Radios comunitarias de Caaguazú denuncian atropellos al derecho a la comunicación

Miembros de la Radio Comunitaria “Yvytu Pyahu” de Caaguazú informaron que unas 10 radios comunitarias de la zona fueron demandadas por parte de un empresario de la prensa comercial de Coronel Oviedo, el propietario de la Radio Capital, Luis Alberto Giménez.

Unas 10 radios comunitarias de Caaguazú fueron denunciadas por propietario de estación comercial. Denuncian que medida es un atropello al derecho a la comunicación. Foto: Radio Yvytu Pyahu.

José Martínez, locutor de “Yvytu Pyahu” y también integrante de la oficina de Derechos Humanos de la Municipalidad de Caaguazú, en contacto con el Centro de Producción Radiofónica “Ñane Ñe’ê-Beto Centurión”, dijo que fueron hasta el local de la Fiscalía número 4 a cargo del Fiscal Delio González con el fin de interiorizarse del tema.

Relató que estuvieron más de 2 horas aguardando frente a la oficina del Ministerio Público a fin de entrevistarse con el mencionado fiscal, pero este no les atendió. El agente fiscal mandó a su asistente Fausto Valdez, quien comunicó a los radialistas comunitarios que para acceder a la denuncia primeramente deben presentarse con sus respectivos abogados.

Martínez dijo que la acción judicial en realidad responde a una persecución política ideológica contra las radios comunitarias e instó al movimiento de los Derechos Humanos a manifestarse contra la violación constitucional.

Comentó, además, que un exjuez stronista, de nombre Roque Adalberto Gómez, propietario de la radio Horizonte, en la ciudad de Caaguazú, permanentemente hace alusión a la dictadura, fraguando encuestas donde la gente supuestamente asegura que se vivía mejor durante el gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner.

Fiscal Delio González. Foto: ABC.

Los propietarios de radios añoran la dictadura porque se creen dueños del espectro radioeléctrico y pretenden callar la voz de la gente, dijo Martínez.

Explicó que en las radios comunitarias, en particular en su espacio, desarrollan programas educativos, con contenido social y económico, abierto a todos los sectores y con amplia participación de la audiencia.

Muchas veces las radios comunitarias cumplen el papel del Estado porque desarrollan maratones radiales de solidaridad con el fin de recaudar fondos para solventar gastos de las personas enfermas porque las mismas no consiguen medicamentos en los hospitales públicos, dijo el radialista.

Instó a las autoridades competentes en materia de derechos humanos a intervenir contra este atropello al derecho a la comunicación y adelantó que el caso podría ser llevado a instancias internacionales pues este tipo de persecuciones sin inadmisibles en tiempos de democracia.

“No podemos permitir que un pequeño grupito de personas que son dueños del país quieran dominar todo. Son comerciantes criminales que quieren acabar con la vida de los pobres”, remató.

Señaló, finalmente, que el movimiento de las radios comunitarias se reunirá en el local de la Radio Yvytu Pyahu con el fin de analizar y debatir sobre el amedrentamiento y persecuciones de que son objeto para luego determinar acciones en defensa del acceso y derecho a la comunicación.

Por su parte, el fiscal Delio González confirmó la existencia de la denuncia, aunque se excusó por el momento de brindar mayores datos. Dijo que aún no está atendiendo dicha carpeta fiscal porque se están redactando los oficios a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para que informe sobre la situación legal de las emisoras denunciadas.

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