Pueblos indígenas del Paraguay: «A más de 500 años, seguimos sufriendo las mismas agresiones»

«Al recordarse un año más de la invasión, atropello y despojo a los pueblos indígenas de América acontecido un 12 de octubre de 1492, los habitantes originarios del Paraguay denunciamos el alarmante deterioro en nuestras condiciones de vida, en gran medida debido a la apropiación y usurpación arbitraria de nuestras tierras y territorios ancestrales», refiere un comunicado de los pueblos indígenas.

Pueblos indígenas denuncian que los atropellos siguen como hace más de 500 años. Foto: Amanda Huerta.

Los pueblos indígenas señalaron que sus tierras son su medio fundamental de vida. Denunciaron la destrucción de sus recursos naturales, la constante amenaza a sus derechos de propiedad, el sistemático avasallamiento y envenenamiento a sus comunidades, «por parte de los grupos oligárquicos opresores, como determinados ganaderos, sojeros, empresarios, políticos, empresas multinacionales, extranjeros y connacionales, quienes vulneran sistemáticamente nuestros derechos colectivos. Solo estos ejemplos, constituyen indicadores de la crítica realidad social que atravesamos, muchas veces ante la indiferencia hasta cómplice de las instituciones del Estado».

Informaron que, conforme estimaciones oficiales, la población indígena en Paraguay es de 108.308 personas distribuidas en 19 pueblos que son parte de 5 familias lingüísticas diferentes. «A pesar de que constituye tan solo el 1.7 % de la población total del país, con una importante diversidad cultural, el Estado paraguayo no asume la obligación de respetar y velar por nuestros derechos como pueblos. Es importante recordar que las comunidades indígenas son organizaciones reconocidas por nuestra carta magna, incluso como anterior a la constitución del Estado paraguayo (Capítulo V)».

Indicaron que, en cuanto a la pérdida de sus territorios ancestrales, los resultados del II Censo Indígena (2002) indican que de 412 comunidades indígenas, el 45% (185 comunidades) todavía no dispone de aseguramiento legal y definitivo de la propiedad, tal como establece la Constitución Nacional.

«Los departamentos de la Región Oriental con más alto porcentaje de comunidades indígenas sin tierra propia son: Caaguazú (85%), Guairá (75%) y Canindeyú (44%). En el Chaco, el índice de comunidades sin tierra alcanza a 45%, en el departamento de Boquerón, y 47% en Alto Paraguay. Por su parte, el departamento de Presidente Hayes tiene un alto porcentaje de comunidades con conflictos de tierra (Tierra y Migración Indígena, 2005). Inclusive, dos comunidades tienen sentencia favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la restitución de sus tierras, pero el Estado Paraguayo, caprichosamente, no cumple el dictamen internacional».

Los pueblos destacaron que con la apropiación masiva de tierras por parte de empresas foráneas para la producción industrial de soja y ganado fundamentalmente, la incontrolable deforestación y la indiscriminada utilización de productos tóxicos contaminantes por parte de las mismas empresas, en las últimas décadas, se ha intensificado la presión y amenaza sobre sus territorios ancestrales.

«En la región oriental, el avance del monocultivo y el agronegocio, así como en el Chaco, la expansión industrial de la ganadería, expulsan progresivamente a comunidades indígenas y campesinas, forzando el éxodo masivo de nuestras familias a centros urbanos, con la consecuente marginalización y exclusión a que somos objetos. La deforestación en la Región Occidental alcanzó el millón de hectáreas, en solo cuatro años, siendo las poblaciones indígenas los más perjudicados por la deforestación, el agronegocio y la expansión ganadera», subraya el comunicado dado conocer a propósito de la fecha.

Relataron que su situación de desventaja, como pueblos indígenas, se registra en todas las áreas de la vida social, como lo revelan los siguientes datos: «87.8% de la población indígena no accede a servicios médicos; 53,2% en poblaciones indígenas y no indígenas del Chaco padece el mal de Chagas (siete veces la tasa nacional); grupos étnicos cuentan con altas tasas de tuberculosis (El departamento de Boquerón concentra el mayor número de enfermos, en su mayoría indígenas); más del 80 % de la población está sin acceso a agua potable; el 38,9% de la población de 15 años y no es alfabetizada; el 79% hogares indígenas no tienen acceso a energía eléctrica y el 53 % de indígenas y no indígenas, de edades entre 5 a 17 años, tienen acceso solo a trabajos domésticos y agricultura

Ante esta sitauqción, la Mesa de Articulación Indígena exige urge:

• El cese del hostigamiento permanente y la amenaza de despojo a las tierras y territorios indígenas, por parte de empresas multinacionales, sojeros y ganaderos principalmente, con la más absoluta indiferencia de las autoridades nacionales.

– La inmediata intervención y castigo a los culpables de fumigaciones con agrotóxicos que sistemáticamente envenenan y destruyen comunidades y familias indígenas enteras.

– Elaboración y ejecución inmediata de programas y proyectos participativos, con los pueblos indígenas, presupuestados oficialmente, que permitan la seguridad y soberanía alimentaria en las comunidades nativas, a corto, mediano y largo plazo.

– La atención a la salud, con enfoque de derecho, para la prevención y el tratamiento de enfermedades, respetando las pautas culturales de los pueblos

– La urgente restitución de los Derechos Humanos fundamentales como el derecho a la vida, al hábitat digno, al agua, a la alimentación, a la salud, a la educación y a la autodeterminación de los pueblos.

– La reestructuración del Instituto Nacional del Indígena (INDI), con participación real y plena de la población indígena en el gerenciamiento integral de la institución. El titular del INDI debe ser indígena.

– Participación real y plena de indígenas en direcciones y secretarías de instituciones públicas.

– Determinación por Ley de la Nación de un cupo de representación indígena para cargos públicos nacionales y locales con problación indígena.

– La conclusión de la construcción de viviendas iniciadas por Senavitat y la asignación de presupuesto nacional de recursos para hogares diseñados por las propias comunidades indígenas de acuerdos a sus pautas culturales.

– La determinación, por Ley, para que un porcentaje del 30% o más de los royalties y compensaciones de las Binacionales, Itaipú y Yacyretá, sean destinados para la reparación de la deuda histórica con los pueblos indígenas, cuyos derechos siguen siendo conculcados hace más de 500 años.

Finalmente reivindicaron el respeto y la debida atención a los planteamientos formulados ante las autoridades nacionales por la Mesa de Articulación de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Paraguay (Cocip), compuesta por seis organizaciones indígenas de la región Oriental y Occidental: Coordinación Interregional de Pueblos Originarios (CIRPO), Mainumby (que nuclea a comunidades indígenas del Chaco), Movimiento Pueblos Originarios (integra a comunidades asentadas en el sector urbano de Asunción, Central e interior), Movimiento 19 de Abril (del departamento de Presidente Hayes), la organización Teko Gueroayvu, del departamento de Alto Paraná y la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMUR).

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