Por una lata de leche en polvo pueden ir 30 años a la cárcel

Secuestro, Asociación Terrorista y Asociación Criminal. Estas son las tres acusaciones de la fiscalía hacia los hermanos Gregorio y Víctor Morales, dirigentes campesinos del Aguerito quienes hace más de cuatro años y medio se encuentran recluidos en el Penal Regional de Concepción.

La población de Agüerito solicitó justicia real para los dirigentes campesinos presos. Foto. Facebook Serpaj.

Los hermanos Morales son acusados por el Fiscal de la Unidad Especializada Antisecuestros, Joel Cazal. El juicio oral y público, que se desarrolla a estas horas en el Tribunal de Sentencia de Concepción, se encuentra en la etapa de producción de pruebas. La defensa de Víctor está a cargo de una defensora pública y al de Gregorio por una del ámbito privado.

Los acusados están detenidos desde enero del 2016 en la Penitenciaria Regional de Concepción. Son reconocidos dirigentes campesinos en el distrito de Agüerito, localidad ubicada en Santa Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro. Los acusan de ser el apoyo logístico del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo armado aparecido en el 2008 en el norte del país.

 ,Sinthia Ruiz Froez, abogada defensora de Gregorio Morales. señala de manera enfática varias irregularidades en el juicio. Una de ellas está en la acusación misma, al no reunir los presupuestos requeridos para una acusación formal. Según comentó, planteó un incidente de nulidad que el tribunal rechazó.

“Otra irregularidad es en relación a las evidencias. Presentan como evidencias libros del Che Guevara y Camilo, panfleto del Partido Paraguay Pyahurã. También una lata de leche nido y fuente humana. Presentan como elementos de pruebas a la famosa fuente humana, lo extremadamente irregular es que famosa fuente humana falleció hace mucho tiempo”, expresó.

El recipiente del producto lácteo fue encontrado en un campamento del EPP. Un pote similar fue encontrado en el violento allanamiento y apresamiento realizado a las viviendas de los Morales en la madrugada del 26 de enero del 2014. De esta manera la fiscalía realiza el nexo para la acusación. Sin embargo, esta marca de leche en polvo es comercializada en la zona.

También se presentaron como pruebas cinco teléfonos que fueron recogidos durante el operativo realizado esa madrugada de enero. Los aparatos pertenecían a personas que trabajaban con los Morales, pero la fiscalía presentó como propiedad de los acusados. Ni siquiera se realizó la verificación del cruce de llamadas

Además de apuntarles el supuesto hecho de ser apoyo logístico del grupo alzado en armas, la fiscalía los liga al secuestro del suboficial de policía Edelio Morínigo, hecho acontecido en julio de 2014 en Arroyito, localidad de Concepción.

La expectativa de Pena Privativa de Libertad (PPL) para la logística 15 años. En tanto que para el secuestro la sentencia puede ser de 20 años. En una pena u otra podrían agregarse 10 años más de seguridad.

La fiscalía no podrá sostener la a acusación porque no existe prueba que vincule a los hermanos Morales a los hechos atribuidos, señala la abogada. Esta afirmación además es sustentada por el hecho de que las 50 personas que se citan como testigos en la acusación no aparecen por ningún lado. Sobre este punto, el dato recogido por Ea señala que ni siquiera existe una sola transcripción de las declaraciones de los 50.

Más irregularidades

Lo de los testigos fantasmas y la lata de leche en polvo que sirve de nexo, no son las únicas falencias del juicio. Existen más, detalladas por la defensora. Entre ellas los 10 años de medida de seguridad, lo cual afirma es inconstitucional.

 “También se puede citar como irregularidad la extinción de la causa, que se extinguió  el 21 de enero de este año. Otra irregularidad no menor, por considerarse inconstitucional, es la realización del juicio por medios telemáticos, lo cual no está previsto que nuestra legislación no prevé. Y muchas irregularidades que se pueden considerar”, señaló. 

El grito de libertad para los acusado volvió a retumbar. Foto: Facebook Serpaj.

Como observadores de este proceso judicial participan el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj-Py) y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). Dichas organizaciones presentaron el Amicus Curiae como expertos en materia de Derechos Humanos brindando una mirada y opinión externa al caso, para que los jueces puedan considerarla al momento del análisis de los hechos a la luz del marco normativo nacional e internacional vigente.

La semana pasada varios pobladores de Agüerito marcharon sobre la ruta, exigiendo justicia para los dirigentes que se encuentran detenidos. Aún faltan las declaraciones de varios testigos para la finalización del juicio. No se sabe a ciencia cierta cuándo culminaría el proceso que parece ser ya tiene una sentencia cantada.

Comentarios