Piden investigar a jueza Yanine Ríos por mal desempeño y parcialidad manifiesta

Legisladores presentaron este lunes 19 de mayo una denuncia contra la jueza Yanine Ríos por mal desempeño en sus funciones y parcialidad manifiesta en las causas en que juzga a Rubén Villalba, quien había obtenido la prisión domiciliaria en el caso Curuguaty, pero permanece en prisión al ser involucrado en otras causas.

La jueza Yanine Ríos actuó como querellante contra Rubén Villalba, denuncian legisladores.

La jueza Yanine Ríos actuó como querellante contra Rubén Villalba, denuncian legisladores.

El texto está firmado por los senadores Luis Alberto Wagner, Hugo Richer y Miguel Ángel López Perito, bajo el patrocinio del abogado Cristian González.

En el escrito se solicita la investigación y enjuiciamiento de la magistrada, jueza de la Niñez y la Adolescencia de Curuguaty, por sus actuaciones en las causas que involucran a Villalba. Señala que la actuación de Ríos se observa que “jueces y fiscales actúan como brazo de persecución a humildes ciudadanos que defienden su derecho contra sectores económico y políticamente poderosos”.

Añade que Rubén Villalba está preso ilegal e inconstitucionalmente por la falta de un juez imparcial y conocedor de derecho, que además utiliza argucias legales para dilatar el caso. Señala que Villalba sigue preso por denuncias de colonos brasileños que ni siquiera son propietarios del inmueble donde supuestamente se registró la invasión, ya que los empresarios habrían adquirido ilegalmente las derecheras.

Entre las irregulares se cita que en una causa el propio fiscal había solicitado el sobreseimiento provisional el 26 de marzo de 2013, pero que la jueza programó la audiencia para el 20 de noviembre de 2013, es decir, luego de 7 meses y 24 días, llevándose a cabo finalmente el 12 de mayo de este año, más de 14 meses después. En cambio, el Código Procesal Penal establece que una vez presentada la acusación u otros pedidos del Ministerio Público y los querellantes la audiencia oral y pública debe llevarse a cabo en un plazo no menor a diez días y no mayor a veinte.

Además menciona que en un caso que debió concluir hace más de un año, la jueza dilata el proceso para seguir manteniendo en prisión a Villalba enviando al fiscal general del Estado para que se expida sobre el pedido de sobreseimiento provisional del fiscal y el sobreseimiento definitivo solicitado por la defensa, cuando la ley le faculta a elegir entre uno de los pedidos.

Jueza querellante

Por otra parte, en el caso de privación de libertad, coacción grave y tentativa de homicidio, el Ministerio Público acusó el 25 de marzo de 2013 por Privación de Libertad, Coacción y Coacción Grave, excluyendo los cargos de tentativa de homicidio. Así como en la causa anterior, la jueza convocó a la audiencia fuera de plazo, recién en fecha 3 de octubre de 2013 para el 24 de octubre de ese año, siete meses después.

Ante la exclusión de parte de la fiscalía de los cargos de tentativa de homicidio, la jueza Ríos actuó como una querellante más remitiendo al fiscal adjunto de Alto Paraná y Canindeyú a fin de que modifique o presente otro requerimiento conclusivo. Esto ignorando que la instancia para discutir la calificación era precisamente la audiencia preliminar.

Inconstitucionalidad

Rubén Villalba sigue en la cárcel de Tacumbú a pesar de haber sido beneficiado con la prisión domiciliaria.

Rubén Villalba sigue en la cárcel de Tacumbú a pesar de haber sido beneficiado con la prisión domiciliaria.

La presentación agrega que Ríos mantiene preso inconstitucionalmente a Rubén Villalba apelando a una ley que está por debajo de la Constitucional Nacional.  La magistrada viola el artículo 19 de la Constitución Nacional que prohíbe que la prisión preventiva se extienda por más tiempo que la pena mínima establecida para los hechos que se llegaren a atribuir a los procesados.

Asimismo, viola tratados internacionales como el pacto de San José de Costa Rica que estipula que “la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general; su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguran la comparecencia del acusado en el acto del juicio”.

Así, los delitos de coacción grave y privación de libertad tienen una pena privativa de libertad de hasta tres años, debiendo considerarse seis meses como pena mínima. En este sentido, Villalba se encuentra preso desde el 27 de setiembre de 2012 hasta la fecha, casi 20 meses de privación de libertad.

El texto asevera que carece de toda racionalidad, sentido lógico y jurídico que en este proceso siga pesando injustamente sobre el mismo la medida de prisión preventiva por habérsele otorgado medidas menos gravosas en el caso de la masacre de Curuguaty, donde está acusado de invasión de inmueble, asociación criminal y tentativa de homicidio.

La presentación apunta que la prisión preventiva está siendo utilizada como pena anticipada y las medidas exceden las necesarias para garantizar la presencia del acusado en el juicio.

Finalmente, solicitan la remoción de la jueza Ríos en caso de comprobarse el mal desempeño en sus funciones.

Pindó

El caso por el que mantienen preso a Rubén Villalba ocurrió en 2010 cuando un grupo de campesinos había presentado una denuncia contra un colono brasileño de apellido Menuzi por adquisición ilegal de derecheras, deforestación y contaminación del arroyo que abastecía a la comunidad de Pindó. Los pobladores se opusieron a las fumigaciones y el procedimiento fiscal fue finalmente realizado contra los campesinos siendo imputados los denunciantes.

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