Recordaron a Franco existencia de 8,7 millones de hectáreas de tierras malhabidas

Representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos se reunieron esta mañana con el presidente impuesto por el golpe parlamentario. El dirigente Nils Candia lamentó que hasta el momento la acción del Poder Ejecutivo para recuperar los inmuebles haya sido casi nula.

Fuente: IP Paraguay

Fuente: radiotvnuevoparaguay.com

Los inmuebles fueron usurpados al Estado durante y después de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). El presidente de la Asamblea, Nils Candia, sostuvo que la usurpación de las tierras públicas se registra tanto en la Región Oriental como Occidental del país. Lamentó que hasta el momento la acción del Poder Ejecutivo para recuperar los inmuebles haya sido casi nula.

“Sigue la impunidad, aunque yo creo que esto va a tener un corte comercial con la gestión que se está haciendo. Tenemos mucha esperanza porque vemos que el presidente de la República tiene la voluntad de recuperar lo que al Estado le han robado en todo este tiempo”, expresó Candia en rueda de prensa tras la reunión en Palacio de López.

Indicó que la intervención del exasesor jurídico del anterior Gobierno, Emilio Camacho, en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) constató que mucha gente sin derecho a la reforma agraria posee grandes extensiones de tierra.

El dirigente mencionó un caso concreto de supuesta irregularidad que involucraría a una familia propietaria de un emblema que se dedica a la venta de combustibles derivados del petróleo en el país. “No solo eso, sino a alguna gente como Ortega, dueño de Barcos y Rodados, en vez de pagar 382.000 guaraníes la hectárea, Indert le permitió con Barreto (Marciano, expresidente del Indert) tener una reducción por el costo de hectárea a 30.000 guaraníes la hectárea, lo que demuestra que la corrupción no es un recuerdo del pasado, sino que sigue tan campante y sigue hasta hoy”, aseveró Candia.

Denunció además la ocupación irregular de más de 1.000 campos comunales en el interior del país, que son intransferibles. En ese contexto, acusó a la familia del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Núñez, de querer apropiarse supuestamente de un campo comunal en Villa Oliva (Ñeembucú).

 

 

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