Reafirman que los campesinos pueden realizar mensura en la Colonia Barbero

Los labriegos que viven en parte de las tierras que habían sido donadas al Estado paraguayo por el Gobierno de Italia intentan destrabar un juicio de mensura bloqueado en la justicia por chicanas judiciales de los sojeros y ganaderos que usurpan ilegalmente parcelas del inmueble.

La mensura es impulsada a los fines de delimitar claramente la extensión del territorio y recuperarlo íntegramente para la legalización del asentamiento campesino. Asimismo, el objetivo es revertir el intento de despojo llevado a cabo por Luis Ortigoza, presidente del Indert durante el gobierno de Federico Franco, quien realizó una mensura en 2013 que hizo desaparecer más de 3.000 hectáreas, intentando blanquear así a los empresarios que usufructúan ilegalmente las tierras. También intentó rematar la propiedad adquiriendo una deuda impositiva que debió extinguirse según el acuerdo de donación.

“Los campesinos de la Colonia Barbero son donatarios de hecho y de derecho conforme al Acuerdo Bilateral Ley Número 4732/12 suscripto y ratificado entre el Gobierno de Italia y Paraguay que no solo los hace partes, sino que les da la legitimación activa para presentarse en cualquier proceso. Los mismos han incoado una nueva mensura y cuya legitimación activa ha sido reconocida por el juez de la causa; y también la legitimación fue reconocida en el juicio de remate y otros procesos”, sostienen los asesores de los campesinos.

La abogada Leticia Almada Paoli explicó que lo establecido en los artículos del tratado internacional “no se puede borrar con el codo” porque cuando se firmó este tratado el objetivo era convalidar la situación de hecho que ya existía de la ocupación de los campesinos, que están siendo avasallados en sus derechos.

De esta forma recordó que en el artículo 2° el Estado paraguayo se compromete a que “en el marco de su legislación en materia de reforma agraria y desarrollo rural realizará las adjudicaciones que correspondan a ocupantes de hecho del inmueble transferido, manteniendo siempre que sea pertinente el actual destino de uso del mismo”.

Cabe acotar al respecto que el Estatuto Agrario prohíbe que empresarios y empleados públicos sean beneficiarios de tierras fiscales.

“Extraña” postura del Indert

Ante esto manifiesta que es “extraña” la postura del Indert, que insiste en que los campesinos no pueden hacer mensura, argumentado que el citado inmueble es propiedad del Estado paraguayo, pero que ni siquiera ha inscripto el inmueble a su nombre. También señala que el Indert es un simple órgano de aplicación del Estado para la reforma agraria y no es el órgano encargado de defender judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales de la República. A consecuencia de ello el presidente del Indert, Justo Cárdenas, no tiene facultades judiciales para determinar la legitimidad o no de quien acciona.

La abogada también advirtió que la violación de este tratado implica una «responsabilidad internacional por incumplimiento», por lo que, en caso de que las autoridades no resuelvan el asunto en estricto cumplimiento de las leyes, ello podrá acarrear al país responsabilidades ante los estrados internacionales, ya que se podrá acudir posteriormente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las 17.343 hectáreas fueron donadas al Estado paraguayo en el marco de un acuerdo suscrito el 14 de junio de 2012 con el Gobierno de Italia para legalizar la posesión del inmueble a favor de los campesinos en el marco de la reforma agraria. Este proceso es trabado por los empresarios agrícolas que buscan apropiarse de las tierras. En efecto, el propio presidente Horacio Cartes explota ilegalmente una parte del inmueble, donde opera una fábrica de plantación y procesamiento de tabaco.

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