Presentaron pedido de suspensión del juicio del caso Curuguaty  

La defensa técnica de los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty presentó ayer un pedido de suspensión del juicio oral, fijado para el próximo 26 de junio, hasta tanto se dirima en la justicia el litigio sobre la titularidad de las tierras.

Los campesinos fueron llevados a juicio oral a pesar de existir un proceso pendiente sobre la titularidad de las tierras.

Los campesinos fueron llevados a juicio oral a pesar de existir un proceso pendiente sobre la titularidad de las tierras.

Los abogados defensores consideran de fundamental importancia que se determine a quién pertenece el inmueble donde ocurrió la tragedia, puesto que uno de los cargos es precisamente el de invasión de inmueble.

Asimismo, solicitan que el juicio se traslade a Asunción, pues consideran que la realización del proceso en la ciudad de Saltos del Guairá responde a la intención de llevarlo a cabo con secretismo para intentar ocultar ante los ojos de la opinión pública los profundos vicios de los que adolece la causa contra los labriegos.

“La publicidad es fundamental para dar garantías de transparencia al proceso de juzgamiento”, dijo Vicente Morales citado por la web del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP). Apuntó además que el traslado a la capital facilitaría la participación de delegaciones internacionales de juristas, ya que en la sala del juzgado de Saltos del Guairá no entran más de 15 personas.

Con respecto a la definición del genuino propietario del inmueble, sostuvo que “la ajenidad es un requisito penal que debe ser definido judicialmente” y que el juicio no puede continuar hasta que no se determine a quién pertenecen las tierras.

Antes del inicio de la audiencia preliminar la defensa había presentado un incidente de prejudicialidad advirtiendo que existía otro proceso pendiente que hacía al fondo de la causa, en este caso el impulsado por el Estado reivindicando ser parte de un juicio que determine quién tiene mejor derecho sobre el inmueble.

Sin contraparte

Cabe recordar que en 2005 la firma Campos Morombí ganó un juicio de usucapión sobre las tierras, pero con la particularidad de que se trató de un proceso sin contraparte, ya que el Estado, como beneficiado de una donación, no fue notificado. A partir de allí la firma del fallecido político colorado Blas N. Riquelme ha interpuesto sucesivas chicanas para apartar al Estado de cualquier litigio, las cuales han sido rechazadas por la Corte Suprema de Justicia.

Los doce campesinos deberán comparecer bajo los cargos de invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa por la muerte de los 6 policías. No existe ningún policía imputado ni investigado por la muerte de los 11 labriegos que reclamaban la recuperación de las tierras públicas, que habían sido donadas al Estado paraguayo y destinadas a los fines de la reforma agraria en 2004.

Según el fiscal Jalil Rachid, los labriegos conformaron una asociación jerárquicamente organizada con el supuesto fin de apropiarse de las tierras a sabiendas de que pertenecían a Campos Morombí. Para lograr sus fines, de acuerdo a la acusación, montaron un plan para matar policías. En la concreción de este plan, siguiendo la tesis fiscal, los 60 ocupantes habrían utilizado a mujeres y niños para distraer a los más de 300 policías y proceder a emboscarlos. Por ello, Rachid justifica la muerte de los 11 campesinos como una reacción de “legítima defensa” de los uniformados. 

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