Preocupa posibilidad de ley que impida recuperar las tierras mal habidas

Las conclusiones del seminario “Problemática de la tierra en el país: análisis y perspectivas” realizado el lunes 26 de marzo.

Alberto Alderete, expresidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra. Fotografía: SPP.

Alberto Alderete, expresidente del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, señaló el riesgo de una “ley de punto final de hecho o de derecho”, que impida definitivamente la recuperación de tierras del Estado, señalando como antesala de ello la sentencia judicial del 2008 donde el Estado perdió la primera demanda de recuperación de tierras.

Alderete hizo estas manifestaciones en el seminario “Problemática de la tierra en el país: análisis y perspectivas” que se desarrolló el lunes pasado en el Aula Magna de la Universidad Católica. En la oportunidad compartió la mesa (organizada por el Movimiento Estudiantil Crear) con Jorge Galeano, secretario general del Movimiento Agrario y Popular, y el polítólogo José Carlos Lezcano.

Alderete consideró que “es peligroso que se diga que es imposible recuperar (las tierras mal habidas) porque esa sería una ley de punto final de hecho” y hasta de derecho, en caso de que se impulse una ley en el Congreso.

El expresidente del Indert sostuvo que la sociedad civil “tiene que estar alerta ante este peligro”, más aún cuando en 2008 se registró la primera sentencia ante una demanda de la Procuraduría que buscó anular los títulos de dos fincas originales del Indert (2.500 hectáreas) que fueron adquiridas por los ciudadanos brasileños Roberto y Josías Rickli que ni siquiera residían en Paraguay.

Alderete reseñó que los argumentos para esa sentencia fueron incongruentes y que la adjudicación de las tierras a favor de los ciudadanos brasileños, por el hecho de adolecer de ilegalidades de origen, son actos nulos o inválidos que no pueden prescribir.

“El juzgado de primera instancia basó su sentencia sobre tres argumentos. Primero: que el Indert es una entidad autárquica y por lo tanto independiente del Estado, es decir, que supuestamente el Estado no tiene competencias ni atribuciones sobre ella (…). Segundo: que la acción ya ha prescrito. Y tercero: que los adquirentes están protegidos por los actos de buena fe”, indicó.

Ante ello sostuvo que Paraguay es un estado unitario y las entidades autárquicas no son independientes al Estado. Segundo: cuestionó cómo contradecir la nulidad de los actos si los adquirentes no residían en el país, no son sujetos de la reforma agraria y que la propiedad en cuestión excede el máximo establecido por el Estatuto Agrario de cien hectáreas para lotes agrícolas.

Estado y tierra

A su turno, Jorge Galeano recordó la trayectoria de lucha de las organizaciones campesinas y clamó por un “nuevo modelo de desarrollo que respete la soberanía alimentaria. Con la producción de alimentos podemos generar un cambio en la economía nacional que nos ayude a agregar valor y tener trabajo tanto en el campo como en la ciudad”, comentó.

José Carlos Lezcano se valió de las herramientas de análisis del filósofo italiano Antonio Gramsci para explicar los alcances del estado en términos absolutos. Así explicó que además de los 10 organismos vinculados a la tierra en el país, casi todos dominados por el poder conservador, existe una serie de satélites que se suman a impedir que ocurra la reforma agraria.

Entre ellos mencionó a la prensa patronal y las organizaciones gremiales de los empresarios del agro. “La UGP es casi un partido político”, definió.

Tras recordar las dolorosas cifras de la expulsión campesina y la concentración de tierras, hizo un llamado a derrumbar el orden conservador: “Tenemos que subvertir el orden para poder transformar nuestra sociedad”, concluyó entre aplausos del auditorio.

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