Promueven amparo para reprimir a estudiantes

El director de la Facultad de Filosofía de San Pedro, Santiago Duarte Chilavert, promovió un amparo ante el juez Guillermo Lezcano para que las fuerzas policiales ingresen al predio de la institución y desalojen a los estudiantes que están resguardando los documentos de la facultad a fin de que las autoridades y funcionarios no intenten hacer desaparecer las pruebas de nombramientos irregulares realizados a favor de la clientela política del Partido Colorado y otros hechos de corrupción.

Para levantar la medida, los estudiantes exigen la renuncia de Duarte Chilavert, quien llenó el plantel de funcionarios con su parentela y correligionarios. La denuncia fue realizada contra el dirigente universitario José Miguel Espínola y otros estudiantes.

Duarte Chilavert recurrió a los estrados judiciales y pide que los estudiantes, mediante la intervención judicial y policial, “no entorpezcan el libre funcionamiento de la casa de estudios” con el fin de salir impune de los actos de corrupción que lo comprometen, informó el sitio La Voz del Norte.

Espínola había denunciado además ante la prensa que luego de iniciarse las manifestaciones exigiendo la renuncia de Duarte Chilavert, efectivos de la Fuerza de Tareas Conjuntas (FTC) se desplegaron en las cercanías de la casa de estudios, en la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú, con vehículos blindados y tanquetas con el fin de amedrentar a los estudiantes. Asimismo, refirió que el pasado 5 de octubre sufrieron el ataque de personas pagadas por el oficialismo, muchos de ellos alcoholizados, que intentaron entrar a la sede de la institución para imponer el “orden”.

De este hecho responsabilizaron al gobernador Rodríguez, al intendente colorado de San Pedro del Ycuamandyyú Juan Carlos Rodríguez y al presidente de la seccional de la zona y funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS), Cornelio Blanco.

Espínola repudió que las autoridades que responden al gobierno de Horacio Cartes apelen a prácticas propias de la dictadura para atacar una lucha legítima por mejor educación y en rechazo a la corrupción imperante en la universidad.

“No se puede criminalizar de esa forma una lucha por mejor educación. Ya no estamos en dictadura”, afirmó.

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