Rechazo de acción de inconstitucionalidad presentada por Lugo: la Corte cambió la jurisprudencia

El acto de rechazo del Senado trae consecuencias significativas en el orden jurídico y político.  Por Adolfo Ferreiro

 

Adolfo Ferreiro. Fuente: palorubin.com

El rechazo de la acción de inconstitucionalidad deducida por el Presidente Fernando Lugo contra la Resolución N° 881 del 22 de junio de 2012, por la que el Senado lo destituyó, trae consecuencias significativas en el orden jurídico y político, más allá de los efectos particulares en el caso, que deben ser prudentemente consideradas.

De hecho, el aspecto principal y trascendente de lo que se juzgó, es si la resolución del Senado es o no “una cuestión justiciable”, como bien lo expresa el voto de la ministra Bareiro de Módica, quien se pronunció diciendo “es una cuestión no justiciable… la… acción de inconstitucionalidad debió rechazarse in límine”, es decir, no debió siquiera tratarse y merecer acuerdo y sentencia. Todo esto se basa en la interpretación de la Ley y la Doctrina sobre la Constitución y el instituto del Juicio Político. El voto mereció la adhesión sin ninguna reserva de los ministros Fretes y Núñez Rodríguez, con lo que el rechazo adquiere un valor político institucional de primera magnitud.

El volumen FALLOS INSTITUCIONALES, publicado en el año 2000 por la Corte Suprema de Justicia, recoge algunos que hasta ahora se entendían como la mejor jurisprudencia y doctrina de la Corte en importantes cuestiones relativas al ordenamiento jurídico y político. Comienza el segundo tomo con el Acuerdo y Sentencia N° 184 de 1995, que consigna que “no puede existir cuestiones no justiciables” y que “ningún acto, proviniere de quien proviniere, puede escapar a la posibilidad de ser sometido al control de constitucionalidad, por parte del órgano encargado del cumplimiento de dicha función por mandato constitucional”. Rotundamente, Lezcano Claude afirma el principio de que “en un Estado de derecho los actos de las autoridades públicas deben estar encuadrados en el marco legal y, en particular, constitucional. La verificación de este hecho, provocado por quien tiene derecho a ello, no puede ser soslayado en ningún caso”. Dado que siempre hubo quienes pretenden que, por “políticas”, las decisiones de las cámaras del Congreso son “no justiciables”, incorpora la opinión de Quiroga Lavié, en el sentido que “el acto de control judicial respecto de una decisión política para verificar si ella ha excedido o no el marco constitucional, no puede significar sustituir al gobernante en la decisión política, sino simplemente impedir que la violación constitucional se produzca”.

El ministro Sapena Brugada adhirió al voto de Lezcano Claude, discurriendo sobre sutiles apreciaciones doctrinarias y jurisprudenciales, pero afirmando que “nada… puede significar que la Corte abandone la vigilancia y defensa de los intereses individuales cuando un acto de otro Poder, sea del tipo que fuere, violare un derecho tal como el de defensa de un individuo sea cual fuere su cargo y sea cual fuere la naturaleza del proceso que se le siguió”. Concluye que declarar la inconstitucionalidad de una resolución de la cámara en cuestión no implica inmiscuirse en cuanto a su contenido, conforme las atribuciones constitucionales del juzgador, sino “remediar una situación creada por la violación flagrante” del “derecho de defensa”.

Completando la construcción del criterio jurisprudencial de la Corte, el Ministro Paciello Candia dejó al constitucionalismo paraguayo el aserto: “en un Estado de derecho es inconcebible la existencia de cualquier órgano por encima o al margen de la Ley. De ahí que todos los actos resulten justiciables, y para el efecto existe una Ley Suprema, que es la Constitución”.

Dado que el Acuerdo y Sentencia dictado por la actual Sala Constitucional (ministros Núñez Rodríguez, Bareiro de Módica y Fretes) determina que “el juicio político, tal y como está regulado por nuestra Constitución Nacional, es una cuestión no justiciable”, cabe resaltar lo que dice el ministro Paciello Candia, a lo que se adhieren los otros: “las garantías del debido proceso legal, representadas por la razonable oportunidad que se brinde a cualquier afectado de ejercer su defensa, son de imperativa exigencia dentro del sistema de la Constitución Nacional y no solamente para los procesos judiciales”.

Más allá del injusto que se protesta por la destitución del presidente Lugo, por el concierto de comportamiento inconstitucional y antirrepublicano del Congreso, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, se hiere dramáticamente, con el Acuerdo y Sentencia N° 1323, el pacto constitucional de convivencia pacífica y sometimiento de todo y de todos a las limitaciones de la Ley.

De hoy en más, los más altos exponentes del poder político e institucional, quedan a la merced de cualquier arbitrariedad que cometa contra ellos el Congreso. Conforme la sana doctrina y la correcta normativa constitucional, el Juicio Político no está para que los legisladores puedan actuar sin las limitaciones de las garantías del debido proceso, entre otras, y la protección del control constitucional. Esto siempre lo sostuvo la Corte, incluso en defensa de sus integrantes, varias veces agraviados por el Congreso.

Ahora, paradojalmente, ella misma, el Presidente y el Vicepresidente de la República, los ministros del Poder Ejecutivo, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, han perdido la protección de la Constitución a sus derechos inalienables, quedando al arbitrio de la circunstancialidad de un Poder Legislativo que ya no tendrá necesidad, siquiera, de garabatear un precario y vergonzoso libelo acusatorio ni, muchos menos, padecer el bochorno de un juzgamiento de resultado anticipado, para guardar cierta apariencia de legalidad.

La actual Corte Suprema de Justicia, con el Acuerdo y Sentencia N° 1323 se ha colocado a merced del desenfreno partidario y con ella a todos aquellos que podrán ser destituidos sin más, de la manera y por las razones que quieran los políticos. No serán justiciables sus actos, cualquiera sea la aberración jurídica y política que se perpetre. La crisis terminal del sistema constitucional paraguayo no permite optimismos. La reparación del desacierto llevará, lo más probable, décadas de esfuerzo cívico.

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