¿Por qué la represión?

Por Eduardo Arce

Siete centrales sindicales convocaron a la “Marcha por una vida digna”, en la que reclamaban el respeto a los derechos de organización, manifestación y huelga, que, según los sindicalistas, “son violados impunemente por las patronales y el Gobierno”.

También exigían la renuncia del ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, a quien acusan de “violador de los derechos de los trabajadores y cómplice y encubridor de las patronales que también violentan con total impunidad los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, los Convenios Internacionales suscriptos por el Estado paraguayo, y las leyes nacionales”.

La marcha fue pacífica y se realizó sin contratiempos, desde su inicio en la Plaza Italia, su paso por la Fiscalía General del Estado hasta la llegada frente al Ministerio de Trabajo bajo una intensa lluvia.

“A poco de llegar al Ministerio, los antimotines ubicados frente a la sede, tumbaron la valla que les separaba de los manifestantes y emprendieron una brutal represión que nada tuvo que ver con un enfrentamiento, como dicen las autoridades policiales y un sector de la prensa. Fue un claro uso abusivo de la fuerza, lo cual es una flagrante violación de los derechos humanos”, relata un comunicado de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT).

El resultado fue que unos cuarenta trabajadores heridos fueron trasladados y atendidos en el Hospital de  Emergencias Médicas, la mayoría con heridas de balines de goma, aunque algunos sufrieron fracturas de costilla y clavícula a consecuencia de los golpes recibidos, según manifestaron los sindicalistas.

Entre los heridos se encuentra el presidente de la CCT, Julio López, que recibió media docena de balines de goma, dos en la cabeza, detrás de la oreja y el resto en la espalda.

“La irracionalidad policial llegó al colmo cuando los antimotines entraron a las carpas y reprimieron cobardemente a los 15 choferes que están clavados a cruces de madera tendidas en la acera del Ministerio de Trabajo. ¡Una cobardía inconmensurable!”, sostiene el pronunciamiento de la CCT, que expresó su “profunda indignación y su más enérgico repudio por la brutal represión”.

Los sindicalistas también se solidarizaron con los reprimidos responsabilizaron de la represión al gobierno, en la persona del ministro del Trabajo, Guillermo Sosa, y al comisario Hermógenes García, de la Comisaría Tercera Metropolitana, a cargo de quien estuvo el uso abusivo de la fuerza.

La manifestación fue convocada por la Plenaria de Centrales Sindicales, que aglutina a la CCT, CUT-A, CUT, CESITP, CONAT, CPT y CNT en disidencia.

¿Por qué la represión?

Si bien es toda represión es irracional, la realizada en esta “Marcha por una vida digna” contra los trabajadores tiene una clara explicación, pues se da en el marco de la aplicación de políticas económicas neoliberales y la necesidad del gobierno de acallar con brutalidad al movimiento de los trabajadores, que protesta contra la precarización de las condiciones laborales, y su consiguiente empobrecimiento del pueblo trabajador, y contra las privatizaciones y entrega de los bienes patrimoniales del Estado y la soberanía nacional a manos privadas.

El presidente Horacio Cartes –sospechado de tener vínculos con el narcotráfico y de apropiarse ilegalmente de 20.000 ha en el Chaco, además de haberse enriquecido con la evasión de divisas y otras actividades ilícitas–, manifiesta, además, una abierta hostilidad hacia el movimiento sindical. Su gobierno tiene una clara política antisindical que se manifiesta, por un lado, en las trabas a la inscripción de los sindicatos en el Ministerio de Trabajo, generadas desde la oficina del ministro y, por otro, en la criminalización de las luchas y luchadores sociales. En pocos meses, ya hay más de 30 dirigentes y activistas sindicales que han sido imputados “por perturbación de la paz pública”

No hay que obviar el carácter autoritario de Cartes, que, claramente, pretende instaurar un régimen de terror para poder aplicar sus planes de enajenar los recursos naturales y los bienes del Estado para beneficio propio y de las trasnacionales. Para garantizar esos planes, actúa como aprendiz de dictador, con intenciones de perfeccionar su aprendizaje.

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