Rachid insiste en acusación de «invasión de inmueble», pese a que los Riquelme no tienen títulos de las tierras que usurparon

Curuguaty: Culminó la primera parte del segundo día de la audiencia preliminar. La fiscalía realizó su exposición. La defensa cuestiona que las acusaciones contra los campesinos se basen en conjeturas y generalidades. Pese a que no existe fallo judicial, el fiscal Jalil Rachid insiste en que las tierras públicas de Marina kué son de los Riquelme.

Vista del primer día de la audiencia del caso Curuguaty.

Culminó la primera parte del segundo día de audiencia preliminar por el caso de la Masacre de Curuguaty. En la misma, la fiscalía realizó su exposición y se ratifica en el pedido que las campesinas y campesinos acusados sean llevados a juicio oral por los tres cargos: asociación criminal, invasión de inmuebles y homicidio doloso.

En declaraciones a la prensa, el abogado defensor Guillermo Ferreiro cuestionó que las acusaciones de la fiscalía se basen en generalidades y conjeturas. La principal prueba de los mismos sería un listado de solicitantes de tierra de Marina Kué. El abogado denunció que nunca tuvieron acceso a la misma y que luego supuestamente desapareció. Otra prueba que sospechosamente habría desaparecido serían las imágenes obtenidas por la cámara de video del helicóptero que sobrevoló la zona del conflicto, que en principio se dijo que se contaba con las mismas, pero que finalmente argumentaron que no estaba funcionando.

Otro cuestionamiento a las acusaciones realizadas por el fiscal de Curuguaty Jalil Rachid es que llame a las tierras en disputa “Campos Morombi”, nombre de la empresa de la familia Riquelme, y defiende que las tierras públicas son propiedad de la familia del fallecido político estronista, sin embargo, en el fallido dictamen de usucapión mismo figura otro nombre.

La fiscalía insiste con la acusación de “invasión de inmueble”, argumentando que hay distintos fallos de la justicia a favor de Campos Morombi. Según Rachid, los campesinos entraron a las tierras con intenciones de quedarse, sabiendo que el inmueble era ajeno, supuestamente.

Ahora la defensa deberá exponer.

Usucapión dio fallo por otras tierras, los Riquelme no tienen títulos de Marina kué

Campos Morombí usurpó las tierras públicas de Marina kue, y entabló al Estado un juicio por “usucapión”, para apropiarse de las mismas. En medio de esa disputa, obtuvo el desalojo, aun sin contar con títulos, de los campesinos que reclamaban la recuperación de las tierras malhabidas. Esto culminó con la masacre del 15 de junio de 2012.

La empresa Campos Morombi nunca pudo inscribir el título sobre las tierras de Marina kue debido a un error material. El abogado de la firma dio un número de finca, padrón y distrito que no corresponden con los de la inscripción real del inmueble.

El grupo empresarial Riquelme promovió equivocadamente un juicio de usucapión para lograr la posesión de las tierras de Marina Cué en Curuguaty, contra la Finca n.º 9, desprendimiento de la Finca Madre n.º 30, y luego de ganado el litigio, trató de corregir el error a través de una rectificación presentada tres años más tarde.

El juicio de usucapión promovido por Campos Morombí contra la propiedad de La Industrial Paraguaya SA, que fue impulsado en junio de 2005, fue contra la Finca n.º 9, desprendimiento de la Finca Madre n.º 30, según figuran en los documentos, y el pleito judicial fue ganado por Riquelme sobre esa propiedad.

Tres años después de ganar el litigio, el abogado de la empresa, Víctor Peña Gamba, planteó una rectificación del número de finca, porque al intentar inscribir la propiedad a nombre de la firma, la solicitud fue rechazada por el Servicio Nacional de Catastro (SNC), que señaló el error.

El Estado contra los Riquelme por usurpar tierras públicas

Pero, además de esta situación, el juicio de usucapión fue atacado por el Poder Ejecutivo, que inició acciones legales para revertir el intento de apropiación indebida e ilegal de estas tierras.

El primero de estos juicios es una acción interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), que busca declarar la nulidad del juicio de usucapión porque se negó la defensa en juicio del Estado. Este juicio se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Noveno Turno de Asunción. La Procuraduría perdió la acción en segunda instancia y el caso se encuentra en apelación ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia desde el 17 de julio de 2012. La Corte debe resolver si la PGR tiene o no el derecho de accionar legalmente para defender los intereses del Estado plasmados en las dos mil hectáreas de Marina kue.

El segundo juicio lo planteó el INDERT, en su calidad de ente autónomo donataria de las tierras en la actualidad. Este juicio se tramita ante el Juzgado en lo Civil y Comercial del Tercer Turno de Capital y busca asimismo anular el juicio de usucapión, por no habérsele dado intervención al citado ente en dicho juicio.

Este juicio empezó a correr porque el Juzgado había rechazado todas las excepciones dilatorias planteadas por Campos Morombi. Sin embargo, el 10 de diciembre de 2012 la empresa presentó una acción de inconstitucionalidad contra estas decisiones del Juzgado, y el caso fue a parar desde ese entonces a la Corte.

En los procesos judiciales existen plazos ciertos que cumplir, que garantizan que las personas obtengan justicia alguna vez. En el primer caso, la apelación ante la Corte no tiene un plazo definido en la ley, pero claramente una mora de nueve meses es excesiva. En el segundo caso, la ley establece dieciocho días hábiles que para tanto el INDERT como el Fiscal General del Estado presenten sus posiciones, y luego treinta días para que la Corte resuelva. Descontando la feria judicial de enero, el caso se encuentra en el límite del plazo. Sin embargo, la causa no se mueve y todavía no se ha dado intervención al INDERT y a la Fiscalía.

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