Procurador defiende a asesores “ad honórem” de Cartes

El procurador general de la República, Roberto Moreno, señaló que no constituye tráfico de influencias que los asesores de Horacio Cartes cumplan funciones dentro del Gobierno y resulten beneficiados con contratos con el Estado.

Moreno sostuvo que la participación de los asesores “ad honórem” del presidente Horacio Cartes reuniones del consejo de ministros e incluso incursiones armadas no viola ley alguna. El funcionario señaló que el mandatario tiene la potestad de poner a su servicio personas de su confianza sin que esto implique, según señaló, que usurpen funciones ni cometan tráfico de influencias, informó la agencia oficial IP Paraguay.

Con respecto al caso de Fernando Talavera, empresario del rubro de los minerales, dijo que el gobierno le solicitó “trabajar en el caso de Aceros del Paraguay SA (Acepar) como interventor,  pero por compromisos profesionales no pudo aceptar. Sin embargo, se ha ofrecido a colaborar de manera gratuita en el caso”, publicó el sitio oficial.

Moreno señaló que un asesor no puede reemplazar a un funcionario, que es el que tiene atribuciones para tomar decisiones, pero tampoco representa tráfico de influencia.

El presidente de la Cooperativa de Trabajadores de Acepar, Hugo González Chirico, había denunciado que en una reunión Talavera se presentó como asesor “ad honórem” de Cartes exigió que entregue al gobierno el 33,3% de las acciones de la acería que corresponden a los obreros.

González Chirico calificó como un hecho fuera de lugar que un empresario con intereses en el sector actúe en representación del Estado.

La acería está en proceso de recuperación por incumplimiento de contrato de la firma privada Cerro Lorito, del empresario argentino Sergio Taselli, que la gestionaba con un 66,6% de las acciones. El resto correspondía a los trabajadores.

Fernando Talavera, asesor «ad honórem» de Horacio Cartes, exigió a los obreros que entreguen sus acciones al Estado. Foto: Cootrapar.

Más que por el honor

Los asesores “ad honórem” de Cartes han saltado a la polémica, pues mientras supuestamente prestan servicios “gratuitamente” son beneficiados con contratos con el Estado.

Tal es el caso de Francisco Barriocanal, gerente de Pulp (propiedad de Cartes), quien es accionista de la firma Aqua Group, que fue beneficiada con un contrato de un millón de dólares para equipar una planta de tratamiento de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) en San Bernardino.

Sin embargo, el caso más sonado fue el de Hugo Portillo, presidente del Banco Amambay (también propiedad de Cartes), quien participó en setiembre pasado de una incursión armada de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) contra un supuesto elemento del Ejército del Pueblo paraguayo (EPP) vinculado al narcotráfico. La operación resultó un fracaso.

El caso más reciente involucra a Jorge Giucich, del Grupo Coasegurador Administrador del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), quien está casado con Gloria Cartes, pariente del presidente.

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