Red Rural pide a Lugo reglamentar Ley sobre fumigaciones

Apoyan el reglamento Nro. 660 del SENAVE.

La Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo, solicita en forma urgente al Poder Ejecutivo la reglamentación de la Ley 3.742 “De Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola” y apoya la Resolución Nº 660 emitida por el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE) el pasado 31 de agosto.

Las instituciones que conformamos la Red Rural de Organizaciones Privadas de Desarrollo (Red Rural), por medio de un comunicado, argumentan que SENAVE tiene la potestad por ley de controlar a través de especificaciones técnicas cualquier actividad que implique la utilización de los mencionados productos en todo el territorio nacional. Por lo tanto, deben ser respetadas y cumplidas obligatoriamente sin excepciones.

“Las crecientes denuncias relacionadas a las fumigaciones con productos agroquímicos en cultivos aledaños a las comunidades campesinas e indígenas, en nuestro país y en la región, exigen de parte de las instituciones estatales la aplicación del principio precautorio de salud. Como también la aplicación de normas que dejen en claro los criterios de utilización de dichas sustancias por un lado, y la realización de análisis e investigaciones de manera urgente para el esclarecimiento de las denuncias por otro”.

Según el pronunciamiento, la resolución Nº 660 puede ayudar a que conceptos sensibles como barrera viva, franja de protección, caminos vecinales poblados, asentamiento humano, aeronave agrícola y otros que figuran en ella no se presten a malentendidos. Y que el aviso previo a la fumigación con 24 horas de antelación, sea por vía aérea o terrestre, será una medida que podría prevenir a las comunidades. Que los demás capítulos y los artículos de la resolución Nº 660 pueden aportar a una mejor manipulación de los productos agroquímicos y también responder, aunque sea mínimamente, a los reclamos de los sectores afectados en el campo.

Finalmente, exigen que el Estado Paraguayo, de manera interministerial, ahonde en las investigaciones médicas, científicas, sociales, químicas o de cualquier índole con la mayor premura, para definir las implicancias de la utilización de las sustancias agroquímicas en el medioambiente y las comunidades.

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