Quién gobierna este país

Análisis. La oligarquía impuso el tema «inseguridad» e impulsa la utilización de la fuerza como moderadora social.

A días de asumir Carlos Filizzola el Ministerio de Interior, el secuestro de Dalia Scappini instalaba sin respiro la agenda mediática de lo que era “importante” atender, dejándose de lado la corrupción policial, el abuso contra pobres, la mafia dueña de gran parte del territorio y ni hablar de un plan social de prevención.

Unas semanas después de liberarse a la mujer, un comando atropella la comisaría de Horqueta, mata a dos agentes e incendia el edificio. Un panfleto supuestamente del EPP, de los tantos en estos tiempos, reivindicaba la autoría del crimen.

Casualmente, estas cosas de nuevo ocurren en un momento en que el movimiento campesino intenta rearmar sus fuerzas para disputar las tierras malhabidas, muchas de ellas en manos de la narcoganadería y sojeros, sectores que dominan el territorio, la acumulación extractiva , el sistema financiero y una buena parte de los grandes medios de comunicación.

LA línea impuesta durante todo el gobierno de Fernando refuerza la idea de agrandar las fuerzas policiales, las fiscalías, la utilización militar en operativos de seguridad interna

El Parlamento aprueba un Estado de Excepción y el Ejecutivo, sin ideas y sin ganas de sortear el cerco, lo promulga, convirtiéndose en un actor menor, completamente funcional, del emporio. La inseguridad pasa de nuevo a marcar la agenda pública mediática, ocultándose las urgencias extraordinarias de nuestro país en el campo de la producción de la riqueza, la estabilidad laboral y la seguridad social.

Esta línea impuesta durante todo el gobierno de Fernando refuerza la idea de agrandar las fuerzas policiales, las fiscalías, la utilización militar en operativos de seguridad interna, en consonancia con la doctrina de seguridad impuesta por EEUU durante la Guerra Fría y de su correlato en tiempos democráticos que tiene en el Plan Colombia como un abanderado. En fin, la idea de la fuerza como moderadora social ante enemigos de la sociedad para arrinconar las reivindicaciones profundas de nuestro pueblo.

El poder económico en este país, de base extendidamente latifundista, no tolera siquiera una mínima discusión sobre el territorio acumulado, y desde su sacrosanto poder utiliza sus herramientas, el Poder Judicial, los partidos tradicionales, el gobierno  y los grandes medios, para frenar cualquier intento en ese sentido. Lo hace a cara descubierta, con un discurso neostronista, y es sospechosa, en lo oscuro, de una buena parte de lo que se le adjudica al Epp, desde amenazas constantes de bombas, secuestros, panfletos, estén o no ya confabulados algunos de sus miembros con integrantes de este grupo armado.

Al no tener un plan que trascienda el universo de intereses de la oligarquía paraguaya, el Gobierno juega un papel menor, funcional, en esta película de actores muy burdos e impunes. El libreto ya no se modificará en lo que resta del período de gobierno de Fernando Lugo.

En la medida en que se aproximen las elecciones generales del 2013 recrudecerá la campaña sobre la inseguridad y el supuesto vínculo de las fuerzas sociales, especialmente campesinas, con la guerrilla, el terrorismo y otras sandeces del discurso neostronista y neoliberal. Sin transformaciones reales, prácticas, del modelo económico, esta oligarquía seguirá marcando la agenda sin importar el color del gobierno.

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