Quieren despojar a obreros de acciones en Acepar por no ser “grandes capitalistas”, aseguran

Los trabajadores que tienen el 33,3 % de las acciones de la acería denuncian que el mismo Estado promueve la inseguridad jurídica al pretender despojarlos de las mismas.

Hugo González Chirico, de Cootrapar. Foto: E’a.

La Cooperativa de trabajadores de Acepar (Cootrapar) expresa en un comunicado que es víctima de la inseguridad jurídica  promovida por el propio Estado Paraguayo.

En un comunicado (adjunto) firmado por su presidente Hugo González Chirico, Cootrapar expresa que la exigencia presentada por el asesor ad honórem del presidente Horacio Cartes, el empresario Fernando Talavera, a los cooperativistas a que entreguen gratuitamente el 33.3% de sus acciones de Acepar, es la prueba de esta intención de estafa.

Pedido del asesor ad honorem

“El presidente Cartes confirmó públicamente a través de los medios que Talavera es su asesor ad honórem y que habló en nombre de él en la citada reunión…El hecho es prueba irrefutable de que los trabajadores, los pobres y los pequeños empresarios del Paraguay son despojados ideológicamente de su propiedad, violentados en su derecho a la propiedad privada, por el simple hecho de no ser grandes empresarios capitalistas”, expresa un pasaje del comunicado.

El comunicado explica que los 520 socios de Cootrapar han invertido 15 millones de dólares en la compra de Acepar, lo que dividido por la cantidad de socios arroja que cada uno invirtió 28.000 dólares en la compra de la siderúrgica. “Pero hoy nos encontramos ante una triste realidad: el Estado Paraguayo pretende despojarnos de nuestra acciones de Acepar S.A., por una cuestión meramente ideológica, porque los responsables son los administradores empresarios que han dilapidado esta empresa, no los cooperativistas”, señala en otro párrafo el comunicado.

Denuncias contra Cerro Lorito

Recuerda el documento una vez más que desde hace 10 años, Cootrapar viene denunciando sistemáticamente, a través de todos los medios de comunicación y ante todos los organismos y poderes del Estado, los delitos financieros y administrativos cometidos por los empresarios de la empresa Cerro Lorito S.A., dueños del 66.6% de las acciones de la acería, quienes por tener el control del directorio de Acepar marginan de este al representante de Cootrapar.

El presidente Horacio Cartes utilizó las pruebas documentadas de los delitos cometidos en Acepar que Cootrapar difundió por los medios de comunicación para solicitar a la justicia ordinaria la intervención de la siderúrgica. Cartes designó a José Luis Vinader como interventor judicial en Acepar.

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