Premios Nóbel Alternativos condenaron violencia contra líderes y movimientos sociales

Hombres y mujeres galardonados con el Premio Nóbel Alternativo (Right Livelihood Award) reunidos en la Primera Reunión Latinoamericana y del Caribe  en Bogotá – Colombia manifestaron su preocupación sobre la violencia contra líderes y movimientos sociales, así como sobre otros puntos que hacen a la región.

Galardonados con el Premio Nóbel Alternativo (Right Livelihood Award) en Bogotá – Fuente de Imagen: http://periodistas-es.com

La declaración emanada de la reunión en Bogotá dice cuanto sigue:

 1. SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LÍDERES Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y AMBIENTALES

1.1. Manifestamos nuestra honda preocupación por los asesinatos de Cicero Guedes, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (Brasil, enero de 2013); del ambientalista Jairo Mora, muerto de un balazo en la playa Moín de Costa Rica (31 de mayo de 2013), y de los defensores de la selva amazónica Claudio Ribeiro da Silva y Maria do Espiritu Santo en Pará (Brasil, 2011). Sus muertes, acompañadas de crueldad y de impunidad, se suman a los asesinatos de centenares de otros defensores de los derechos humanos y ambientales en toda la región. Sostenemos enfáticamente que América Latina y el Caribe no pueden seguir siendo el lugar de la tierra donde más se asesina a líderes sociales y ambientales.

1.2. Condenamos la política de criminalizar las protestas ciudadanas pacíficas que ejercen cada vez con mayor frecuencia y violencia los gobiernos de la región, la Justicia y las corporaciones privadas. Todos los habitantes de la América Latina y el Caribe, indígenas y no indígenas, tienen derecho a expresar pacíficamente sus ideas, su sufrimiento, sus críticas, sus denuncias y sus propuestas.

1.3. Condenamos la existencia de ejércitos privados y de agencies de seguridad privadas que actúan al servicio de grandes hacendados, empresas mineras y demás sectores poderosos para reprimir, amenazar, torturar y asesinar defensores de derechos humanos y del ambiente, ello ante la inacción e incluso complicidad del Estado. Denunciamos que esta violencia organizada ha adquirido niveles de impunidad insoportables en varios países de la región, y muy especialmente –como caso extremo- en el Estado de Pará, en Brasil. En este y otros países de la región actúan empresas privadas que ofrecen «tropas» especializadas en amedrentar, reprimir y hasta asesinar. De este modo empresas legalmente inscriptas y empresas clandestinas siembran el terror organizado entre poblaciones campesinas, comunidades indígenas y barrios urbanos con el propósito de evitar asentamientos, obtener títulos ilegales de propiedad y silenciar protestas.

1.4. Exigimos a los gobiernos de la región que no protejan ni apañen a empresas y grupos privados especializados en reprimir.

1.5. Exigimos a los gobiernos de la región que sus fuerzas de seguridad, policiales y militares, no actúen a favor de empresas y grandes operadores económicos, sino en defensa de la legalidad y el respeto por los derechos humanos, y que tales grupos sean debidamente entrenados para que no sean escuadrones de muerte y destrucción.

1.6. Propiciamos la creación de observatorios de la violencia en América Latina y el Caribe para que en tiempo real y mediante Internet se sepa qué personas han sido amenazadas, agredidas, heridas y torturadas. Urge que las víctimas de la violencia organizada –si así lo requieren- puedan ser visibilizadas para recibir apoyo regional e internacional, y con ello se agregue un mecanismo adicional de protección. Sugerimos que estos observatorios sean el resultado de la tarea conjunta entre distintas organizaciones, entre ellas Amnesty International, Global Witness y muchas otras, internacionales y locales. Sostenemos que estos observatorios, en la medida de sus posibilidades y de acuerdo a la particular realidad de cada país, visibilicen no solamente a las víctimas y sus luchas, sino que también difundan (cuando fuera posible y con todos los resguardos) a los agresores y autores intelectuales.

1.7. Exigimos a los gobiernos y a los sistemas judiciales de los distintos países que reconozcan y ayuden a reducir la creciente epidemia de amenazas, torturas y asesinatos de líderes ambientales y sociales, que coloca a la América Latina y el Caribe como la región donde más se amenaza y mata a quienes defienden intereses comunes, y lo que es peor, con reiterada impunidad. Nos preocupa sin embargo que en los pocos juicios que se concretan contra asesinos de líderes ambientales y sociales solo se condene a los ejecutores y queden sin condena e incluso en libertad los autores intelectuales, como ocurrió en el juicio contra los asesinos de Claudio Ribeiro da Silva y Maria do Espiritu Santo en Marabá (Brasil).

1.8. Apoyamos decididamente las gestiones y acciones de la Fundación Right Livelihood en defensa de los galardonados que han sido amenazados de muerte y que reciben presiones de todo tipo. Nos comprometemos, en la medida de nuestras posibilidades, a que se consolide y funcione un sistema de alerta temprano para defender la vida de nuestros colegas y de otras personas e instituciones amenazadas.

2. SOBRE EL NECESARIO CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTALES

2.1. Exigimos a los gobiernos de la América Latina y el Caribe que cumplan a rajatabla las Convenciones sobre Derechos Humanos, y las normas que sobre este tema tiene cada país. Enfatizamos que toda política gubernamental debe rechazar la discriminación, la xenofobia y el racismo.

2.2. Exigimos a los gobiernos de la América Latina y el Caribe que cumplan a rajatabla la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre derechos indígenas y que en todo proceso de evaluación de impacto ambiental quede obligatoriamente establecida la participación de las comunidades indígenas afectadas.

2.3. Requerimos de los gobiernos de la América Latina y el Caribe que se asuma la preexistencia de los pueblos indígenas y se proceda al reconocimiento y devolución de sus territorios originales.

2.4. Alentamos la necesaria implementación de mecanismos para que cada pueblo originario pueda conservar sus modelos culturales, tradiciones y formas de vida cuando así lo decidieran, y condenamos la implantación autoritaria e inconsulta de idiomas, culturas y formas de vida. Pedimos pleno apoyo para las comunidades indígenas que deciden vivir en aislamiento voluntario. Condenamos asimismo a los gobiernos que confunden equivocadamente defensa pacífica y activa de derechos indígenas con terrorismo, como sucede actualmente en Chile.

2.5. Exigimos a los gobiernos de la América Latina y el Caribe que respeten la legislación vigente sobre evaluaciones de impacto ambiental, audiencias públicas y demás mecanismos participativos y de consulta. Reclamamos además que para toda obra o acción, pública o privada, tales evaluaciones se hagan con anterioridad a la toma de decisiones, nunca una vez comenzadas, ni como mecanismo para blanquear radicaciones ilegales. Desafortunadamente la mayoría de los gobiernos de la región que tienen legislación sobre evaluación de impacto ambiental no la suelen aplicar a obras y acciones del sector público. En cuanto a los grandes proyectos privados de empresas multinacionales, como mineras, petroleras y constructoras de represas, muchos gobiernos de la región suelen ser indulgentes y flexibles aunque los impactos ambiéntales y sociales sean muy negativos. Consideramos que esto debe cambiar al más corto plazo posible.

2.6. Exigimos a los gobiernos de la América Latina y el Caribe la plena aplicación del «Principio de Precaución». En cuanto a aquellos países cuya legislación no contempla esta figura, los alentamos para que sus parlamentos incorporen dicha figura, y que los organismos públicos las cumplan, tanto para obras y acciones gubernamentales, como para obras y acciones privadas.

2.7. Rechazamos el uso de personas, comunidades y ambientes como lugar de prueba para tecnologías, obras y acciones, públicas y privadas. La América Latina y el Caribe no son lugar de ensayo para las tecnologías que se desarrollan dentro y fuera de la región.

3. SOBRE LA NECESIDAD DE INVESTIGAR DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y LOS ASESINATOS DE LÍDERES SOCIALES Y AMBIENTALES

3.1. Requerimos que se investigue en todos los países de la región las violaciones a derechos humanos perpetradas tanto por gobiernos dictatoriales como por  servicios de seguridad en gobiernos democráticamente elegidos. En este contexto, nos parece indispensable investigar el alcance del Plan Cóndor ejecutado durante la década de 1970 por gobiernos militares de la América del Sur, entre ellos Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

3.2. Impulsamos la investigación de los delitos de lesa humanidad y la creación, en todos los países de la región, de Bases de Datos de personas desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado.

3.3. Impulsamos la creación en todos los países de la región de Museos de la Memoria para que las distintas generaciones nunca olviden las matanzas y los genocidios, en especial aquellos sufridos por los pueblos originarios, que ya llevan más de cinco siglos de persecución y violencia organizada.

3.4. Requerimos a los gobiernos de la región que cese la criminalización de la protesta social pacífica y se investiguen hasta sus últimas consecuencias las amenazas de muerte y los asesinatos de líderes sociales y ambientales. Creemos fundamental mejorar los sistemas de investigación para que se pueda imputar y procesar no solamente a los ejecutores de los crímenes, sino también a los autores intelectuales.

4. SOBRE LA NECESIDAD DE GARANTIZAR EL DESARROLO SUSTENTABLE DE LA REGIÓN Y DESTERRAR EL COLONIALISMO Y EL NEOCOLONIALISMO

4.1. Decimos no a la expansión de la energía nuclear de potencia, y alertamos sobre el riesgo adicional e impredecible que plantean los depósitos de combustible nuclear agotado ubicado junto a las centrales nucleares. Recordamos además que tales riesgos se agudizan en un planeta con situaciones sociales cada vez más volátiles e impredecibles, donde las economías de cada país de la América Latina y el Caribe –al sufrir crisis- terminan recortando gastos en la áreas de seguridad ambiental. Todo plan nuclear de potencia supone costos exagerados para los países que optaron por esta alternativa (Argentina, Brasil y México, potencialmente Cuba con el suspendido proyecto Jaraguá) donde sus economías y sociedades no podrían resistir el impacto del peor accidente o evento nuclear posible, nivel 7 en la escala del INES.

4.2. Nos oponemos a la construcción de parques de centrales nucleares de potencia, algo que ya está ocurriendo en Argentina y Brasil, pues aumenta los riesgos. También condenamos los proyectos de construir un reactor Carem-150 en Argentina, junto a la república del Paraguay, que nunca fue consultada, y la iniciativa conjunta de Brasil y la Argentina de construir los reactores nucleares gemelos RMB y RA-10.

4.3. Alertamos sobre los procesos de proliferación nuclear en la región, donde la existencia de reactores nucleares en Chile, Perú, Colombia y Jamaica supone eventuales pasos hacia la posible instalación de reactores nucleares de potencia.

4.4. Promovemos la consolidación de una América Latina y el Caribe sin energía nuclear de potencia, donde, como paso previo, se vayan aprobando mediante leyes y otras normas «zonas no nucleares» a nivel de municipalidades, provincias o estados y países.

4.5. Decimos no al creciente desarrollo y uso de organismos genéticamente modificados (OGMs), tanto los patentados por grandes corporaciones internacionales como los desarrollados en la región. En este marco, alentamos el etiquetado de todos los productos que sean transgénicos o contengan parte de materiales transgénicos

4.6. Decimos no al desarrollo continuo e ilimitado de plaguicidas y a su uso indiscriminado en la región, y sí a la definición de zonas alrededor de asentamientos humanos en los cuales se prohíba su aplicación. Exigimos la evaluación de cada plaguicida antes de su aprobación, para lo cual deberán tenerse en cuenta los efectos de sus pequeñas dosis sobre la salud de las personas y el ambiente, la existencia previa de residuos de plaguicidas en suelo, agua, sedimentos acuáticos y personas, y el resultado de mecanismos abiertos y transparentes de consulta.

4.7. Alentamos a los gobiernos de todos los países de la región para que desarrollen, implementen y mantengan sistemas de monitoreo de la salud, ello a través de estudios continuos de la morbilidad y la mortalidad, y que los resultados estén disponibles públicamente mediante Internet y otras herramientas de comunicación social.

4.8. Alentamos a los gobiernos de todos los países de la región para que desarrollen, implementen y mantengan sistemas de monitoreo de los residuos químicos y de los residuos energéticos, ello en todos los ambientes naturales, productivos y urbanos, a través de estudios continuos que estén disponibles públicamente por Internet y otras herramientas de comunicación social.

4.9. Reclamamos la urgente protección de la biodiversidad nativa en todos los países de la región, para lo cual deberá protegerse efectivamente la mayor superficie, volumen y continuidad de sus ambientes nativos, terrestres y acuáticos.

4.10. Recordamos a los gobiernos de la región que ningún país puede tener sustentabilidad y resistencia al cambio climático global si no balancea la superficie ocupada por ambientes naturales, por un lado, y los ambientes agropecuarios y urbanos por el otro. Cada país o región debería conservar, de cada uno de sus ecosistemas naturales, un mínimo del 50% de la superficie original.

4.11. Condenamos los grandes emprendimientos hidroeléctricos, entre ellos el de Belo Monte en Amazonia (Brasil), al tiempo que alentamos los sistemas alternativos de generación eléctrica, incluido el ahorro energético.

4.12. Condenamos la deforestación y la destrucción de ambientes nativos. Alentamos al mismo tiempo la protección de grandes superficies y volúmenes de ambientes naturales autóctonos, públicos y privados, asumiendo que los parques y otras áreas naturales protegidas son insuficientes para mantener organizaciones ambientales que aseguren la provisión de agua y la mayor resistencia ambiental de cada país.

4.13. Nos oponemos a la explotación del gas de esquisto y a las prácticas de fracking (fracturación hidráulica).

4.14. Apoyamos decididamente las reformas agrarias que permitan el acceso a la tierra, y que aseguren la coexistencia entre ambientes naturales, ambientes productivos y ambientes urbanos. Nos oponemos a la existencia y continuidad de grandes latifundios y a la expansión de zonas para la cría de ganado y agricultura en Amazonas y demás regiones que tengan suelos tropicales y subtropicales, por definición pobres y muy frágiles.

4.15. Alertamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe para que ayuden a generar y protejan la soberanía alimentaria, garantizando sistemas agropecuarios muy diversos que excluyan el uso de organismos genéticamente modificados.

4.16. Condenamos por peligrosa la incineración de basura urbana (RSU) y de residuos industriales, al tiempo que alentamos la menor producción de residuos, el ahorro de materiales y energías, el reciclaje y los programas de Basura Cero.

4.17. Nos oponemos a la megaminería y al ingreso en los países de la región de grandes corporaciones mineras transnacionales. Condenamos asimismo el uso de cianuro y de otras sustancias tóxicas en los procesos mineros por su alta y persistente toxicidad. Al mismo tiempo, le decimos sí a la minería de bajo impacto ambiental y de escala suficiente para satisfacer las necesidades locales de cada país, en tanto no destruya ambientes nativos ni afecte la salud de las personas expuestas a sus residuos.

4.18. Condenamos la pesca irracional sin controles y sin cupos, y alentamos el uso racional, ecológico y participativo de los ecosistemas acuáticos costeros (oceánicos) y de los ecosistemas continentales de agua dulce (lagos y ríos nativos).

4.19. Manifestamos nuestra oposición a la realización del Rally Dakar en la América Latina y el Caribe sin un previo debate y participación de las comunidades afectadas por esta competencia, típicamente neocolonial que fuera expulsada de África por cuanto sus máquinas y sus conductores –mayoritariamente de países del Primer Mundo- provocaron la muerte de niños, madres y otras personas inocentes. Rechazamos el uso del Tercer Mundo como sitio abierto y lugar de aventura para que jueguen impunemente las personas ricas del Norte.

5. SOBRE LA PAZ, EL DESARROLLO Y LA NECESARIA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES EN LOS SISTEMAS DE TOMAS DE DECISIÓN

5.1. Apoyamos decididamente las negociaciones de paz iniciadas en Colombia entre el gobierno y las FARC, y manifestamos nuestra preocupación por el creciente acercamiento entre el gobierno colombiano y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

5.2. Alentamos la generación de nuevos mecanismos de participación y debate sobre cuestiones sociales y ambientales, tanto a nivel de ciudades y regiones (mediante audiencias públicas, mediante procesos de consulta específica por Internet, etc.) como entre países mediante mecanismos de «diplomacia sustentable» y no solamente a través de la diplomacia tradicional o rígida, generalmente basada en consideraciones económicas y militares.

5.3. Apoyamos el debate y al cuestionamiento de los estilos de vida que alientan el consumismo feroz, y cuestionamos los modelos de vida y de gobiernos que excluyen el debate del consumismo y predican, erróneamente, la inexistencia de límites.

5.4. Alentamos y consideramos socialmente saludable la existencia y funcionamiento de distintos tipos de organización social de personas, desde ONGs hasta asambleas de personas, movimientos y grupos de base, al tiempo que condenamos que los gobiernos y corporaciones intenten erradicarlas, obstaculicen su funcionamiento y las persigan porque no comparten las ideas y procedimientos del poder.

5.5. Apoyamos decididamente la búsqueda de estilos de vida sustentables y dignos, al tiempo que condenamos la explotación del ser humano por el ser humano, la esclavitud laboral, sexual y de cualquier otro tipo, el trabajo infantil y la discriminación, ya sea étnica, sexual, económica, religiosa o de otra índole.

5.5. Condenamos el militarismo, el desarrollo de la industria de armamentos y los conflictos armados, al tiempo que alentamos la paz y la búsqueda y práctica de mecanismos de resolución que reduzcan al mínimo la violencia.

CONVOCAMOS a todas las personas e instituciones de la América Latina y el Caribe y de otras regiones y países del planeta a suscribir y hacer suya esta Declaración de Bogotá.

Participaron de esta confererencia regional los siguientes “Premios Nóbel Alternativos”: Manfred Max-Neef (Chile, 1983), Evaristo Nugkuag Ikanan (Perú, 1986), Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare, ATCC (Colombia, 1990), Comisión Pastoral de Tierra, CPT (Brasil, 1991), Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST (Brasil, 1991), Helen Mack Chang (Guatemala, 1992), Juan Pablo Orrego (Chile, 1998), International Baby Food Action Network, IBFAN, (México, 1998), COAMA (Colombia, 1999),  Grupo de Agricultura Orgánica (Cuba, 1999),Martín Almada (Paraguay, 2002), Raúl Montenegro (Argentina, 2004),  Francisco “Chico” Whitaker (Brasil, 2006).

 

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