¿Quebrar a los huelguistas o devolverles una vida con dignidad?

Opinión.

El amparo presentado por el Ministerio de Justicia.

El amparo presentado por el Ministerio de Justicia.

Al tiempo que el tribunal de Salto del Guairá emitía su sentencia el 9 de abril, denegando la solicitud de prisión domiciliaria para los cinco huelguistas de hambre del caso Curuguaty, el Ministerio de Justicia obtenía un amparo constitucional que había solicitado para que se le permita brindar atención médica a los reclusos. Esto sería importante si fuera una medida humanitaria y una muestra de buena voluntad. Sin embargo:

  1. El Ministerio no debe estar “habilitado” por el sistema judicial, sino que ya está de hecho obligado por la Constitución, los mandatos internacionales de derechos humanos y las leyes nacionales a arbitrar los medios para proteger la vida y dar atención a la salud a las personas que se encuentran bajo su responsabilidad por estar recluidas en establecimientos penitenciarios del país.
  2. Quiere el Ministerio quizás convencer a la ciudadanía de que alguien le impedía dar esta atención a los reclusos, lo que es falso. Sí hubo numerosas críticas por el trato que han recibido estas personas, sometidas incluso a tratos crueles (como hacerles oler comida, preguntarles si querían comer, etc.) por parte de agentes estatales.
  3. Es importante recordar que los cinco huelguistas de hambre presos han manifestado por escrito su voluntad de que no les dé tratamientos médicos que impliquen una suspensión de su medida de fuerza. Es decir, no quieren que se les alimente de manera forzosa. Esta voluntad no colisiona con otro tipo de atención en salud, que siempre debería haber estado a disposición de estas cinco personas.
  4. El Ministerio quiso hace unas semanas responsabilizar de impedir la atención en salud de los huelguistas, a quienes le recordaron la voluntad que habían expresado[1]. Lo que quiere en realidad es cargar sobre otros actores lo complejo, grave y urgente de la situación. Y quiere sacarse de encima la propia responsabilidad ante la eventualidad de un desenlace fatal de esta huelga.
  5. La actuación del Ministerio da lugar al temor de que quieran cubrirse de legalidad para proceder a la alimentación forzada de los cinco reclusos. Por eso recuerdan la obligación constitucional de las personas de someterse a medidas sanitarias que establezca la ley, dentro del respeto a la dignidad humana (art.68 de la Constitución), en el mismo momento que el tribunal de Salto del Guairá ordena que los huelguistas permanezcan en prisión. Es decir, pareciera que el Estado paraguayo no piensa darles el derecho a un trato digno, lo que incluye no ser víctimas de tratos arbitrarios por el sistema de justicia, al tiempo que  intentará impedir que se mueran, interrumpiendo su medida de fuerza.

La huelga de hambre es una medida extrema de quien considera se le está impidiendo gozar de una vida digna. La persona en huelga de hambre no se quiere morir, sino que en primer lugar quiere que se le devuelva la dignidad, y a la vez expresa que sin esta dignidad prefiere morir. Alimentar forzadamente a una persona huelguista de hambre es quebrar su último recurso para expresar esta consideración y esta voluntad. Es por eso que existen recomendaciones desde los organismos de derechos humanos con relación a que no se alimente forzosamente a las personas en huelga de hambre cuando esto pueda colisionar con la obligación de respetar la dignidad humana y constituir un trato cruel, inhumano y degradante.

Lo digno y lo coherente con los derechos humanos en este caso sería permitir que estas personas estén en arresto domiciliario para recuperarse de la huelga y puedan seguir con su lucha por la justicia. Eso sería proteger sus vidas y respetarles la dignidad como personas.

En Paraguay todavía existen personas con responsabilidad pública que pueden impedir que continúe esta insostenible situación: Un plumazo de la Corte Suprema de Justicia solucionaría el problema. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados podría ya haber actuado para impedir que Jalil Rachid siga logrando su objetivo de culpabilizar y castigar injustamente a los campesinos, con la complicidad de otros agentes del sistema fiscal/judicial. El Fiscal General del Estado podría haber hecho algo. El mismo presidente, Horacio Cartes, más allá de sus atribuciones ejecutivas y no judiciales, sabemos perfectamente que podría impedir que estos campesinos mueran, respetando a la vez su dignidad como personas y sin sobrepasar su expresa voluntad de seguir con la huelga en demanda de justicia y libertad. Podría impedirlo, posiblemente con un simple telefonazo. Esta gente puede salvar cinco vidas.

Estamos ante una perversión tal que el Estado paraguayo está preso de un conjunto de actores que actúan coordinadamente para que el caso Curuguaty quede en la impunidad, gracias al sacrificio de un grupo de campesinos pobres que tuvieron la osadía y valentía de enfrentar a un sistema altamente corrupto y criminal. Pero todavía podemos salvar la vida con dignidad de cinco personas que con su lucha están resquebrajando la máscara democrática del Paraguay. Hace falta que logremos que quienes tienen el poder lo hagan, aun cuando según parece no quieran hacerlo.

 



[1] Comunicado aclaratorio sobre la actuación de Codehupy en el caso Rubén Villaba.  http://www.codehupy.org/index.php?option=com_content&view=article&id=253:comunicado-aclaratorio-sobre-la-actuacion-de-la-codehupy-en-el-caso-ruben-villalba&catid=8:estatutos

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