Reelección: criminalización y miedo a la voluntad popular

Un análisis de la campaña por la reelección, su proceso, el accionar de la oposición y la prensa.

Organizaciones políticas del Frente Guasu impulsaron la campaña por la reelección de Fernando Lugo. Foto: Mundo.

Por: Eduardo Pérez.

La judicialización de la contienda política parece ser el recurso favorito de los partidos políticos conservadores ante las iniciativas de participación democrática impulsadas por sectores progresistas.

Al inicio de la campaña por la reelección, impulsada por las organizaciones políticas del Frente Guasu, referentes de los sectores de oposición al gobierno de Lugo argumentaban que el pedido de modificación de la Constitución por vía de la enmienda era inconstitucional y que la reelección sólo podía ser incluida a través de una Reforma Constitucional.

Criminalizar la participación política.

Como las opiniones de juristas y convencionales constituyentes estaban divididas con respecto al tema y la iniciativa tomaba cuerpo luego de que la Justicia Electoral rubricara las planillas para la recolección de firmas, las denuncias impulsadas por adherentes del Partido Colorado, PLRA, UNACE, Patria Querida y otros no se hicieron esperar. Los abogados Alfredo Estigarribia López y Avelino Ávila Romero presentaron en junio de 2011 una denuncia contra referentes de Frente Guasu por atentado contra el orden constitucional, la existencia del Estado, coacción a un poder del Estado y asociación criminal.

Aparentemente las denuncias buscaban frenar la recolección de firmas y generar temor en la gente diciendo que quienes firmaran las planillas podrían ser sujetos de un proceso legal.

100 mil firmas.

"Buscaban frenar la recolección de firmas y generar temor en la gente diciendo que quienes firmaran las planillas podrían ser sujetos de un proceso legal".

La recolección de firmas continuó a pesar de las judicialización y el tema de la reelección se convirtió en el centro de la agenda política desde el principio, generando una polarización pocas veces vista en nuestro escenario político. Unas cien mil firmas fueron las que se presentaron al Congreso Nacional tras casi un mes de iniciado el proceso y las mismas quedaron en poder del Senado para definir allí si el pedido era aprobado o rechazado.

En medio de todo esto, eran destituidos del gabinete de Fernando Lugo los ministros Efraín Alegre y Rafael Filizzola, ambos con proyectos presidenciales para el año 2013, lo cual exacerbó aún más los ánimos  de los anti-reeleccionistas que lejos de admitir que los mismos habían hecho públicas sus aspiraciones presidencialistas meses antes, alegaban que las destituciones se debían exclusivamente al hecho de que ambos se habían opuesto al proyecto de la reelección.

“Convocatorias masivas de medio centenar de personas”.

Las numerosas denominaciones que adquirieron a partir de allí los grupos que se oponen a la reelección, tuvieron como constante la escasa convocatoria a pesar de todo el apoyo de ciertos medios de comunicación que llegaron a calificar como masivas las convocatorias de “más de medio centenar de personas”.

Con este panorama desalentador y ante la contundencia de las cien mil firmas presentadas en el Congreso, los partidos de oposición optaron por recurrir nuevamente a las denuncias fiscales, esta vez buscando desacreditar la autenticidad de las firmas basados en las publicaciones del diario ABC Color, órgano rector de los sectores más conservadores y reaccionarios del país.

El único objetivo de estas denuncias es desviar la atención del tema de fondo que es el de someter a la decisión del pueblo una modificación de la carta magna mediante mecanismos democráticos y participativos como la iniciativa popular y el referéndum.

El Senado, en lo que sabe.

No resulta llamativo ya que, paralelamente a la presentación de las denuncias y el mismo día en que las mismas fueron presentadas, el estudio del pedido de enmienda sea tratado en la Comisión de Legislación como un mero trámite ya que, la oposición al gobierno es mayoría en el Congreso, por lo tanto era lógico esperar que rechacen el pedido. La decisión fue tomada en comisión sin contar con el quórum necesario para sesionar dictaminando contra el pedido de 100 mil ciudadanos y ciudadanas.

El pedido de enmienda fue luego sometido a plenaria sin contar con el dictamen de la comisión de asuntos constitucionales, que es la comisión que realmente debería haberse expedido sobre el pedido que tantas veces los voceros de la oposición denunciaron como “inconstitucional”. Sabiendo que estas acusaciones, así como las demás eran falsas, los senadores votaron contra la propuesta de someter a la voluntad y elección del pueblo la inclusión de la figura de la reelección en nuestra Constitución Nacional.

La combinación de elementos como la criminalización de la participación popular y democrática, la difusión de noticias falsas, alarmistas y difamatorias, así como el recurso del voto apresurado, sin debate y sin dictámenes que fundamenten una aprobación o rechazo de la iniciativa por la reelección, son la muestra más clara de cómo se mueven quienes dicen ser nuestros representantes cuando el pueblo decide participar en política.

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