¿Por qué el Estado no devuelve sus tierras a la comunidad Xakmok Kasek?

A pesar de la sentencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que data de 2010, que obliga al Estado a devolver al pueblo sanapaná parte de su territorio ancestral, las autoridades siguen postergando la reparación escudándose en los trámites burocráticos requeridos para completar la operación.

El presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Jorge Servín, señaló que la institución a su cargo ha agotado todos los trámites y que el de Xakmok Kasek fue uno de los casos más seguidos, junto con los de Sawhoyamaxa y Yakye Axe, en los que también el Estado fue condenado por la Corte IDH a devolver a estas dos comunidades enxet parte de su territorio ancestral, además de la habilitación de un fondo de desarrollo.

Explicó la estancia Salazar, de Roberto Eaton y Stanley Mobsby, había pedido un precio de 1.650 dólares por hectárea en 2013, pero tras una tasación del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y un proceso de negociación se llegó a un acuerdo de 765 dólares la hectárea. Por un total de 7.700 hectáreas, el pago ascendía a unos 5.890.000 dólares. Sin embargo, a pesar de que el dinero estaba en el presupuesto, por falta de “disponibilidad financiera” no se concretó la operación, pues el Estado tenía la prioridad de pagar la expropiación de las tierras de Sawhoyamaxa.

Servín añadió que el diálogo con la empresa debe reiniciarse este año en caso de que la condición de dominio siga vigente, es decir que en este tiempo la propiedad no haya sido embargada o haya existido un cambio de uso de la tierra. Aseguró que en términos administrativos el proceso se encuentra culminado y solo falta que el Ministerio de Hacienda libere los fondos. Es decir, el dinero existe, pero no es liberado por el Ministerio de Hacienda, dijo.

Otra traba que podría presentarse es la rotación en el directorio de la empresa y que los actuales responsables retiren la oferta. Además de ello la compra es un proceso en que el deben intervenir la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Hacienda y el Gabinete Social, por lo que la decisión no recae solamente sobre el Indi.

Cabe recordar que la sentencia del tribunal internacional disponía que el Estado debía devolver 10.700 hectáreas a la comunidad, pero las restantes 3.000 hectáreas están en poder de la cooperativa menonita Chortitzer, que para blindarse de una eventual expropiación en favor de los indígenas creó una reserva natural en el lugar. En cambio, los tratados internacionales en materia de derechos humanos están por encima de las leyes y códigos, por lo que el decreto de creación de la reserva no puede ser un obstáculo para devolver a los indígenas sus tierras.

Hace dos semanas los miembros de la comunidad reingresaron a sus tierras para apurar el cumplimiento de la sentencia, que fue dictada en 2010 y tenía un plazo de cumplimiento de 3 años, concediéndose una prórroga de un año, que venció en setiembre de 2014. La semana pasada realizaron movilizaciones en el centro de Asunción exigiendo que el Estado cumpla de una vez la sentencia. Advierten que si siguen recibiendo falsas promesas realizarán cortes de ruta en la Transchaco a la altura en que se encuentra la comunidad, en el Km. 340, en el distrito de Puerto Pinasco, departamento de Presidente Hayes.

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