Foto: Ñanduti

Proyecto de Giuzzio promueve el «espionaje masivo»

En setiembre pasado, el Senado aprobó un proyecto de ley presentado por el senador Arnaldo Giuzzio, que obliga a las personas físicas y jurídicas que proveen servicio de internet a retener el tráfico de datos y ponerlos a disposición de las autoridades competentes. Esto, con el argumento del combate a la estafa, “terrorismo” y prostitución infantil. Esto debe ser tratado en Diputados para su ratificación o rechazo.

Los proveedores de servicios de Internet (ISPs) deben conservar los datos durante 12 meses, los detalles de quién se comunica con quién, por cuánto tiempo, y desde dónde. También permite a las autoridades tener acceso a estos datos históricos mediante una orden del juez de garantías, exponiendo la información de geolocalización que revela el paradero físico de los paraguayos a través del tiempo. “Este régimen expande la capacidad del gobierno Paraguayo de vigilar masivamente a sus ciudadanos, en última instancia, dañando la privacidad, la asociación, el anonimato y la libertad de expresión”, expresan al respecto en un artículo conjunto Maricarmen Sequera, Luis Pablo Alonso Fulchi y Katitza Rodríguez, para el Electronic Frontier Foundation.

La organización trabaja por los derechos y libertades en el mundo digital. En el artículo explican que la mayoría de los proveedores de acceso Internet y transmisión de datos dan una dirección IP a los usuarios en el momento de su conexión a Internet, que cambia periódicamente. La propuesta en cuestión obligará a los ISPs y proveedores de telecomunicaciones a llevar un registro de sus asignaciones de dirección IP durante un período de 12 meses así como la información de «origen» y «destino» de las comunicaciones de los usuarios.  “Esto permitirá a la policía solicitar a los ISPs y proveedores que identifiquen a una persona sobre la base de la IP que le había sido asignada en una fecha y hora determinada. Además podrán solicitar la información de con qué otras IPs se comunicó dicha persona”, dicen.

Contra el derecho a la privacidad y la libertad de expresión

En el artículo publicado ayer advierten que esto debe despertar preocupación: “La retención obligatoria de datos de tráfico afecta a millones de usuarios inocentes, es decir, tú y tus amigos que no son sospechosos de ningún delito. Además compromete el anonimato en línea, que es crucial para los investigadores, periodistas, movimientos sociales, ONGs de derechos humanos, todos y todas aquellas que se dedican a la expresión política”.

La retención de datos obligatoria suelen ser invasiva, costosa, y dañan el derecho a la privacidad, la asociación y la libertad de expresión, agregan.

“Los riesgos de privacidad y libertad de expresión aumentan a medida que estas bases de datos se vuelven vulnerables al robo y la divulgación accidental. Los proveedores de servicios deben absorber el costo de almacenar y mantener estas grandes bases de datos y, a menudo pasan estos costos a los consumidores”, aseguraron.

Argumentan además que la  retención obligatoria de datos de tráfico crea un enorme potencial para el abuso y  debe ser rechazada por ser una infracción grave del derecho a la protección de datos personales y las  libertades fundamentales de las personas.

“Este proyecto apoya la vigilancia masiva de cada personas, lo que no debe ser tolerado en un país donde se valora la libertad y la democracia. Además afecta la confidencialidad de las comunicaciones entre médico-paciente, abogado-cliente, periodistas y sus fuentes, entre otras comunicaciones que pertenecen a la estricta esfera privada”, indicaron.

Lea aquí el artículo completo

 

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