Pueblo acéfalo

Análisis.

Manifestantes en la huelga general. Foto: Juan Heilborn.

Manifestantes en la huelga general. Foto: Juan Heilborn.

La presión social de la ciudadanía paraguaya más consciente crece notoriamente contra el Estado, tal lo que testimonia el triunfo popular del 26 de marzo con el paro general que paralizó el país, y la decisión que se vio forzado a tomar el Poder Judicial este sábado último, enviando presos a domicilio a cinco campesinos que estaban en huelga de hambre desde el 14 de febrero, detenidos sin condena entre varias decenas, desde junio del 2012.

Esos dos casos demuestran que el ambiente social está tenso. Por un lado, se constata desorientación del Presidente Horacio Cartes, apoyado en un equipo de colaboradores divididos entre partidarios de mantener la gerencia negociando con algunos sectores populares, y los proclives a medidas de fuerza, con una recia represión de la oposición que viene subiendo desde abajo,  y que a pesar de su orfandad dirigencial, o quizás por ello, se  está tornando complicada por su tenacidad en sus bien fundamentadas reivindicaciones.

Crece el reclamo de justicia social, y es masivo el clamor por recuperar la gratuidad en los servicios de salud y el abastecimiento en insumos y personal en los hospitales, tal como implantó desde el 2008 el Gobierno de Fernando Lugo, depuesto a los cuatro años. En todo el país se registra una escandalosa escalada de suba de precios de los productos de primera necesidad, con el pretexto de que el salario mínimo aumentó 10 por ciento y de que el incremento es pasajero, por la Semana Santa, pero que se convierte en eterno derecho divino. Uno de cada cuatro paraguayos “sobremuere” en la extrema pobreza.

Frente a ello, el campo popular muestra fisuras, tan lamentables como inoportunas, pues el momento político que vive el país, ante un gobierno débil que se apoya en los viejos vicios del poder prebendario, aconseja cerrar filas en torno a la Federación Nacional Campesina (FNC), venciendo los celos del grueso de la dirigencia sindical urbana, la cual debería  reconocer y alegrarse por la emergencia de nuevos militantes en las ciudades y los campos, con alto porcentaje de mujeres, antes de sentarse con el gobierno a capitular.

La acefalia política del pueblo viene de lejos, y la padecen los dos partidos de derecha, el Colorado y el Liberal, agravada en lo ideológico y su praxis por la inasible izquierda, reemplazada por emblemas democráticos y progresistas, cuyos planteos no superan la mediocridad socialdemócrata. Su pobreza de liderazgo explica que ocho años atrás hayan ido a buscar al Obispo Fernando Lugo para elevarlo como su líder y hacerlo elegir Presidente de la República en el 2008.

Su carisma y prestigio entre el campesinado, permitió romper 60 años de absolutismo colorado, en una jugada política a la que se sumaron oportunistamente ciertas corrientes de partidos empresariales y alianzas electoralistas de “indignados, que se tragan todo y terminan indignos”, al decir del sabio padre de un amigo. En su incapacidad, esas mismas siglas andan aludiendo interés por repetir la aventura y, de nuevo se acercan a Lugo, hoy Senador por la coalición Frente Guasu, y casi la única figura con algo de  crédito entre el pueblo, a pesar suyo.

La tozudez del Ministerio Público, con la complicidad, al menos por desatención, del empresario-mandatario Cartes, y de las autoridades del Congreso, viene generando una repulsa masiva entre una ciudadanía que está harta de la política elitista y privatista, y que comienza a vencer los prejuicios urbanos contra el campesinado sin tierra, al punto de tomar conciencia de la justicia de sus luchas, cuya causa adquiere dimensión nacional, por encima de la flacidez que se observa entre los viejos grupúsculos dirigentes.

Esa nueva mirada se traduce en las numerosas expresiones de solidaridad con los presos, desde asambleas en barrios diferentes en los meses últimos, y marchas diarias por las calles asuncenas de denuncia de los atropellos del Estado, hasta el encadenamiento de cuatro mujeres, familiares de los cinco huelguistas y el cantautor popular Alberto Rodas, frente al Hospital Militar donde los desfallecientes habían sido trasladados in extremis y donde permanecen con el fin de recuperarlos algo físicamente, antes de regresar a su hogar, todavía en condición de presos.

El Fiscal de la causa, Jalil Rachid, persistió hasta último momento en mantenerlos en el sótano de la Cárcel de Tacumbú, en una decisión que generó la hipótesis en diversos ambientes de que su propósito era dejar que alguno de ellos muriera y con ello intentar demostrar que se está ante un Estado intransigente y poderoso, coherente con su ideología de ultraderecha, y en flagrante contradicción, pues es juez y parte en el tema de la disputa campesina por recuperar la tierra ocupada en forma ilegítima por herederos del régimen estronista, como es el caso de su padre, el exSenador Rachid Lichi.

Le duró poco el capricho. Sus jerarcas, aunque con muy poca voluntad, le dieron la espalda el sábado a medianoche y, en menos de 24 horas, se le vio salir corriendo de un lujoso restaurante céntrico, escrachado en plena cena por numerosos comensales que le pidieron cuentas por su inconducta, bajo los calificativos de crápula, cobarde, criminal, cancerbero y otros. Se protegía en su novia y terminó huyendo sin pagar la cuenta. Habría comunicado que tiene intención de saldarla. El respeto ciudadano le resultará más caro, al igual que a algunos de sus colegas que indexan al escrache como actividad prohibida, a conciencia de que esa expresión confirma el despertar de una ciudadanía por largo tiempo adormecida.

Jalil venía acumulando méritos desde hace unos dos años, cuando a pocos meses de recibirse de abogado, y sin una mínima experiencia profesional, fue nombrado fiscal, en una de esas trapisondas que fungen en Paraguay como Sociedades Anónimas entre políticos y jerarcas de la justicia. A su vez, consiguió un puesto de profesor en la Universidad Católica, para enseñar derechos humanos, los cuales pisotea desde que asumió el cargo.

El hombre saltó a la palestra a partir del 15 de junio del 2012, cuando se produjo el asesinato de once campesinos y seis policías, presuntamente víctimas de francotiradores, dado que no hubo enfrentamiento entre ellos, en lo que pareció más una encerrona deliberadamente planificada.

Múltiples indicios la definen como el pretexto del Golpe de Estado que se concretó a la semana siguiente, derrocando al Presidente Lugo por mal desempeño de sus funciones, cortando un proceso de cambios sociales que llevaba cuatro años, mediante un descarado juicio político parlamentario que apenas duró unas horas. Esa traición, encabezada por el Vicepresidente de la República, Federico Franco, resultó una victoria pírrica para los liberales, cuyo partido agoniza en beneficio de los colorados.

Jalil entró a operar de inmediato junto con otros colegas y jueces que brillan desde siempre por su desprecio por los campesinos sin tierra, unas 200 mil familias en todo el país, con 85 por ciento del territorio cultivable en manos de 2.5 por ciento de la población. A las pocas horas, decenas de labriegos fueron a parar a las cárceles, donde la mayoría, inocentes, siguen confinados sin condena, dado que la fiscalía carece de pruebas y las que ha presentado rayan lo ridículo, pudiendo repercutir contra el mismo Fiscal en cualquier momento, convertido por su mente cavernaria en un fusible pronto a saltar.

El acto por el cual se les incrimina fue instalarse en un rincón de tierras del Estado, en el Departamento de Curuguaty, cercano a la frontera con Brasil, ocupadas ilegalmente desde hace cuatro décadas por un latifundista, poderoso empresario y dirigente del omnipresente Partido Colorado, a cuya muerte le han sucedido familiares tan usurpadores como él, gozando de la impunidad que le otorga la complicidad del corrupto engranaje de los tres poderes, con miembros geófagos que, entre otros oligarcas, ostentan títulos de propiedad sobre ocho millones de hectáreas destinadas a la reforma agraria, que el General Alfredo Stroessner regaló entre sus íntimos durante su tiranía, entre 1954 y 1989.

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