Rechazan pedido de prisión domiciliaria para campesinos en huelga de hambre

Tribunal de Salto del Guairá alegó que no hay «elementos nuevos» que sustenten el pedido de prisión domiciliaria. 

El tribunal de Salto del Guairá rechazó el pedido de prisión domiciliaria para los campesinos presos. Foto: Ciagarrapy.

El tribunal de Salto del Guairá rechazó el pedido de prisión domiciliaria para los campesinos presos. Foto: Ciagarrapy.

El tribunal de Salto del Guairá, presidido por el juez Ramón Trinidad Zelaya, rechazó el pedido de prisión domiciliaria planteada por la defensa de los campesinos presos por la masacre de Curuguaty, alegando que no hay “elementos nuevos” que ameriten el otorgamiento de la medida.

En su resolución, el juzgado alega que no hay ningún peritaje médico que haga constar enfermedad grave o terminal para cambiar la prisión preventiva por la domiciliaria.

Dice que sus signos vitales están normales y que se encuentran lúcidos, además de estar recibiendo atención médica. De esta forma, el tribunal falló de acuerdo al pedido del fiscal Jalil Rachid, quien solicitó que se mantenga la prisión preventiva.

Ante la protesta de los presentes, que calificaron de asesino al fiscal Rachid, un pelotón del Grupo Especial de Operaciones (GEO) se aprestó para intervenir.

Arnaldo Quintana, Adalberto Castro, Felipe Benítez Balmori, Néstor Castro y Rubén Villalba se encuentran en huelga de hambre hace 54 días exigiendo la prisión domiciliaria hasta que la Corte resuelva el litigio sobre la titularidad de las tierras de Marina Cue. Por el delicado estado de salud en que se encuentran, fueron derivados días pasados de la cárcel de Tacumbú al Hospital Militar.

Este hecho es fundamental para la defensa, pues el núcleo de la acusación del fiscal Rachid es que los campesinos sabían que las tierras son de “legítima propiedad” de Campos Morombí, y que con el fin de apropiarse de ellas crearon una asociación criminal jerárquicamente organizada y montaron un plan para asesinar policías para lograr sus fines aquel 15 de junio de 2012.

El proceso está marcado por irregularidades como la nula investigación de la muerte de los campesinos. De acuerdo a la investigación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), existen pruebas de que al menos siete de los fallecidos fueron capturados vivos y posteriormente ejecutados.

La introducción irregular y hasta la desaparición de evidencias marcan además el proceso fiscal. Algunos de los hechos comprobados es la aparición de una escopeta entre las evidencias acusatorias que no guarda relación con la masacre, pues fue robada a un militar retirado en una estancia, días después de los sucesos de Curuguaty, como consta en actas policiales.

A esto se añade la desaparición de evidencia como casquillos de armas automáticas, que probarían que no fueron los campesinos y sus armas obsoletas quienes dispararon sobre los policías; la introducción tardía e irregular de seis cajas de evidencias fuera del tiempo establecido y que vulneró el derecho de defenderse de los campesinos, pues los abogados defensores nunca tuvieron acceso a las supuestas evidencias.

 

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