de forma.

El acuerdo legitimó el cogobierno de los «cívicos» en toda su área, dándoles una autonomía que permite a la Media Luna continuar armándose y utilizar el aparato del Estado para preparar, ya sea la separación del territorio de Bolivia, de la región que gobiernan, o bien para volcarse a tomar el poder en toda Bolivia.

Tiene aspectos progresivos, pero no son esenciales

La Constitución tiene muchos aspectos progresivos. En muchos casos representan un avance respecto de las anteriores constituciones bolivianas, como los derechos democráticos o el reconocimiento de los derechos de los indígenas. Pero esos aspectos progresivos no hacen a la esencia del texto.

Los derechos democráticos y la lucha contra la opresión tienen que ir juntos con el cambio de las estructuras económicas coloniales, de lo contrario no se garantizan ni esos derechos ni la eliminación de la opresión y, mucho menos, de la explotación.

La propiedad privada de los medios de producción y la explotación, que es la generadora de desigualdades y pobreza, es el centro, el karaku del sistema capitalista. Estos aspectos continúan en la nueva Constitución.

La Constitución votada el domingo sigue siendo burguesa, consagra un Estado Social de Derecho, mantiene la propiedad privada y los intereses de las transnacionales. Bolivia seguirá siendo un país capitalista semicolonial.

Intereses económicos de la burguesía

El texto valida los principales intereses económicos de la burguesía. Vayamos a ejemplos:

Tierras: El artículo 315 legaliza la gran propiedad de la tierra, prevé que podrán existir grandes empresas agrícolas. Se legalizó el latifundio ya que la consulta sobre la extensión máxima votada de 5.000 hectáreas, no tiene validez para las tierras acaparadas antes del 25 de enero. O sea, los latifundios existentes, seguirán existiendo y quedarán tal como están.

Autonomía Departamental

fue incorporada la esencia de los estatutos autonómicos de la Media Luna. Los departamentos tendrán facultad de legislar, elegir sus autoridades y tener recursos e impuestos propios. Al mismo tiempo, las reivindicaciones indígenas y campesinas en cuanto a autonomía regional y autonomía indígena fueron desvalorizadas. Están previstas, pero en realidad sin poder real y quedan supeditadas a los departamentos y municipios. Continuará y se reforzará el centralismo departamental.

Recursos Naturales

hay una trampita en el texto aprobado. Mientras Evo habla que la nueva Constitución garantiza los recursos naturales bajo control del pueblo boliviano, la verdad es que en el art 351 dice: «El estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixta». Además en el artículo transitorio 7 plantea que «las concesiones sobre recursos naturales deberán adecuarse a los derechos ya adquiridos», es decir, respeta los contratos firmados con las grandes transnacionales.

Agua

Es reconocido como un derecho fundamental para la vida y la soberanía del pueblo (artículo 373), pero se permite la gestión por cooperativas y empresas mixtas.

Educación

No se garantiza la gratuidad de la educación en ninguno de sus niveles, en tanto que sí se garantiza la educación privada. La descentralización de los servicios públicos, una orientación del Banco Mundial, está perfectamente contemplada en la nueva Constitución pactada:«La gestión de la educación y salud pasan a ser competencias compartidas entre el Estado central y los departamentos» (art 299-inc.2.2), o sea ya no será función principal del Estado cuidar y pagar por estos servicios.

Crisis económica

Frente a la crisis económica que golpea a los trabajadores, la Constitución no prohíbe los despidos y protege a la propiedad privada de los ricos. La Constitución no garantiza la estabilidad laboral. En el art 49 inciso III, dice: «se prohíbe el despido injustificado» pero no hay ningún castigo a las empresas que despidan. Los bienes adquiridos y las ganancias de los empresarios están protegidos. La mayor necesidad de millares de obreros mineros es la defensa de sus fuentes de trabajo y sus derechos laborales. Mientras un sector de las bases y la FSTMB pide al gobierno la nacionalización sin indemnización de las empresas que despiden, la Constitución va en el sentido opuesto: defensa de la propiedad privada de los empresarios.

Carácter de clase del Estado

La historia demostró que si un gobierno que se dice revolucionario no enfrenta a la burguesía y mantiene la estructura del Estado capitalista y todas sus instituciones, en particular las FFAA, termina por reprimir las luchas de la clase trabajadora, del campesinado, los indígenas y el pueblo.

En Bolivia, el gobierno de Evo Morales sufre una gran presión pues es un resultado directo del proceso revolucionario de 2003. La oligarquía presiona para derrocarlo, es la contrarrevolución. Las masas populares deben presionarlo porque lo eligieron para que cumpla grandes cambios estructurales.

De esta lucha entre revolución y contrarrevolución depende el futuro de la clase trabajadora y pueblo pobre. Reformas y maquillajes embellecedores no son suficientes para modificar el carácter de clase del Estado y su vinculación a los intereses de las clases dominantes.

El Estado no es algo neutral. El cambio de su naturaleza de clase, el cambio de Estado burgués (sociedad capitalista), a Estado obrero (sociedad socialista), implica, necesariamente, la destrucción del Estado burgués, de la sociedad capitalista. Podemos decir que somos socialistas, pero si no liquidamos el Estado burgués y comenzamos la edificación de la sociedad socialista, estamos diciendo cualquier cosa.

Con la Constitución presentada el domingo, Evo decidió: ¿Bolivia socialista? No, gracias.

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