Rachid pedirá que se rechace prisión domiciliaria para campesinos en huelga de hambre

Defensa de los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty solicita la suspensión del proceso y la prisión domiciliaria hasta que se resuelva el litigio de la titularidad de las tierras de Marina Cue.  

El fiscal Jalil Rachid sustenta su acusación en que las tierras pertenecen a Campos Morombí, a pesar de que las documentaciones demuestran que son del Estado.

El fiscal Jalil Rachid sustenta su acusación en que las tierras pertenecen a Campos Morombí, a pesar de que las documentaciones demuestran que son del Estado.

El fiscal Jalil Rachid adelantó que solicitará el rechazo de la prisión domiciliaria para los campesinos presos por el caso Curuguaty, quienes llevan 52 días en huelga de hambre exigiendo la suspensión del juicio oral hasta que la Corte resuelva el litigio sobre la titularidad de las tierras de Marina Cue.

El sitio Judiciales.net señaló que Rachid “solicitará que se ratifique la prisión preventiva, ya que ellos están acusados por crímenes, por ende, la ley no permite que sean beneficiados con otra medida que no sea la cárcel”.

“De ninguna manera puede aplicarse el arresto domiciliario”, enfatizó el agente fiscal.

El Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá fijó para este miércoles 9 de abril, a las 08:00 hs., la audiencia de revisión de la prisión preventiva que pesa sobre Arnaldo Quintana, Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Néstor Castro y Rubén Villalba, quienes actualmente se encuentran recluidos en el Hospital Militar por el delicado estado de salud en que se encuentran debido a la prolongada huelga de hambre.

La medida fue presentada en consideración de las múltiples violaciones del derecho a las garantías judiciales y al derecho a la protección judicial en un proceso de investigación arbitrario, donde se han manipulado, ocultado y fabricado pruebas, explicó el abogado Vicente Morales.

La definición de la titularidad de las tierras resulta de fundamental importancia, pues al ser las tierras del Estado no existe el delito de invasión ni el de asociación criminal. Asimismo, al haber estado los campesinos reclamando algo legítimo, las muertes derivadas del episodio deben recaer en los responsables del viciado procedimiento de desalojo llevado a cabo con una orden de allanamiento.

El pilar de la acusación del fiscal Rachid se basa en que los campesinos sabían que las tierras son de “legítima propiedad” de Campos Morombí, y que con el fin de apropiarse de ellas crearon una asociación criminal jerárquicamente organizada y montaron un plan para matar policías para lograr sus fines.

Sin embargo, la asociación vecinal Naranjaty estaba gestionando la titulación de las tierras hace 10 años y ante la falta de respuestas optaron por la ocupación para que el Estado recupere un inmueble de su propiedad y lo destine a los fines de la reforma agraria, tal como se estableció en un decreto firmado por el presidente Nicanor Duarte Frutos en el 2004.

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