Promueven proyecto para que instituciones públicas compren de manera preferencial a campesinos

El Frente Guasu presentó 3 proyectos en el Congreso Nacional. Además del proyecto de apoyo a la producción campesino, una propuesta de expropiación de Laterza Cué y un pedido de informe a la Ande.

Presentación del proyecto del Frente Guasu. Foto: FG.

El Frente Guasu anunció ayer la presentación de tres iniciativas que hacen al área social, al apoyo a la producción familiar campesina y a la transparencia de las concesiones públicas al sector privado. Dichas iniciativas fueron ingresadas hoy a la mesa de entrada del Congreso Nacional.

Incentivo a campesinos

El primero de los proyectos busca beneficiar a miles de pequeños productores familiares campesinos, informaron. Además de asociaciones y cooperativas de producción agrícola, promoverán la compra preferencial de sus productos por parte de todas las instituciones de la administración pública, municipalidades gobernaciones y entidades públicas descentralizadas.

El Senador Sixto Pereira explicó que la falta de reforma agraria y de acceso a la tierra conlleva el desarraigo territorial, cultural y la migración interna con efectos nefastos en la despoblación. Esto trae efectos negativos en la producción de alimentos y en la calidad de vida de todos los paraguayos y paraguayas, aseguraron.

“La agricultura Familiar Campesina necesita de políticas de estímulo por parte del Estado conforme lo dispone la CN para seguir produciendo alimentos para la población” acotó dicho senador.

Expropiación de Laterza Cue

El Frente Guasu concretó a través de otra iniciativa el  pedido de declaración de interés social  y expropiación de las tierras de Laterza Cue, cuyos pobladores vienen luchando desde hace años por el derecho a la tierra.

“De aprobarse el pedido de expropiación en el pleno de la Cámara de Senadores, se pondría fin a un caso emblemático, de los muchos que tenemos en nuestro país de poblaciones campesinas que luchan por el derecho a una tierra donde vivir y trabajar dignamente”  explicó el Senador del FG, Hugo Richer.

Semanas atrás el Frente Guasu había promovido la realización de una audiencia pública sobre el caso en cuestión, donde los pobladores pusieron en evidencia el tremendo drama social que estaban pasando. Esto, por recursos jurídicos amañados por autoridades judiciales, en complicidad con la firma extranjera agroempresarial Bioenergy, que se adjudica la propiedad de las mismas.

En la ocasión de dicha audiencia los pobladores relataron además el funcionamiento arbitrario de las fuerzas policiales de la zona, que funcionaban como empleados de la empresa, denunciando, además de la cruenta represión y persecución sobre la población, la creciente pérdida de soberanía sobre nuestro territorio.

En la presentación del proyecto de ley, el Senador Hugo Richer explicó que el pedido de expropiación se concreta ante el fracaso de la mesa de diálogo que había abierto el Indert con la empresa Bioenergy para dar solución al conflicto.

Pedido de informe a la ANDE

La última iniciativa anunciada en la conferencia de prensa, es el pedido de informe a la ANDE sobre la concesión del servicio de distribución eléctrica para el casco urbano de Villarrica,  a la empresa CLYFSA, por parte de la municipalidad de dicha ciudad desde el año 1955.

“La ciudadanía tiene derecho a saber bajo qué condiciones opera una empresa cuya concesión ya ha caducado y no se ajusta al marco legal vigente. El pueblo paraguayo no tiene por qué subsidiar a una empresa privada con una tarifa por debajo del costo en perjuicio del bien público”, fundamentó el Senador Filizzola al tiempo de alertar que, de ignorar una situación como esta, se estaría sentando un muy mal antecedente en cuanto a la seguridad jurídica de las concesiones.

El Senador Filizzola explicó que la Constitución Nacional  permite, con autorización del Congreso Nacional,  la concesión de servicios públicos por un tiempo determinado que no puede ser mayor a treinta años.

Agregó que los pobladores de la ciudad de Villarrica han realizado reiterados reclamos contra la empresa CLYFSA por las dificultades que encuentran para la aplicación de la tarifa social y la verificación de la confiabilidad de los medidores.

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