Reclaman juicio político a fiscala general Sandra Quiñonez

La Plenaria Nacional de Organizaciones Campesinas e Indígenas se moviliza el 22/3 desde las 8 hs frente a la sede del Ministerio Público en Asunción, en repudio al desempeño de la fiscala general Sandra Quiñónez. Tras una marcha por el microcentro, llegarán frente al Congreso, reclamando la destitución de la fiscala general exigiendo que el Legislativo de respuesta a las reivindicaciones exigidas en el marco de la Lucha Prolongada contra Todas las Injusticias, principalmente la derogación de la ley que criminaliza la lucha por la tierra (ley Riera Zavala).
Entre tanto, en los distintos departamentos prosigue el cierre intermitente de rutas, en el marco de los preparativos para la XXVIII Marcha Campesina, Indígena y Popular, a realizarse este jueves 24 en Asunción. El miércoles 23 partirán en caravanas desde los distintos puntos del país, la llegada está prevista para las 19 hs, al predio del ex Seminario Metropolitano , donde pasarán la noche para marchar al día siguiente.

«Invitamos a todos los sectores democráticos organizados y a la ciudadanía en general a sumarse a la XXVIII Marcha Campesina, que este año pasa a ampliarse para traer a Asunción los sentidos reclamos de las comunidades más vulnerables del país y a exigir el cumplimiento de todos los derechos humanos , los derechos campesinos, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos sociales, culturales y ambientales de toda la población paraguaya», indicaron los organizadores.

Desde el fin de semana pasado comenzaron a arribar a esta capital contingentes de organizaciones campesinas e indígenas que se sumarían a trabajadores de la Gran Asunción para iniciar una semana de protestas por la grave situación económica que vive la población que se intensificó con la suba de los precios del combustible.

Por su parte la Federación Nacional Campesina (FNC) liderará el jueves 24/3 la “XXVIII Marcha Campesina, Indígena y Popular” como una continuidad de lo que dio en llamar “la lucha prolongada”, un serie de mítines y protestas a lo largo y ancho del país que iniciaron el 9/3 pasado.

Desde el 21/3 se concentraron en 17 puntos estratégicos de las rutas nacionales donde realizaron cortes intermitentes en los que dieron a conocer las demandas, entre otras, la derogación de la llamada “Ley Zavala-Riera”, que criminaliza la ocupación de tierras y el cese de los desalojos de los asentamientos campesinos, indígenas y urbanos.

LA FNC y sus aliados reclaman a su vez una política de estado para estimular la producción nacional y una baja en los precios de los combustibles que aumentaron unos 2.300 guaraníes por litro (unos 50 centávos de dólar estadounidense) sólo en el último año.

Piden por ejemplo, una ley de emergencia nacional, “que contemple la asistencia con kits de alimentos, subsidio al pago del uso de electricidad, intermediar la moratoria de pago de deudas campesinas a nivel nacional”.

Vale destacar que la marcha del jueves, para la que se espera una movilización de unas 10 mil personas como mínimo, será la primera de carácter unitario del sector campesino en más de una década.

Al movimiento y a las demandas se sumó la Unidad de Acción Popular (UAP) integrada por la Articulación Campesina Indígena y Popular ACIP, la Coordinadora Nacional Intersectorial CNI y la Organizaciones Nacionales Unidas Sin Tierra y Vivienda ONU – STV compuesta por; Movimiento Agrario Popular (MAP), Organización Nacional de Cañicultores Agropecuario (ONCA), Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), Organización Nacional Campesina (ONAC), entre otras.

Como reclamos más de fondo se pide el juicio político a la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñónez y una demanda al gobierno para que defienda los intereses nacionales en la renegociación del tratado de Itaipú que ocurrirá en el 2023.

“Invitamos a todos los sectores democráticos organizados y a la ciudadanía en general a sumarse para que este año podamos ampliar la manifestación y llevar adelante los sentidos reclamos de las comunidades más vulnerables del país, exigiendo el cumplimiento de los derechos de toda la población paraguaya”, se instó en la convocatoria.

La cuestión del combustible despertó una movilización que inició a mediados de marzo en principio espontánea pero que luego fue organizándose, nucleando especialmente a camioneros, taxistas y trabajadores de motomandados.

“Desde el sábado pasado, 7 empresas de transporte que operan en la capital aumentan el costo del pasaje a G. 2.800, medida que anticipa el posible ajuste de la tarifa de las empresas del área metropolitana. Para semana santa, se anuncia una suba de entre G. 10.000 y 15.000 de los pasajes de media y larga distancia”, expuso el Partido Comunista (PCP).

“Necesitamos encontrarnos en las calles para poner un freno a los tarifazos y avanzar hacia la estatización y cooperativización del sistema de transporte público, donde los trabajadores participen de la dirección, habilitando el proceso de electrificación de los buses, además de regular la especulación con los precios del gas, combustibles y alimentos”, alentó.

Entre tanto, la Asociación de Camioneros del Guairá cerró el importante cruce Villarrica-Paraguarí, pidiendo que se efectivice la baja del precio de combustibles decidida por Petróleos Paraguayos (Petropar) pero todavía no convenientemente implementada según expusieron. Especialmente piden la aprobación y promulgación de la ley que crea el fondo de estabilización para subsidiar el combustible.

El ministro del Interior, Federico González, anunció a partir del 21/3 una baja de 1.000 guaraníes (0,14 centavos de dólar) al litro del diésel tipo III y de 800 guaraníes (0,11 centavos) a la gasolina de 93 octanos, que se esperaba comenzara a implementarse.

También indígenas de la comunidad Makxawaiya cortaron una ruta troncal en el Chaco paraguayo pidiendo se cumpla con la merienda escolar para los niños y que se les confeccione la cédula de identidad para acceder al programa de Tekoporã, subsidios alimentarios que se entregan a la población más carenciada.

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